Expertos dudan de nuevas políticas de detención anunciadas por la Patrulla Fronteriza

Más del 73% del total de inmigrantes arrestados en la frontera durante la crisis procedían de El Salvador, Honduras y Guatemala. Una ley aprobada por el Congreso en 2008 para combatir el tráfico humano impide que sean deportados de inmediato, excepto si se trata de mexicanos o canadienses.

“Esta situación es alarmante tomando en cuenta las veces que se le ha ordenado (la corte federal del centro de California) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) y a la Patrulla Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) que liberen a los niños bajo el mandato del casoFlores versus Meese de 1997, pero el gobierno sigue violando ese acuerdo y buscando vueltas para no obedecer la ley”, dijo a Univision Noticias la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en San Diego.

La orden judicial mencionada por Velásquez corresponde a los dictámenes de la jueza Dolly Gee, quien entre abril y agosto de este año ordenó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) poner en libertad a menores detenidos en los centros familiares de detención de Dilley y Karnes City, en el sur de San Antonio, Texas, y un tercero en el condado de Berk, Pensilvania.

“La jueza Gee ha sido muy enfática al respecto pero la situación no cambia”, dijo Velásquez. Y agregó que el fallo también alcanza a la Patrulla Fronteriza.  “Sobre los nuevas políticas que anunció el CBP, tenemos que ver si en verdad ellos cumplen con sus procedimientos. Pero por ahora el daño ya está hecho, porque en custodia el gobierno tiene a personas que llevan más de año detenidas”. “Esperemos que en el futuro eviten mas violaciones de la ley”, apuntó.

La demanda de 2014

El fallo de Dolley fue en respuesta a una demanda entablada a finales del año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) durante la crisis que impactó la frontera con México tras el arresto de más de 68,000 niños cuando intentaban ingresar indocumentados al país.

De ellos, poco más del 95% fueron liberados con una orden para presentarse ante una corte y que un juez de inmigración resolviera sus futuros en Estados Unidos. El resto fue entregado a la custodia del Servicio de Salud y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés) y de ICE. Indocumentados que han sido arrestados y luego liberados por las autoridades han denunciado que las condiciones de encierro tanto en los centros de ICE como del CBP violan sus derechos humanos.

La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos dijo en septiembre que los centros de detención de indocumentados “no están cumpliendo con las normas de detención de 2011destinadas a promover la integridad personal de los detenidos”, y que al continuar con la detención de menores no acompañados y de sus familias “el DHS no está cumpliendo con la decisión del tribunal de California”.

Si bien la jueza Gee dio plazo hasta el 23 de octubre para liberar a los detenidos en los centros familiares de ICE, el DHS apeló la sentencia y el lunes anunció las nuevas políticas.

Exigen verificación

“No creo que los cambios sean suficientes”, dijo a Univision Noticias Barbara Hines, profesora de la facultad de leyes de la Universidad de Texas. “No hay mecanismo de monitoreo y no confío en que la Patrulla Fronteriza cumpla con las nuevas normas por su propia cuenta”.

Del detalle de las modificaciones, Hines indicó que “las nuevas normas no cambian mucho en cuanto a los niños con sus madres. Por ejemplo, la limitación de 72 horas en los holding cells(recintos del CBP) ya estaba previsto en el Acuerdo Flores versus Meese de 1997. Y muchos de los reglamentos se limitan con frases tales como ‘cuando sea posible’ o ‘se debe tratar de’, lo cual no quiere decir que se trata de reglas firmes”.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés) contiene la respiración ante los cambios anunciados por la CBP. “Es un paso positivo. Hemos instado a la Patrulla Fronteriza para que sea más transparente y esperamos que estos procedimientos sean el comienzo”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de la entidad.

“Si bien aplaudimos las nuevas políticas, lo cierto es que el verdadero impacto de estas normas aún está por verse”, agregó. Y advirtió que todavía hay mucho por hacer para mejorar las operaciones de la agencia federal. “Una preocupación real para AILA es que para que esto sea exitoso, es necesario que se tomen medidas de responsabilidad genuinas y exista supervisión estricta e independiente que verifique estos cambios”, dijo Nieblas.

Casi 20 años de espera

Elizabeth Kennedy, profesora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara, dice que es triste que todavía, 18 años después, “estamos luchando la batalla” para conseguir que el gobierno acepte y cumpla el acuerdo Flores versus Meese mencionado en sus fallos por la jueza Gee.

“Sabemos que la detención solo empeora la salud mental para los inmigrantes (niños y adultos) que han sufrido trauma en sus países de origen, durante la travesía y en las hieleras”, nombre con el que muchos indocumentados bautizaron a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza.

Kennedy dijo que en sus investigaciones ha descubierto que “algunos (inmigrantes arrestados) se deprimen más, otros piensan en suicidarse, y niños y niñas y adolescentes, rechazan comer o han comenzado a utilizar pañales, a orinarse en la cama y cosas así. Es una inhumanidad completa encerrar esa gente que está buscando un resguardo en un país supuestamente humanitario”.

La investigadora agregó que la oleada de indocumentados en la frontera, si bien bajó en intensidad como la registrada el año pasado, no ha disminuido y “mucha gente todavía esta huyendo. Necesitan y merecen la protección que buscan. Para gente así, desesperada y agredida, huyen hacia el norte en busca de protección. Tenemos que reparar el tejido social y tratar al trauma histórico que viven por tantos abusos, corrupción y inequidad en sus países de origen”.

Los cambios anunciados el lunes no son los primeros que toma el DHS. En enero anunció reformas que incluyeron el acortamiento del periodo de encarcelamiento y la fijación de fianzas más pequeñas en los centros familiares de ICE, pero las nuevas políticas fueron consideradas “insuficientes” por congresistas demócratas, activistas y abogados.

Velázquez reiteró que en muchos casos la política de detenciones del gobierno “viola el debido proceso” de los inmigrantes detenidos por las autoridades de inmigración.

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