Revelan la estrategia de ICE para recibir información de policías en ciudades santuario y arrestar a indocumentados

Publicado el 15 de marzo de 2019
por Notimex en La Jornada Baja California. Fotografía de Cuartoscuro.

Varias tácticas que han usado más de 9,200 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para arrestar indocumentados en 50 ciudades de Estados Unidos, incluyendo las consideradas ‘santuario’, han sido reveladas en casi 2,000 documentos obtenidos a través de un tribunal por la oficina de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el norte de California.

Por un lado, ICE tiene acceso a miles de millones de datos de placas de auto que le comparten la empresa Vigilant Solutions y más de 80 agencias del orden en todo el país, incluyendo departamentos en California que lo tienen prohibido por la ley SB 54. Por el otro, los agentes migratorios a menudo aprovechan su amistad con policías locales para recibir información de fugitivos en su lista negra.

ACLU lo considera una “vigilancia masiva” que viola las leyes de privacidad y de estado santuario, incluso hasta las propias políticas de ICE.

La organización ha pedido a las fuerzas del orden que dejen de colaborar con “la máquina de deportación” y que cancelen sus contratos por los cuales obtienen los datos de placas de autos. Además, sugirió a legisladores locales que abran investigaciones sobre tales prácticas.

“Ahora sabemos qué departamentos de policía están ayudando a ICE a aterrorizar a las comunidades migrantes al compartir información sobre placas vehiculares”, advirtió Vasudha Talla, abogada de ACLU en el norte de California.

“ICE ha usado por mucho tiempo la tecnología para atacar a los inmigrantes. Ahora se está llevando la vigilancia a un nivel sin precedentes para atacar a comunidades vulnerables y está pasando por encima de todos los demás en el proceso”, agregó.

Más de 1,800 páginas de contratos, correos electrónicos, manuales de capacitación y otros materiales fueron colectados por ACLU como parte de una demanda que pide detalles sobre las operaciones de ICE.

Dicha información ha ventilado las relaciones secretas que la dependencia federal tiene con agencias policiales municipales y pone la lupa sobre el sistema de datos privados nacionales que vende Vigilant Solutions, una compañía de seguridad tecnológica con sede en California y una de las proveedoras más grandes de análisis de datos y equipo para las fuerzas del orden del país.

A través de un contrato de 6.1 millones de dólares con dicha empresa que vence en septiembre de 2020, los funcionarios de ICE tienen acceso a más de 5,000 millones de datos sobre ubicaciones, los cuales son recopilados por empresas privadas, como compañías de seguros, grúas y lotes de estacionamiento. Los lectores también están en cámaras instaladas en patrullas, puentes y casetas de peaje.

Capturando imágenes de las placas automotrices se crea un “mapa” específico indicando la fecha, hora y lugares a los que ha viajado una persona. Esta información se puede almacenar durante años.

Se cree que Vigilant Solutions, que obtiene información en 50 áreas metropolitanas, abarcando el 60% de la población de EEUU, continuará agregando entre 150 y 200 millones de escaneos nuevos cada mes.

Pero ACLU cree que el alcance de ICE se extiende aún más, gracias a su cercanía con las policías locales, añadiendo tanto como 1,500 millones de datos adicionales.

“Ya sabíamos que ICE se involucra en una conducta atroz: desde arrestar a un padre que deja a su hija en la escuela hasta detener a una mujer en el tribunal que busca una orden de protección contra un abusador”, reclamó Talla, la abogada de ACLU. “Pero agregar la vigilancia de datos de placas con el uso indebido de la Policía (…) aumenta las amenazas de ICE a la seguridad de la comunidad”, continuó.

Según los documentos publicados por esta organización, entre los departamentos que comparten información con ICE se encuentran los de Merced, Union City y La Habra, en California, así como el de Austin, Texas, donde una ordenanza ha limitado la colaboración con oficiales de ICE.

El 1 de enero de 2018 entró en vigor la ley de estado santuario (SB 54) en California. Dicha norma impide que la policía local comparta información con agencias federales sobre las personas que arrestan por una lista de 800 delitos graves y menores. Algunas agencias, como el Sheriff del condado de Los Ángeles, han ido más allá restringiendo la entrada de agentes migratorios en cárceles, cortes y sus estaciones.

Ninguna de las agencias citadas ha comentado al respecto. No está claro cuántas personas buscadas por ICE en el sistema de las agencias locales fueron arrestadas, ni cuántas tienen antecedentes penales.

En un comunicado enviado a esta redacción, ICE negó que esté elaborando su propia base de datos con la información que le vende Vigilant Solutions y afirmó que no todo su personal tiene acceso al lector de placas de auto.

“Como la mayoría de las otras agencias del orden, ICE utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para respaldar sus investigaciones”, indicó la dependencia. “Es importante para los empleados de ICE recopilar la información más precisa al realizar una investigación o actividad de cumplimiento de la ley y como preparación para un proceso penal o administrativo”, agregó.

Por debajo de la mesa, los funcionarios migratorios siguen comunicándose con policías municipales, según se expone en los documentos publicados por ACLU.

Entre los correos electrónicos revelados está una comunicación entre un agente de ICE y un detective de la Policía de La Habra, en el sur de California. El primero le pidió hacer una búsqueda en el centro de inteligencia del condado de Orange, donde las fuerzas del orden en esa región compilan información.

“¿Podrías revisar la placa AZ…? Solo puedo obtener (información) de las bases de datos comerciales (de Vigilant Solutions) por ahora”, escribió el agente especializado en narcóticos y pandillas en un correo electrónico enviado la mañana del 7 de marzo de 2018.

Ocho horas después, el detective le responde agregando un documento con el dato que le pidió. “Disculpa que no respondí pronto. Estaba durmiendo después de mi pesado turno cuando me enviaste el email”, comentó en el mensaje. “Espero que estés bien”, se despidió.

Incluso entre el material de capacitación que ICE entregó a ACLU está un mapa interactivo que indica qué policías municipales usan el sistema Vigilant Solutions y hasta una guía con instrucciones “paso a paso” y con fotos que explican cómo pueden solicitarles información sobre fugitivos en su mira.

ICE no comentó sobre dichas comunicaciones informales.

“Estos y otros correos electrónicos revelan los métodos de ICE para eludir tanto las reglas de privacidad internas, como los intentos de las agencias policiales locales para proteger su información”, advirtió la abogada de ACLU.

“ICE explota a intermediarios amigables, como el detective del condado de Orange, para obtener información recopilada por otra agencia del orden que tal vez no quiere que ICE tenga acceso a su información”, agrega.

La abogada resalta que esta práctica contradice la afirmación de la dependencia de que no puede acceder al sistema informativo de cualquier policía si esta “ha decidido no compartir sus datos”.

Para ACLU, es necesario que las policías locales dejen de entregar datos sobre indocumentados a ICE y que cancelen sus contratos con Vigilant Solutions, como ya lo han hecho los ayuntamientos de Alameda y Culver City, en California.

“Es hora de recuperar el control de nuestra información y asegurarnos de que nuestras comunidades no están colaborando con ICE”, aseveró Talla.

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