Rumbo al colegio, jóvenes no acompañados se convierten en blanco de La Migra

 Al borde las lágrimas, la salvadoreña Elsy Sorto recordó este jueves el día en que, siguiendo su rutina diaria, despidió a su hijo, Yefri, con una bendición. Mochila al hombro, Yefri caminó a la parada de bus, pero no regresó a casa: los agentes de Inmigración lo arrestaron y trasladaron a un centro de detenciones en Atlanta (Georgia), donde aguarda la resolución de su caso.

“Desde la ventana siempre vigilaba que se subiera al bus, para asegurarme de que estaba bien, pero ese día vi que un vehículo se acercó a la parada y encendió las luces… desde entonces nuestra vida ha sido bien difícil”, dijo con la voz entrecortada Sorto en entrevista telefónica desde Charlotte (Carolina del Norte).

“Los de Inmigración no quieren acceder a nada y estamos esperando que resuelvan  nuestra apelación para que salga libre”, afirmó.

Sorto, de 19 años, cursaba el último año de secundaria –terminando la materia de inglés que le faltaba para graduarse de West Mecklenburg High- cuando fue detenido el 27 de enero pasado mientras esperaba el bus escolar.  Fue a parar al Centro de Detenciones Stewart, una cárcel privada bajo contrato de ICE en Atlanta (Georgia),  que procesa a todos los detenidos en las Carolinas.

El joven es parte del llamado grupo “NC6”, por los seis adolescentes detenidos por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en enero pasado en Carolina del Norte, como parte de la “Operación Guardián de la Frontera” (“Operation Border Guardian), y que ha acaparado atención mediática nacional.

Aunque temeroso del largo viaje por tierra hasta EEUU, Sorto emigró sólo de La Unión (El Salvador) en 2014, huyendo de las maras que con amenazas reclutan a nuevos miembros, explicó su madre.

La mayoría de los niños y jóvenes indocumentados proviene de los países del “triángulo del Norte” –El Salvador, Guatemala y Honduras– una región convulsionada por la violencia de las pandillas, los narcotraficantes y el crimen organizado.

Tan sólo en 2015, el área registró un total de 17,000 homicidios, según el grupo “United We Stand”, que ha liderado la lucha por los “NC6” en Carolina del Norte.

Muchos han emigrado con la esperanza de que, gracias a una ley federal de 2008 que favorece a niños no acompañados de Centroamérica, puedan presentar casos de asilo en los tribunales de EEUU.

Respuesta de ICE

Consultada por este diario, la oficina de ICE aseguró hoy que no está “persiguiendo” a jóvenes en las escuelas y sólo está cumpliendo con las prioridades de deportación establecidas en noviembre de 2014.

Los casos se estudian de forma individual y los inmigrantes que no tienen casos de asilo válidos, o que han perdido sus casos ante los tribunales, y los llegados después de enero de 2014, figuran entre las categorías de “deportables”, según ICE.

En una columna de opinión en el diario “Dallas Morning News”, la directora de ICE, Sarah Saldaña, defendió las acciones de su agencia para fomentar la seguridad pública y en la frontera, afirmando que se trata de “personas que tuvieron la oportunidad de presentar sus casos ante  un tribunal, un juez ordenó su remoción, y no tienen apelaciones o reclamos pendientes”.

“¿Son agradables estas acciones? No. Pero es la labor que deben cumplir nuestros hombres y mujeres… no hacerlo efectivamente declara nuestras fronteras abiertas a la inmigración ilegal”, enfatizó Saldaña, quien señaló que 121 fueron detenidos en esa operación.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo el mes pasado que su agencia continuará las medidas policiales siguiendo las nuevas prioridades de la Administración.

Desde octubre pasado, más de 28,000 indocumentados han sido regresados a Centroamérica, pese a fuertes denuncias de líderes demócratas del Congreso.

“Estas acciones no deben estar ocurriendo en lugares seguros y sensibles, como las escuelas, iglesias, y hospitales… porque infunden miedo y dificultan más la confianza y la  participación. El secretario del DHS ha dicho públicamente que estas accciones no deben ocurrir salvo en circunstancias de emergencia, y debemos exigir que el DHS y ICE cumplan con este compromiso”, dijo a este diario la congresista demócrata por California, Lucille Roybal-Allard.

Un estudio reciente de “The Pew Charitable Trusts” indicó que en los primeros cinco meses del año fiscal 2016, que comenzó en octubre pasado, el número de arrestos de niños no acompañados incrementó un promedio de 89%, en comparación con el mismo período en 2015.

Miedo múltiplicado

Según activistas consultados por este diario, sean o no casos aislados, el efecto “multiplicador” es el mismo: estas medidas policiales meten miedo a las familias inmigrantes y alteran su vida diaria, en particular la de jóvenes que temen ser arrestados camino a la escuela.

Tan preocupante es el asunto que, según Joanne Lin, abogada de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), su grupo y otras organizaciones cívicas ya se han reunido con asesores de alto rango de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Educación para exigir respuestas y medidas correctivas.

A Lin no le sorprende que  juntas escolares en Carolina del Norte y California hayan adoptado resoluciones de condena contra los arrestos documentados cerca de escuelas, paradas de autobuses escolares o en actividades estudiantiles.

Para los activistas, el mensaje de ICE parece ser que, al no poder arrestar a los indocumentados en sus hogares –porque, alertados por grupos cívicos, no les abren la puerta- ahora los persiguen en sitios públicos.

Rechazo a los arrestos

En un mordaz editorial, el diario “The New York Times” criticó el miércoles lo que calificó como la “cacería” de niños y jóvenes no acompañados, y en particular su arresto camino al colegio.

Si la Administración Obama defiende ante el Tribunal Surpremo los alivios migratorios como respuesta “humana” al problema de inmigración, debería hacerlo con igual esmero para “proteger la vida de migrantes tramautizados”, en vez de ponerlos en situación de “miseria y peligro”, dijo el diario.

La abogada Avideh Moussavian, del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, en inglés), no sólo criticó la “total falta de transparencia” del DHS sino el hecho de que, en muchos casos, los detenidos no han tenido el debido proceso ni acceso a un abogado que les ayude a navegar el complejo sistema judicial.

“Las prioridades policiales (para la deportación) no se hicieron para aplicarlas de forma robótica, sin importar las circunstancias de las personas… ¿Por qué no permitirles continuar yendo a la escuela y estar con sus familias mientras prosigue su caso?”, dijo Moussavian, quien ha elevado las quejas de NILC al Departamento de Educación.

Por su parte, Flavia Jiménez, directora del programa de justicia para inmigrantes del “Advancement Project”, enfatizó que ya es grave en sí que los jóvenes y sus familias tengan que huir de la extrema violencia en Centroamérica como para que el gobierno federal se dé a la “cacería” de estudiantes “e intente regresarlos a condiciones peligrosas y deplorables”.

“La Administración Obama necesita actuar de inmediato para frenar a agentes de ICE empeñados en aterrorizar a las comunidades”, puntualizó Jiménez.

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