Se dispara el rechazo de peticiones de visas de inmigrantes para mexicanos de escasos recursos

Según la nueva regla de carga pública anunciada en octubre por el gobierno y publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), y que recibió comentario público hasta el 10 de diciembre, el gobierno planea llevar a cabo un severo escrutinio que afectará no solo a quienes pidan una visa, sino también a los residentes legales permanentes.

“Hará más complicada la determinación de ‘carga pública’”, advirtió a finales del año pasado el National Immigration Forum (Foro Nacional de Inmigración, NIF). “Los inmigrantes y sus hijos pueden abandonar o renunciar a la inscripción en programas de beneficios para los que son elegibles por temor a las consecuencias migratorias de utilizar la asistencia del gobierno, incluso si el programa de beneficios no tiene impacto en la determinación de ‘carga pública’”, agregó.

El gobierno de Trump defiende el nuevo reglamento. “Bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, ha dicho el DHS. Y agrega que los cambios propuestos “promoverán la autosuficiencia y protección de recursos finitos asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes”.

El NIF argumenta que el DHS busca cambiar el concepto “para rechazar a los inmigrantes que solicitan una visa de inmigrante (tarjeta verde), o una visa temporal si han accedido anteriormente o se considera que es probable que dependan de ciertas formas de asistencia pública en el futuro”.

La regla propuesta podría tener “un efecto escalofriante en las familias inmigrantes, que son elegibles para recibir asistencia y que contribuyen a Estados Unidos todos los días en el trabajo y en sus comunidades”, añade.

“Ampliaría drásticamente la definición de lo que significa ser una carga pública, lo que podría impedir que un inmigrante mantenga u obtenga un estatus legal de inmigración”, dice la Red Católica de Inmigración Legal (Catholic Legal Immigration Network, CLINIC), una de las principales organizaciones de ayuda a los inmigrantes en el país.

La nueva norma propuesta por el gobierno de Trump establece que los agentes de la USCIS tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) determina que, probablemente, dependerían de la asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.

POLITICO dice además que, de acuerdo con los datos del DOS, el gobierno sugiere que los inmigrantes mexicanos podrían ser uno de los grupos más afectados por la regulación de la carga pública.

El sitio dijo el reciente fin de semana, citando fuentes de la presidencia, que la nueva regla está a punto de ser publicada, y que el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha presionado a funcionarios migratorios para ponerla en vigor como parte de la política de tolerancia cero.

Entre las exigencias de Miller se cuenta no solo castigar a inmigrantes que viven legalmente en el país, sino permitir que DHS también prohibirles obtener la green card si reciben ciertos beneficios del gobierno. Agrega que estas sanciones se sumarían al nuevo que está siento ultimado.

El nuevo reglamento de carga pública es parte de una iniciativa de reforma migratoria que Trump viene impulsando desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2017. La última versión del proyecto fue redactada por su yerno, Jared Kushner, dejó fuera a los dreamers e ignora a la totalidad de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. También incluye modificaciones a la Ley de Asilo, acelera las deportaciones y establece un complejo sistema de inmigración legal basado en méritos.