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El gobierno de Trump elimina el derecho a fianza para los migrantes que cruzan la frontera para pedir asilo

Publicado el 18 de abril de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision.
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    El gobierno de Donald Trump dio un nuevo golpe a la política de asilo este martes al emitir una orden que mantendrá privados de libertad por tiempo indefinido a miles de inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera.

    La medida, que no afecta a los que se presentan a los puertos de entrada, niega a los peticionarios solicitar una audiencia de fianza cuando llegan al país en busca de la protección del gobierno.

    La orden fue emitida por el fiscal general William P. Barr en medio de una nueva oleada migratoria, formada principalmente centroamericanos que huyen del Triángulo Norte a causa de la violencia y la pobreza.

    Tras cruzar parte de Centroamérica y México, los migrantes se entregan en la frontera donde piden asilo. Una ley de 2008 impide al gobierno federal deportarlos de inmediato y establece que un juez de inmigración atienda sus solicitudes.

    Pero el atasco de más de 850,000 casos en los tribunales de inmigración atrasa las primeras audiencias entre dos y tres años, por lo que el gobierno, debido además a la falta de espacio en los centros de detención, ha estado liberando a aquellos que carecen de antecedentes criminales y no representan una amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

    Sin embargo, la nueva orden echa por tierra la política del ‘catch and release’ (capturar y liberar), que se ampara en dos acuerdos judiciales de 1997 que impiden al gobierno privar de libertad a menores de edad y estipulan que si en seis meses un inmigrante no ha sido deportado, puede pedir una fianza.

    La medida no es inmediata: entraría en vigor hasta dentro de 90 días y es casi seguro que será demandada en los tribunales de justicia, dijeron abogados consultados por Univision Noticias.

    “La medida deja abierta la posibilidad de que haya violaciones constitucionales si la persona es detenida por un largo tiempo sin tener derecho a una fianza”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

    “La orden dice que una persona que pasa a una entrevista de miedo creíble no tendrá derecho a un juicio de fianza, algo que está garantizado por las leyes”, agregó. “Eso sin duda motivará demandas de inmediato porque puede haber derechos constitucionales que se vean afectados”.

    La prohibición de fianza es la primera medida en su tipo firmada por Barr desde que asumió el cargo en febrero en reemplazo de Jeff Sessions, quien fue despedido por Trump a principios de noviembre del año pasado.

    En sus casi dos años como el primer fiscal general de Trump, Sessions puso en vigencia la polémica política migratoria de tolerancia cero que, entre otras medidas, revirtió más de 350,000 casos de deportación cerrados administrativamente en los últimos 20 años, puso en marcha la política de separaciones forzadas en la frontera, negó asilo por violencia doméstica y de pandillas, canceló DACA, ordenó suprimir los Estados de Protección Temporal (TPS) de unos 400,000 indocumentados, quitó poderes de discrecionalidad a los jueves y les impuso cuotas que, de no ser cumplidas, serán motivo de despido inmediato.

    La mayoría de las decisiones de Sessions, sin embargo, fueron detenidas por los tribunales de justicia tras demandas entabladas por organizaciones de derechos civiles y defensoras de los derechos de los inmigrantes.

    La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tildó la orden de Barr como una medida “obscena”.

    Tras pasar una entrevista de miedo creíble, inmediatamente después de pedir asilo en la frontera, un inmigrante puede pedir una audiencia de fianza y esperar en libertad la decisión de las cortes de inmigración.

    En abril de 2005, cuando el Congreso aprobó la Ley del Real ID, se estableció que los solicitantes de asilo, en caso exista duda sobre su identidad, pueden ser detenidos mientras continúan sus casos.

    El legislativo, por su parte, tiene autorizadas hasta un máximo diario de poco más de 52,000 camas en los centros de detención de ICE. Pero como los niveles de arresto en la frontera se han incrementado en los últimos meses, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de Trump, muchos han sido liberados por falta de espacio.

    No se sabe, en caso de que la orden de Barr entre en vigor, adónde serán enviados los migrantes que sean detenidos en la frontera, pasen la entrevista de miedo creíble y se les niegue una audiencia de fianza.

    “Lo más probable es que la orden será demandada porque no se explica cómo procederá el gobierno a partir de su implementación”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “El gobierno está dando una orden sin ver la logística sobre dónde acomodará a estas personas”, agregó.

    Barrón dijo además que “están tomando medidas sin ver las repercusiones. Se cometerán abusos y habrá sobrepoblación en los centros de ICE. Nada de esto ha sido planeado adecuadamente”, precisó.

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