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Enero anticipa un año con más deportaciones que en 2018

Publicado el 6 de febrero de 2019
por Sergio Morales Rodas en Prensa Libre. Fotografía de Érick Avila.
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    Cabizbajos, caminando ligero y sin querer hablar con periodistas, los migrantes del último vuelo de enero salieron por la angosta puerta que da a la Avenida Hincapié en la zona 13 capitalina a eso de las 13 horas del jueves de la semana pasada. Sus familiares los esperaban con una mezcla de alegría, por verlos, pero también de frustración, por la forma en que regresaron, con los sueños rotos.

    El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) dio a conocer que durante enero EE. UU. remitió a Guatemala a cuatro mil 76 connacionales, dentro de los cuales se cuentan 388 mujeres y 42 menores de edad.

    El número supera por 290 al total de deportados de enero del año pasado de tres mil 786 y refleja un aumento sostenido durante ese mes de los últimos cinco años que alcanzó el 35 por ciento.

    Desde el 2015, el número de deportados en enero ha venido en aumento y pasó de tres mil 12 a los cuatro mil 76 en el del 2019.

    De esa forma el año comienza con un panorama gris ya que de mantenerse la tendencia de enero el número de guatemaltecos que son deportados de EE. UU. podría sobrepasar al del 2018; lo cual, según analistas, refleja no solo un mayor control de las autoridades migratorias en aquel país, sino también que la gente continúa huyendo de Guatemala.

    El incremento de las deportaciones se da en el momento en que los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y México afinan el contenido de un plan de desarrollo en el sur del país azteca para contener la migración, cuya hoja de ruta se concluyó el pasado 25 de enero.

    Cada vez que se habla de migración irregular es inevitable hablar de las causas que la impulsan y cómo estas perduran a través de los años.

    Para el sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, no ha existido voluntad política de los gobiernos para generar oportunidades de desarrollo en la provincia, por lo cual no hay trabajo y las familias deben migrar para sobrevivir.

    “El gobierno no se ha preocupado para generar oportunidades de trabajo para que las personas se queden en el país y entonces es evidente que tenemos mayor número de salida de persona y deportaciones”, expuso Verzeletti.

    Añadió que, en aldeas remotas del país, como Yalambojoch, de donde era originario Felipe Gómez el niño migrante que falleció mientras estaba en custodia de al Patrulla Fronteriza, no hay presencia del estado y las familias no conoce otra cosa más que la pobreza extrema y como única opción para sostener a sus familias, migrar.

    Las causas que genera la migración son vistas, incluso, como violaciones a los derechos humanos de los guatemaltecos, tal como lo indica el magistrado de conciencia, Jordán Rodas.

    Para el Procurador de los Derechos Humanos, el Estado de Guatemala ha sido uno de los principales responsables del alza de las migraciones porque en el país no hay condiciones para vivir, por lo cual muchas personas salen del país “para sobrevivir” para “buscar esa vida digna que aquí no pueden tener”.

    La falta de atención del estado en regiones remotas del país, asegura Rodas, atenta contra los derechos humanos, a la educación, salud, trabajo, vivienda y nutrición.

    De acuerdo con Rodas, la corrupción también tiene relación directa con la migración debido a que esta socava los derechos humanos puesto que los recursos que son desviados a bolsillos de funcionarios públicos o incluso algunos empresarios ya no se utiliza para el bien común, como lo dice la Constitución, que se alcanza al contar con servicios públicos de calidad.

    Para Alejandra Mena, portavoz del IGM, aunque es muy prematura para pensar en se podría rebasar al cifra de deportados de todo el 2018, es probable que en las próximas semanas aumente debido al flujo de caravanas a las cuales se han adherido muchos guatemaltecos.

    Nervioso, inquieto, comiéndose las uñas, Jorge (no quiso decir su apellido) estaba el pasado jueves en la Avenida Hincapié. No quería hablar hasta que se acercó a preguntar cómo hacía para llegar a Tejutla, San Marcos, su tierra natal.

    Jorge contó que estuvo un año en Ohio, EE. UU., ahí trabajaba colocando cielos falsos, pero fue detenido porque conduciendo se pasó una señal de alto. El migrante de 24 años nunca había estado en la capital, cuando decidió migrar al norte lo hizo directamente desde aquel departamento y ahora sin dinero necesitaba llegar hasta su casa.

    “No tengo dinero ni nada y necesito dinero para llegar allá”, dijo el migrante mientras mostraba con la mano izquierda unas monedas mexicanas que sacó de la bolsa de su pantalón, con la derecha sostenía una bolsa donde llevaba sus pocas pertenencias.

    Al cabo de unos minutos, Jorge relató el motivo de su preocupación: “Dejé a mi esposa y mi hijo allá y estando en prisión me enteré de que está embarazada, tiene cuatro meses. Estoy muy triste por eso”, dijo al borde de las lágrimas.

    No obstante, el migrante considera que ya no volverá a intentar llegar a EE. UU. porque vivir allá “es muy duro”. También recuerda los 25 días que estuvo en prisión desde que fue detenido como los peores de su vida.

    “Solo nos daban un pan con jamón y un jugo dos veces al día, aguantamos mucha hambre y los primeros días estábamos todo el tiempo en una celda sin salir, fue triste, muy angustiante”, relató, mientras afirmaba que tiene familia en San Marcos, pero que no quiso hablarles porque se sentía “muy mal”.

    Mario Ambrosio Pérez es de Concepción Tutuapa, municipio muy cercano a Tejutla, en el altiplano marquense. Aunque dejó a su esposa y sus dos hijos en EE. UU., se ve un poco más tranquilo, debido a que al llegar se puso en contacto con un hermano que trabaja en la capital quien lo llegó a traer.

    El joven migró hacia EE. UU. cuando tenía 17 años, hoy tiene 22 y también la firme convicción de que regresará a aquel país para reunirse de nuevo con su familia y ver a sus hijos Marianela, de 6 años, y Brayden, 2.

    En aquel país se dedicaba a la soldadura y lo detuvieron por haber cometido “un error”. Narra que estuvo cuatro meses en prisión, porque tuvo la intención de pelear su caso judicial, pero desistió cuando se enteró que le costaría US$7 mil.

    Al cabo de unos minutos los dos abordaron el vehículo del hermano de Ambrosio, no estaban seguros de qué iban a hacer. Aunque Ambrosio está seguro de que en una semanas se irá de nuevo a EE. UU., Jorge no, pero sabe que tiene que hacer algo para ver a su familia ya que, como dijo, no puede pensar en que ellos se regresen a Guatemala porque “en San Marcos no se puede vivir”.

    En la entrada de la Fuerza Aérea ese jueves estaba Justo García, un jutiapaneco de 55 años que esperaba ver a su hijo que detuvieron hace unos días cuando recién cruzaba la frontera. Cuenta que en Jutiapa la situación “está fregada”, no hay trabajo no hay cómo ganarse la vida y su hijo, con 33 años, esposa y tres hijos prefirió intentar el viaje a EE. UU.

    “Mi hijo trabajaba de mesero en la capital, pero se enfermó y nos lo tuvimos que llevar a Jutiapa, al curarse intentó buscar trabajo, pero no halló entonces se fue”, narró.

    García contó que en EE. UU. tiene más familiares, incluyendo a un sobrino que logró quedarse a la cuarta vez de intentarlo. Tres veces fue deportado.

    El migrante, afirma García, tuvo que pagar Q18 mil para que un coyote se lo llevara a EE. UU. y al establecerse allá tendrá que pagar Q60 mil más. “La cosa es que no lo regresen, si no, ¿de dónde va a sacar para pagar ese platal”, añade.

    Los deportados que a diario regresan a Guatemala contarán con instalaciones más adecuadas para su recepción, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que está a cargo de un proyecto de remodelación que se lleva a cabo en la Fuerza Aérea.

    La OIM informó que el nuevo espacio contará con áreas adaptadas a las necesidades de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y unidades familiares retornadas, una sala para la lactancia materna, clínicas médicas, áreas para llamadas telefónicas, sala para la entrevista psicosocial, garita de seguridad e incluso una zona de espera para quienes lleguen a recibir a sus familiares.

    El proyecto tiene un costo de US$1.2 millones es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se concluirá en junio del 2019.

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