Sólo 1.2% de los migrantes que piden asilo y son regresados a México tiene acceso a un abogado que defienda sus casos

El programa impuesto por el gobierno de Donald Trump en enero, que obliga a los migrantes que piden asilo a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano, no funcionó: en lugar de solucionar la crisis humanitaria en la frontera la agravó.

Así de desprende del último informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, en Nueva York. El reporte revela que, hasta el momento, “muy pocos solicitantes de asilo obligados a permanecer en México bajo los Protocolos de Protección Migratoria (MPP) han podido obtener representación para sus próximos procedimientos ante las cortes de inmigración”.

El estudio muestra que, de acuerdo con los últimos registros judiciales disponibles, “a fines de junio de este año (cinco meses después de haber sido implementado el MPP) “ya se habían resuelto un total de 1,155 casos” y “solo 14 de estos (1.2%) contaron con representación legal”.

“También hubo 12,997 casos pendientes de MPP en las listas de la Corte de Inmigración. De estos, solo 163 individuos habían encontrado representación hasta el momento, equivalente al 1.3%”, agrega el informe.

“Desgraciadamente, toda limitación de acceso a servicios legales perjudica a las personas más vulnerables”, dice a Univision Noticias Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Se trata de personas pobres que no conocen el sistema y al no tener la asesoría legal adecuada, quedan expuestas a perder sus casos de asilo”, agregó.

“Se trata de un sistema de bullying que empuja a aquellos que no se saben defender para que tomen decisiones en contra de sus beneficios, añade. “En este sistema predomina el factor de intimidad. Esto es terrible”, apuntó.

“Es posible que no tengan la posibilidad de una entrevista de temor creíble y, además, no podrán presentar sus casos ante la unidad de asilo”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años se desempeñó como fiscal de inmigración del Departamento de Justicia. “Muchos terminarán directamente en el tribunal y eso hace que el caso sea mucho más difícil. No tendrán posibilidad de apelar los casos denegados, pues sin dinero para un abogado de apelaciones eso no es posible”, indicó.

Sánchez-Roig dijo además que “no hay duda de que, permanecer en México para esperar a que proceda su proceso legal, tendrá un impacto negativo en los casos. Y si vienen buscando asilo, como lo hacen todos, a la mayoría no se les otorgará el beneficio porque la base de sus reclamaciones no está dentro del alcance de las leyes y tampoco tienen acceso a un abogado”.

“El asilo político es un proceso complicado y muchos inmigrantes no lo entienden así. El gobierno puede proceder de forma rápida con los casos y denegar de manera expedita las solicitudes. O bien demorará intencionalmente los procesos para que los inmigrantes se cansen y se den por vencidos”, advierte.

El estudio del TRAC subraya que “sin representación legal, las posibilidades de obtener asilo son pésimas. Pocos solicitantes de asilo a lo largo de los años han tenido éxito en obtener asilo sin un abogado experimentado que los ayude a preparar y presentar sus casos”.

Añade además que los casos bajo el programa MPP se fueron resueltos en “menos tiempo”, lo que significa que los migrantes tuvieron menos probabilidades para conseguir representación legal en comparación con otros casos.

“Un mejor indicador pueden ser las tasas de representación en el número mucho mayor de casos pendientes. A fines de junio había 12,997 casos pendientes de MPP en las listas de la Corte de Inmigración. De estos, solo 163 individuos habían encontrado representación, solo 1.3%”, señala.

Si bien las cortes de inmigración tienen acumulados cerca de 900,000 casos para unos 424 jueces, los casos de asilo después del 1 de enero del año pasado con procesados con mayor prontitud.

Pero el TRAC previene que, “parece probable de que las tasas de representación aumenten a medida que las personas tengan más tiempo para buscar un abogado”, como ocurre con los casos regulares en las cortes.

Además de las escasas probabilidades de ganar sus casos de asilo, los migrantes bajo el MPP regresados a México deben enfrentar duras condiciones de visa al otro lado de la frontera.

“Además de la dificultad para encontrar abogado, está el riesgo de que muchos terminen en situación de calle”, dice a Univision Noticias Soraya Vásquez, directora de Families Belong Together. “Hay muchas necesidades, pocos albergues y solo unos cuantos abogados pro-bono para tanta gente”, agrega.

“Este fue uno de los reclamos que le hicimos al gobierno mexicano de López Obrados cuando aceptó el MPP”, dijo la activista. “En el lado mexicano organizaciones de la sociedad civil de ambos países, junto con abogados voluntarios, han estado preparando a las personas para su proceso, enseñarles cómo se deben representar a si mismos, pero se necesita mucha ayuda porque hay demasiada gente”.

Según Families Belong Together, en estos momentos en México aguardan unos 9,000 migrantes bajo el MPP más otros 10,000 que llegaron a la frontera y no han podido solicitar asilo al gobierno de Estados Unidodos.

El TRAC revela que el número total de casos de asilo bajo el amparo del MPP alcanza los 14,152, la mayoría de ellos registrados en junio.

Vásquez dice además que otro de los graves problemas para los refugiados es la pobreza. “No tienen dinero, no pueden pagar el costo de un abogado, hay muy baja representación disponible y todo esto alarga por procesos”.

“En la primera cita el juez les pregunta si tienen abogado. Si la respuesta es no, les programa una nueva cita para dentro de dos meses. SI la segunda vez tampoco tienen abogado, les vuelven a reprogramar una cita para dentro de dos o tres meses. Y todo esto cuando los albergues están llenos, estamos en un punto critico y creemos que pronto comenzaremos a tener personas en situación de calle”, advierte la activista.

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