Migrantes no podrán denunciar delitos

La mayoría republicana en la cámara baja aprobó el jueves un proyecto de ley destinado a sancionar a gobiernos locales que rehúsan cooperar con autoridades federales migratorias, aún después que la Casa Blanca amenazara con vetarlo.

La medida fue aprobada con votación 241-179, sobre las objeciones demócratas de que dificultaría a las policías locales obtener la confianza de inmigrantes no autorizados en sus comunidades, quienes optarían por no denunciar delitos por el temor de que su contacto con las autoridades les merezca una deportación.

La bancada republicana presentó la iniciativa de ley, que persigue prohibir subsidios a gobiernos locales que no cooperen con autoridades migratorias federales, tras el asesinato este mes en San Francisco de Kathryn Steinle presuntamente a manos del mexicano Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante no autorizado con récord criminal.

No está claro cuándo debatirá el Senado una versión similar. El autor de la legislación, el republicano Duncan Hunter, justificó la necesidad de tal medida aseverando que gobiernos locales discrepen con la ley federal “no les da derecho a ignorarla. Si no cumples con la ley, no recibes dinero federal”.

El pleno también rechazó con holgura una enmienda demócrata que buscaba condicionar recortes presupuestarios a gobiernos locales solo si la Procuraduría General verificaba que no generaría un alza en el índice delictivo de esa localidad.

El demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, aseguró que el apoyo republicano consiste en “explotar cínicamente una tragedia familiar para obtener puntos políticos” y que se inspira en los comentarios del precandidato Trump, quien calificó a los inmigrantes mexicanos como “violadores” y “criminales”.

Pero los republicanos rechazaron los intentos demócratas de vincular al proyecto de ley. San Francisco está entre cientos de gobiernos locales que desatienden las solicitudes de autoridades federales migratorias, conocidas en inglés como “detainers”, las cuales han sido descritas por activistas como medidas que pueden afectar de manera desproporcionada a inmigrantes que no han cometido faltas serias.

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