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Instan a la Corte Suprema permitir que solicitantes de asilo tengan derecho a una revisión de sus casos

Publicado el 26 de enero de 2020
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

El colegio de abogados de Estados Unidos (American Bar Association -ABA-) instó a la Corte Suprema que permita a los solicitantes de asilo tener derecho a que sus casos sean revisados, y con ello evitar que sean deportados de manera acelerada cuando sus casos son negados o rechazados.

La petición fue hecha por medio de un informe de ‘Amicus’ presentado el miércoles, en el que la entidad pide a los magistrados declarar que los solicitantes de asilo tienen derecho a una revisión por parte de un tribunal federal cuando se emite una orden de expulsión inmediata.

Cuando un solicitante de asilo es rechazado por un agente federal o pierde su caso, recibe automáticamente una orden de deportación y en caso de que el extranjero falte a una audiencia judicial, el juez emitirá una orden de deportación en ausencia.

En octubre del año pasado el máximo tribunal de justicia aceptó una petición del gobierno de Donald Trump para revisar un fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que favoreció al inmigrante Vijayakumar Thuraissigiam, un solicitante de asilo originario de Sri Lanka.

El tribunal, con sede en San Francisco (California), halló que una ley federal que quitó poder a los jueces de tribunales para revisar las deportaciones rápidas, conocida como expulsión acelerada (expedited removal), violó en este caso una disposición de la Constitución denominada ‘cláusula de suspensión’.

En su petición de asilo, Thuraissigiam dijo que pertenece a la minoría tamil en su país, donde fue torturado por sus creencias políticas y sometido a palizas y la práctica de tortura conocida como ahogamiento simulado.

“Es un principio fundamental de nuestra Constitución que las personas privadas de libertad tengan acceso a un tribunal federal”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a Thuraissigiam.

A principios de marzo del año pasado, cuando la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor de Thuraissigiam, la ACLU comentó que el dictamen tiene “amplias implicaciones”.

El grupo de derechos civiles dijo que actualmente los solicitantes de asilo “reciben breves evaluaciones de funcionarios administrativos que determinan si la persona tiene un temor creíble de persecución en sus países de origen”.

“Si un agente rechaza la solicitud, el solicitante de asilo no tiene ningún recurso para impugnar la decisión, o la forma en que se hizo, en un tribunal federal. Los solicitantes de asilo en el Noveno Circuito ahora tienen ese recurso como resultado de esta decisión”, agregó.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha reducido la posibilidad de ganar casos de asilo cambiando normas y reglamentos vigentes desde 1980. Entre ellas, aumentar el rigor de las entrevistas y otorgar una amplia discrecionalidad a los agentes de inmigración para desestimar pedidos de protección.

También ha publicado una lista de nuevos delitos para negar el asilo, incluyendo faltas por manejar borracho o haber sido acusado de un cargo de violencia doméstica, aunque el cargo posteriormente sea desestimado por las autoridades judiciales.

La decisión de la Corte Suprema se espera para junio. Si bien el fallo de la Corte de Apelaciones sólo aplica a Thuraissigiam y no anuló la ley en cuestión, el dictamen del tribunal aún podría aplicarse a la totalidad de la jurisdicción.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que el fallo de la corte de San Francisco deja sin efecto el propósito de un sistema dirigido a inmigrantes específicos para una deportación acelerada, además de “socavar la capacidad del gobierno para controlar la frontera”, que se encuentra bajo estado de emergencia.

Thuraissigiam huyó de su país en 2016 y fue arrestado en febrero de 2017 en la frontera entre Tijuana (México) y San Diego. Pidió asilo, pero su caso fue desestimado y puesto en proceso de deportación acelerada.

Las deportaciones aceleradas fueron establecidas en 1996, durante el gobierno de Bill Clinton. La única excepción es para aquellos que demuestran y/o prueban un temor creíble de persecución en caso de ser devueltos a sus países de origen.

Como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, el pasado 1 de septiembre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) amplió el protocolo de deportaciones aceleradas a todo el territorio para afectar a cualquier indocumentado que no pueda probar que lleva más de dos años en el país. La medida, sin embargo, fue detenida por una corte federal a finales de ese mes.

La ABA dijo además que la revisión de un caso de deportación acelerada “protege los derechos de los no ciudadanos que se encuentran dentro de Estados Unidos”, y no restituirlo “contraviene los principios fundamentales de nuestro sistema constitucional y el precedente del máximo tribunal”.

La Corte Suprema “nunca ha excluido a un individuo en territorio estadounidense de las protecciones de la cláusula de suspensión en ausencia de una suspensión formal del recurso de hábeas corpus, y por una buena razón”, agrega. “Hacerlo sería ignorar la revisión judicial, la Constitución y el estado de derecho”, puntualizó.

La Corte Suprema celebrará una audiencia el 2 de marzo para que los abogados del DHS y de Vijayakumar Thuraissigiam presenten sus argumentos orales.

El colegio de abogados está representado en el escrito por el bufete de abogados de Akin Gump Strauss Hauer y Feld LLP.

ABA es la principal asociación de abogados de Estados Unidos y la mayor a nivel mundial. El colegio detalla que, entre sus objetivos, se incluye ser la voz nacional de la profesión legal en el país.

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