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“No he ganado un solo caso de asilo”: el duro proceso buscando refugio en EEUU que retiene a los migrantes en México

Publicado el 23 de noviembre de 2019
por Isaias Alvarado en Univision Noticias. Fotografía de Univision.

La guatemalteca “Rosa” y su hija de 11 años llevan más de cinco meses en un limbo migratorio que las mantiene angustiadas. Solicitaron asilo a Estados Unidos en junio y las devolvieron a México para esperar sus citas en una corte federal de California. Cuando llegó a un albergue en esta ciudad fronteriza, alguien le tradujo lo que redactaron en su proceso y lo que escuchó le bajó la moral.

“Pusieron que yo no tengo miedo de regresar a Guatemala y eso no es cierto”, reclama “Rosa”, sentada en el patio de la Casa del Migrante de Tijuana, el que ha sido su hogar temporal este otoño. “Cruzamos la frontera el 16 de junio y nos regresaron. En la entrevista que me hicieron no me preguntaron por qué salí de mi país, ni por qué iba a Estados Unidos. Nada”, asegura.

“Rosa” ruega que no se publique su nombre, ni se fotografíe su rostro. Tiene mucho miedo. Relata que salió de su país porque pandilleros le pidieron dinero para dejarla trabajar en su salón de belleza. Ella los denunció con la Policía en mayo, pero nadie fue a investigar. Mientras tanto, siguieron las amenazas a través de cartas y llamadas telefónicas. La acosaban hasta cuando salía a comprar al mercado.

“Me dejaban papeles afuera de mi casa exigiendo dinero. Me dio miedo porque a finales de mayo ellos fueron a degollar a una señora a su casa, ella no quiso pagar la extorsión. Tuve miedo y me salí”, contó.

En Tijuana, considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo, también le ha ido mal. A mediados de septiembre trataron de secuestrarla y ya la han robado. Le quitaron el celular y dinero. En una ocasión la amenazaron con una navaja. “Es horrible, ya no ando tranquila, ando con miedo”, afirma.

Lo peor es que ha perdido las esperanzas de que su caso avance en la siguiente audiencia, que se llevará a cabo este 26 de noviembre en una corte de San Diego, California. La centroamericana es consciente de que los pedidos de asilo son cada vez más difíciles de ganar. Es resultado de las nuevas políticas del presidente Donald Trump. Una de las más recientes, el programa Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) o Remain in Mexico, les exige esperar por meses en ese país mientras continúan sus procesos.

Muchos casos son rechazados durante la entrevista de miedo creíble, el primer paso en el proceso de búsqueda de asilo. Tanto la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), como abogados entrevistados por Univision Noticias, han registrado un alza de asilos negados por Remain in Mexico.

“No he ganado un solo caso de asilo en cinco meses”, aseguró Brenda Luján, quien lidera el equipo legal de la Casa del Migrante de Tijuana, que ahora recibe deportados y solicitantes de asilo retornados a México.

Luján dice que desde que entró en vigor la polémica medida ha brindado asistencia legal a unos 40 centroamericanos, la mayoría hondureños y guatemaltecos. Ningún pedido ha prosperado. “Es muy difícil ahora, no hay flexibilidad. Los casos de MPP son muy difíciles de ganar”, insiste.

“Si hay personas que realmente están huyendo de México, ya sea que los esté siguiendo el crimen organizado, que me han tocado casos, no los escuchan. Simplemente los dejan detenidos, hacen la valoración por teléfono y a la mayoría los devuelven con una cita para corte”, reclama Luján.

En su oficina hay varios folios de centroamericanos que tratan de rehacer sus vidas al otro lado de la frontera. Al tomar una carpeta que contiene los documentos de un hombre adulto, la abogada comparte que le ha sido muy difícil enfrentarse al agresivo sistema migratorio creado por Trump.

“Llegó un momento en que me frustré por la situación, pero saqué la fortaleza pensando que tengo que ayudar de cierta manera. Mínimo intentar, ayudarles para que al menos sus casos avancen”, agregó.

Cada día, unas 100 personas llegan a la Casa del Migrante, el primer refugio que abrió sus puertas en Tijuana. Sus administradores calculan que el 40% pide asilo. En esta ciudad otros refugios han tenido que eliminar su norma que limitaba los días que podía permanecer una persona, entendiendo que ahora varios necesitan quedarse varios meses por sus citas en la corte.

“¿Cómo le niegas la ayuda a una familia con dos o tres niños, que viene de regreso a México?”, pregunta José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, ubicado en la zona norte de Tijuana, a solo unos pasos de la valla fronteriza. El centro tenía la semana pasada casi 100 migrantes, la mitad de América Central.

David Villanueva, otro abogado de la Casa del Migrante, también se siente desanimado. Su trabajo consiste en asesorar a los solicitantes de asilo para que expongan correctamente sus casos a los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y llenar sus formularios.

Explica que bajo las nuevas normas un pequeño error en el papeleo, ya sea no tener copias para los fiscales, no incluir un acta de nacimiento o una foto del interesado, echa por tierra todo el trámite.

Otros migrantes, advierte, pierden su oportunidad en la entrevista de miedo creíble. “Ellos preguntan: ¿tienes miedo de regresar a tu país? Si responden ‘no’, en ese momento pierdes el 80% de probabilidad de que te den el asilo”, menciona Villanueva. “Ahora es mucho más difícil”.

Los abogados de la Casa del Migrante también denuncian que los agentes del CBP ni siquiera aceptan a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada, una irregularidad que han reportado diversas organizaciones civiles desde el inicio de la administración Trump.

“No están permitiendo ese acceso, que alcancen a llegar al juez. Cuando se presentan en la garita les dicen: ‘No es aquí’. O incluso cuando les expresan sus problemas les dicen: ‘Es mentira’, ‘Te vamos a deportar’. Hacen que tengan miedo”, aseguró Villanueva.

El polémico programa de Trump ha devuelto a México a más de 50,000 migrantes y se cree que hay otros 30,000 que siguen esperando exponer sus casos en las garitas. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de trámites aceptados y rechazados. Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, advertía este verano que solo 1.2% de los migrantes que piden asilo y son regresados a México tiene acceso a un abogado que defienda sus casos.

La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) no se ha pronunciado sobre estas quejas.

Antes de que miles de centroamericanos quedaran varados en ciudades fronterizas mexicanas, un grupo de abogados que brinda servicios legales a mujeres y niños en el centro de detención familiar Dilley de Texas, el más grande del país y con capacidad para albergar a 2,400 personas, observó con preocupación un creciente rechazo de los pedidos de asilo.

Según la organización Dilley Pro Bono project, desde el 16 de julio los casos aprobados en dicho centro se desplomaron del 97% a menos del 10%. Muchos llegaron hasta la entrevista de miedo creíble.

“Es devastador”, dijo Elora Mukherjee, directora de la clínica de derechos de los inmigrantes de la Columbia Law School y parte del Dilley Pro Bono project, en una entrevista con Univisión Noticias. “Esta administración afecta el proceso de la entrevista de miedo creíble, por lo cual madres y niños ya no tienen una oportunidad justa para explicar por qué están pidiendo asilo en Estados Unidos”.

En nombre de 156 madres y menores, el Dilley Pro Bono project interpuso a mediados de septiembre una demanda en una corte federal en Washington DC, la cual menciona a los titulares de la Fiscalía federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el CBP y otras entidades de gobierno.

La mayoría de los demandantes son originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque también hay personas de Nicaragua, Ecuador, India y Rumania. Varios son niños.

“Bajo los estándares legales correctos, cada uno de los demandantes debería haber pasado fácilmente su entrevista de miedo creíble y habría sido remitido a un proceso regular para buscar asilo y otro alivio de la deportación”, señala la demanda.

“El resultado de estas políticas es que los niños y sus madres han sido y serán enviados de regreso a países que han sido señalados por su violencia generalizada contra las mujeres y los niños, incluyendo la violencia doméstica, las violaciones sexuales, golpizas y otros abusos de las pandillas”, añade la querella.

Los abogados creen que identificaron cambios regulatorios “clasificados” en la entrevista que determina si una persona debe recibir refugio en EEUU. “Estas políticas ‘secretas’ están siendo usadas para negar a la gente una oportunidad justa de recibir asilo”, reclamó Mukherjee.

El DHS y la Fiscalía federal dijeron que no pueden comentar sobre litigios pendientes.

La organización ACLU publicó esta semana un video denunciando que el gobierno de Trump trata de anular las leyes de asilo, volviendo el trámite cada vez más complicado. Alega que debido a sus duras iniciativas, miles de personas ahora viven en campamentos improvisados, albergues y bodegas, a merced de los cárteles.

“Ha establecido cambios de política dirigidos a su objetivo racista de limitar el acceso a Estados Unidos a los migrantes”, dijo Shaw Drake, consejero político de ACLU.

“Intenta desmantelar el sistema de asilo que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países del mundo (…) se reunieron para reconocer que eran necesarios sistemas que garantizaran que personas que huyen de sus países no regresaran o fuesen rechazados en situaciones de extremo peligro”, agregó Drake.

Quienes provienen del Triángulo Norte de Centroamérica huyen de contextos de violencia y pobreza extrema. Las cifras de homicidios ubican a sus capitales como algunas de las más peligrosas de la región.

El problema es que no se ve una solución en el corto plazo. La administración Trump emitió el lunes una nueva regla que permitiría enviar a Guatemala a quienes solicitan asilo, ya sea obedeciendo una lista en las garitas o al entregarse a oficiales de la Patrulla Fronteriza. Esta norma responde a un acuerdo de “tercer país seguro” que ya firmaron ambos gobiernos por presiones del presidente estadounidense.

Ese pacto le da la potestad al DHS de enviar a Guatemala a quienes no hayan pedido protección en ese país mientras avanzaban hacia EEUU. Esta medida, señala la nueva norma, reduce la carga en las cortes estadounidenses. Cifras oficiales indican que había un acumulado de más de 476,000 solicitudes de asilo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), mientras que existían 340,801 solicitudes de asilo afirmativas pendientes con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a fines del año fiscal 2019.

“Rosa”, la guatemalteca que espera un milagro para irse de Tijuana y reunirse con su hermano en EEUU, dice que ahora no puede regresar a su país, pero tampoco le agrada la idea de quedarse en México.

Asegura que trató de interponer una denuncia en la Policía después de que trataron de secuestrarla en el centro de la ciudad, pero no le creyeron. “Estoy desesperada, México no me gusta por la inseguridad. Ya le dije a los abogados que me ayuden a pedir asilo en Canadá o en otro lugar”.

Esta mujer describe su situación con este dicho popular: “Salí de Guatemala y llegué a Guatepeor”.

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