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Trump intenta de nuevo separar familias en la frontera: ICE pide a madres entregar sus hijos por el coronavirus

Publicado el 13 de julio de 2020
por JORGE CANCINO y MAURICIO RODRÍGUEZ PONS, EL UNIVERSAL. Foto por: Eric Gay

“Fuimos hace poco llamadas, pero para poner, para dar nuestra autorización que nuestros hijos salieran de aquí para los patrocinadores y nosotras siguiéramos detenidas como madres de familia”, cuenta Magdalena, cuyo nombre es otro y pidió no revelarlo por temor a represalias por parte del gobierno. “¿Y qué madre va a desear o anhelar separarse de sus hijos?”, pregunta, con la voz entrecortada.

Magdalena es una de las casi 70 madres inmigrantes con hijos menores de edad detenidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el South Texas Family Residential Center ubicado en Dilley, sur de San Antonio (Texas). Ella y su hija, Emilia, que también pidió mantener bajo reserva su identidad, llevan más de 290 días privadas de libertad luego de pedir asilo en la frontera.

La reunión a la cual asistió y donde le pidieron que firmara “unos papeles” para que entregara a su hija y librarla de un posible contagio de coronavirus, se llevó a cabo a mediados de mayo. Encuentros similares se registraron simultáneamente en otros dos centros, Karnes County Residential Center (Texas) y Berks Family Residential Center (Pennsylvania). El país se encontraba sumido en plena pandemia de covid-19, los contagios se propagaban, hospitales reportaban ingresos récord de pacientes y las autoridades, a diario, informaban de muertes debido al mortal virus para el que todavía no existe cura.

“Nos presentaron un documento para que firmemos y demos autorización para que ellos se fueran con los patrocinadores y nosotros quedar aquí detenidas”, agrega la mujer, todavía con la angustia de aquel día. “Nosotras, como madres, nos sentimos impotentes ver a nuestros niños sin respuesta cuando nos preguntan por qué estamos aquí”.

Las únicas razones que explican el encierro son el haber escapado de su país ante amenazas de muerte y la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump en la frontera. Los tres centros de ICE bajo la lupa operan con licencias que excluyen funciones de ‘detención’ para evitar demandas por violaciones al Acuerdo Judicial Flores de 1997.

Las inmigrantes y sus hijos permanecen detenidos porque no pasaron la entrevista de miedo creíble y demandaron a la agencia bajo el argumento que no se respetaron sus derechos. Mientras el caso no se resuelva en este intrincado proceso judicial, seguirán en un limbo al tiempo que la pandemia avanza descontrolada por los estados del sur.

“Nos presentaron un documento para que firmemos y demos autorización para que ellos se fueran con los patrocinadores y nosotros quedar aquí detenidas”.

La ‘reunión’

La reunión mencionada por Magdalena ocurrió el 15 de mayo y fueron convocadas unas 300 madres solicitantes de asilo con hijos menores de edad, confirmó ICE a Univision Noticias. Pero no a todas les hicieron la misma oferta. En cada una de estas cárceles las dividieron en tres grupos y a cada uno le plantearon una solución distinta para escapar de la pandemia.

Defensores legales que los representan detallan pormenores de aquel encuentro que hasta ahora no se conocían todos los detalles. Lo que pasó a mediados de mayo causó mucho miedo, mucho terror, mucha ansiedad para las mamás y también para los niños”, dice Stephany Álvarez-Jones, abogada del Proyecto Dilley, una organización sin fines de lucro que desde 2015 brinda servicio probono a las madres detenidas en ese centro.

“Lo que hemos escuchado es que los niños no se encontraban ahí cuando inmigración estaba hablando con las mamás. Pero claro, después ellos hablaron con sus mamás y ellas les contaron lo que pasó. Y el terror que hasta hoy en día tienen esos niños, de pensar de que quizás ‘me van a separar de mi mamá’ es increíble”.

Álvarez-Jones dice que las madres “han expresado que los niños todavía preguntan: ‘Mami, ¿qué va a pasar? ¿Me van a enviar a otra parte?’ Están esperando que cualquier día les van a hacer esa pregunta de nuevo. Y para responder a eso, nosotros pensamos que una pregunta a una mamá que está detenida en un centro de detención, donde están en más riesgo de contagiarse del coronavirus, eso es una pregunta imposible”.

“Se está utilizando esta situación (la pandemia) para forzar a familias tomar la opción de separarse, o también para forzar a familias decir que no aguanto más, me quiero regresar a mi país. Es algo que nunca debería ocurrirle a una familia” que huye de su país y llega a Estados Unidos en busca de asilo.

De acuerdo con datos proporcionados por las madres afectadas, el 15 de mayo las separaron en tres grupos. A uno les dijeron que entregaran a sus hijos y que ellas seguirían detenidas; a otro, que los entregaran y ellas serían deportadas; y, al tercero, que los entregaran y ellas serían enviadas a otros centros de detención.

“No convocaron a los abogados para que estemos presentes”, protestó Álvarez-Jones.

“Se está utilizando esta situación (la pandemia) para forzar a familias tomar la opción de separarse…

Eterno “suspenso”

“Sí, nos hicieron esa pregunta”, afirma Teresa, cuyo nombre es otro y también, al igual que Magdalena, lleva meses detenida junto a su hijo, en Dilley. “Esa vez nos reunieron los oficiales de inmigración para ver si podíamos entregar a nuestros niños, pero es algo que no es tan fácil de decidir”, narra al otro lado del teléfono. “No estaría yo dispuesta a entregar a mi hijo. Y cuando él escuchó, al igual que los otros niños, muchos lloraron ese día. Ellos no quieren irse sin nosotras”.

La inmigrante de origen hondureño, que lleva más de 230 días privada de libertad, cuenta que tuvo que huir de su país porque allá “tuve un problema similar, me lo querían quitar” (a su pequeño de 7 años; no explicó los motivos). “Venir acá y que me lo quiten es injusto. Realmente no creo poder entregarlo, es lo único que yo tengo en la vida. No tengo mamá, no tengo papá y para mí él es mi todo. No estaría dispuesta a entregárselo a nadie”.

Teresa añade que “cada día que pasa, gracias a Dios no tenemos ningún síntoma del coronavirus, pero sí me da mucho temor que se me vaya a enfermar mi niño o siento que, de enfermarme yo y llego a ponerme mal, quién va a ver por él. Me daría miedo que, porque yo estoy enferma, me lo quiten y después no saber nada de él por mucho tiempo y él se pondría desesperado. Él nunca ha estado separado de mi”.

La inmigrante hondureña explica que las internas de Dilley viven en un eterno “suspenso” de que en cualquier momento nuevamente los agentes de ICE las llamen y traten de separarlas de sus pequeños. “O decirnos que firmemos ese papel. Mi hijo se pone mal… Ese día (el 15 de mayo) no comió, lloró toda la tarde y desde entonces no se me despega. Donde, si estoy en el mueble, él está conmigo en el mueble; si estoy en la mesa, está en mis piernas. Él no quiere, él llora mucho, él dice que, si me van a dejar aquí, pues se queda conmigo, que no quiere separarse de mí”, añade con la voz temblorosa.

El centro de detención Dilley es el más grande en su tipo con capacidad para 2,400 personas. Desde que comenzó la pandemia, en marzo, se ha llenado varias veces y luego la mayoría de los internos han sido liberados, excepto Magdalena, Teresa, sus hijos y otros inmigrantes que forman parte de una demanda entablada bajo el argumento que sus casos de asilo no fueron procesados adecuadamente y perdieron la entrevista de miedo creíble. Mientras dure el proceso, no pueden ser deportados y sus liberaciones dependen de la discreción de ICE.

Él dice que, si me van a dejar aquí, pues se queda conmigo, que no quiere separarse de mí…

La reunión, según ICE

ICE confirma las reuniones celebradas el 15 de mayo en los tres centros familiares de detención y asegura que “no está separando a las familias”.

En un correo electrónico enviado a la redacción de Univision Noticias, explica que el 24 de abril un tribunal de distrito le ordenó “que hiciera todo lo posible para liberar de manera rápida y segura a los menores extranjeros que tiene bajo custodia y que no son un riesgo de fuga o un peligro a sí mismos u otras personas”.

Añade que “el tribunal (corte del distrito central de California presidida por la jueza Dolly Gee) reconoció que los padres, no el gobierno, deberían decidir si el menor debiese ser entregado a un patrocinador”. Y que, para cumplir con esta orden, “se requirió que ICE verificara con cada uno de los menores (y sus padres) bajo custodia en los Centros Familiares de Detención (FRC) para hacer determinaciones individuales de libertad condicional con respecto a esos menores”.

Un funcionario de la agencia dijo que “para cumplir con la fecha límite ordenada por la corte, el 15 de mayo, ICE volvió a entrevistar a casi 300 personas en los FRC utilizando un formulario desarrollado hace casi tres años para cumplir con otra orden del mismo tribunal”.

E indicó que “este formulario, que ha estado circulando recientemente en los medios de comunicación, se presentó a la corte el 1 de diciembre de 2017 y desde entonces ha estado disponible como parte del registro público de la corte”.

El papel para separar

De acuerdo con la explicación de ICE, el proceso implementado el 15 de mayo “no es nuevo” y fue puesto en funcionamiento en junio de 2018.

Una publicación en la página web de la agencia indica que el formulario presentado a las madres inmigrantes “no es más que una hoja de trabajo interna utilizada para documentar las respuestas a las preguntas relacionadas con la libertad condicional”. Y que algunos agentes “pidieron a las madres de Dilley que escribieran sus iniciales o firmasen la parte inferior de cada página para verificar que en realidad eran sus respuestas”.

ICE indica que las órdenes emitidas por los tribunales “se aplican sólo a los menores extranjeros y no a sus padres”, y que la libertad condicional “se puede denegar en función del riesgo de fuga o peligro para sí mismo u otros”. Además, advierte, “el tribunal reconoció que ICE no necesita liberar a menores extranjeros cuyos padres renuncian a su opción ordenada por el tribunal de ser entregados a un patrocinador” y que esta opción algunos medios la informaron “incorrectamente como un cambio en la política.

A su vez, dijo que es falso que se estén separando familias. “ICE simplemente ha estado realizando una revisión de libertad condicional de conformidad con la ley, la práctica existente y la orden del tribunal”. Los abogados de las detenidas alegan que el documento está escrito en inglés y que sus clientes no hablan ni entienden el idioma.

Pero en sus explicaciones la agencia no menciona un programa de separaciones forzadas de familias que el gobierno ejecutó secretamente por lo menos desde abril de 2017 y del que se tuvo detalles recién hasta el 26 de junio de 2018, cuando un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, prohibió a las autoridades de inmigración arrebatarles a sus hijos a padres indocumentados a quienes presentó cargos criminales por entrar sin autorización al país, una falta de carácter civil.

En enero de 2019 un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), reveló que el sistema federal para evaluar las separaciones forzadas es muy poco preciso y recalcó que dicha estrategia empezó antes de que se anunciara públicamente en mayo del 2018. Según la investigación, el número de menores separados forzosamente fue mucho mayor del reconocido por el gobierno en un principio, que era de 2,652. El informe habla de ‘miles’.

A la fecha todavía no existe un número exacto de separaciones forzadas y tampoco reunificaciones.

“ICE simplemente ha estado realizando una revisión de libertad condicional de conformidad con la ley.

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