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Gobierno de Trump reconoce que separó más de 1,500 niños adicionales en la frontera con México

Publicado el 25 de octubre de 2019
por Univision en Univision Noticias. Fotografía de Univision.

El gobierno de Donald Trump admitió el jueves ante un tribunal federal de California haber separado a más niños migrantes de lo que ha dicho hasta ahora, y en meses anteriores a la fecha oficial de vigencia de un plan ideado como parte de su política de ’tolerancia cero’.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que el gobierno “admitió” ante una corte federal de distrito en San Diego, California, que separó a 1,556 padres e hijos “adicionales” entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018. De ellos, 207 tenían menos de 5 años.

De acuerdo con datos del tribunal, en julio de 2018 el número total de separaciones era de 2,654, pero la cifra ha ido aumentando tras nuevas órdenes emitidas por el juez Dana Sabraw, quien preside la Corte Federal de Distrito de San Diego.

El programa de separaciones forzadas, según la primera versión del Departamento de Justicia (DOJ), se ejecutó entre el 5 de mayo y el 26 de junio de 2017, cuando Sabraw emitió una orden preliminar exigiéndole al gobierno de Trump que dejara sin efecto la política. Esto por los graves daños que causaba a los migrantes y porque violaba los derechos de los inmigrantes que llevan en busca de asilo, un recurso legal disponible.

Pero, en enero de 2019, un informe del Inspector General del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de ‘tolerancia cero’.

Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor de lo reconocido por el Ejecutivo. También puso en duda la legalidad del programa y la falta de protocolos para reunir a los padres separados una vez concluyeran sus procesos criminales.

El entonces secretario de Justicia Jeff Sessions (despedido en noviembre del año pasado por Trump) forzó las separaciones presentando cargos criminales a los migrantes que llegaban al país en busca de asilo. La ley señala que los individuos que enfrentan un proceso criminal no pueden tener bajo su cargo el cuidado de menores.

Al no existir otro adulto que se haga cargo de los niños, el gobierno entonces asumió sus cuidados. Pero en vez de proteger las reunificaciones una vez concluyeran los casos criminales y el migrante fuera liberado para enfrentar el proceso migratorio de asilo y deportación, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional (DHS) no diseñaron una hoja de ruta permitiendo que cientos de padres fueran deportados solos mientras sus hijos se quedaron atrapados bajo la tutela de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del HHS.

En abril, Sabraw dio un plazo de seis meses para que el gobierno de Trump identifique a la totalidad los migrantes menores separados de sus familias en la frontera con México y determine desde cuándo se venía ejecutando el programa.

En el dictamen dijo que su intención era acortar el plazo que habían solicitado los abogados del gobierno, que fue de dos años, para identificar a los miles de menores separados entre el 1 julio de 2017 y el 25 de junio de 2018.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los principales demandantes de la política de separaciones forzadas, se mostró satisfecha en abril con la orden y dijo que el lapso de dos años que había requerido el gobierno “hubiera sido una tragedia”.

Tras conocer los nuevos datos reconocidos por el gobierno respecto a 1,556 niños adicionales separados por el gobierno, Lee Gelernt, abogado principal en la demanda de separación familiar y subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que “es impactante que 1,556 familias más, incluidos bebés y niños pequeños, se unan a los miles de otras personas que ya están destrozadas por esta política inhumana e ilegal”.

“Las familias han sufrido tremendamente y algunas pueden nunca recuperarse. La gravedad de esta situación no puede ser exagerada”, agregó.

ACLU y otras organizaciones de derechos civiles y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, advierten que la cifra total de separaciones todavía está por conocerse.

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