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El gobierno de Trump detiene cada vez mas inmigrantes sin antecedentes penales graves

Publicado el 7 de diciembre de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

En una decisión dividida (2-1), un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló el jueves a favor de la nueva regla de carga pública del gobierno de Donald Trump, pero la medida seguirá en suspenso hasta que se resuelvan demandas pendientes en tribunales de otros circuitos.

El dictamen concluye que “es probable que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) tenga éxito en los méritos”, y que tras revisar los argumentos presentados “sería suficiente revertir las órdenes de los tribunales de distrito”, que en octubre detuvieron la entrada en vigor de la medida.

Los jueces determinaron que la suspensión de la nueva regla provocaría al DHS un “daño irreparable”, que la suma de dificultades “favorece una estadía” y que la estadía de los extranjeros en el país es un asunto “de interés público”.

El fallo también señala que desde 1882, cuando el Congreso promulgó el primer estatuto migratorio, la ley prohíbe la admisión a Estados Unidos de “cualquier persona incapaz de cuidarse a sí mismo sin convertirse en una carga pública”.

La orden deja sin efecto prohibiciones dictadas por jueces federales de Oakland (California) y Spokane (Washington), quienes bloquearon la nueva regla. Pero la regla sigue suspendida porque los fallos emitidos por jueces de Maryland y Nueva York no se ven afectados por la sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que pertenece a otra jurisdicción.

La segunda semana de octubre, días antes de su entrada en vigor prevista para el día 15, cuatro tribunales federales de distrito fallaron en contra de la nueva norma que el gobierno de Trump había anunciado en octubre del 2018 y publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) en agosto, 10 meses más tarde.

En uno de los fallos, el juez federal de distrito George Daniels de Nueva York, calificó la nueva regla de carga pública como una desviación innecesaria de los procedimientos establecidos durante “más de un siglo”.

“Además de las alegaciones concluyentes de que serán perjudicados por el impedimento para administrar el sistema de inmigración, los acusados no articularon y no pueden articular qué dificultades reales sufrirán por mantener el status quo”, escribió Daniels.

La norma en suspenso permite a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) negar beneficios migratorios, incluso la residencia legal permanente (green card), a extranjeros que utilizan ayudas públicas tal como cupones de comida, asistencia médica o ayuda para el pago de la vivienda, entre otros.

Las sentencias prohibieron al gobierno la implementación de la nueva norma, que de acuerdo con organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, grupos religiosos y abogados, afectaría a miles de extranjeros, sobre todo de bajos recursos económicos que incluso califican para recibir ciertos tipos de asistencias por parte del Estado.

El panel escribió en el dictamen que, de acuerdo con la ley de inmigración vigente y que fue modificada por el Congreso en 1996, el gobierno puede negar la entrada al país o ajustar su estado migratorio si es probable “que en cualquier momento se convierta en una carga pública”, y que esto lo convierte en “inadmisible”.

Advierte además que, para hacer esta determinación, el funcionario consular, al momento de cursar una petición de visa o beneficio migratorio, como mínimo debe tener en cuenta una serie de factores, entre ellos edad, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades de la persona.

El juez Jay Bybee escribió en la sentencia que el panel encontró que la historia del uso de término carga pública en la ley federal de inmigración “no tiene un significado fijo y e inequívoco”, y que la frase está sujeta a “múltiples interpretaciones, y de hecho ha sido interpretada de manera diferente”, pero que el Poder Ejecutivo “la facultad discrecional de interpretarla”.

La opinión disidente escrita por John Owens, quien discrepó de los otros dos jueces, Bybee y Sandra Ikuta, y dijo que había negado la suspensión de las órdenes dictadas por los tribunales de distrito y permitido que las órdenes judiciales permanecieran vigentes hasta que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito revisara más a fondo la demanda interpuesta por el gobierno.

Bybee e Ikuta fueron nombrados por el expresidente George W. Bush (republicano), mientras que Owens fue nominado por el expresidente Barack Obama (demócrata).

La nueva regla fue publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el 13 de agosto. Tras conocerse los detalles de la medida, que forma parte de la política migratoria de tolerancia cero de Trump, abogados dijeron que se trataba de un “ataque” a los inmigrantes con papeles en regla, el primero a gran escala del gobierno desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

La nueva disposición, que iba a entrar en vigor el 15 de octubre luego de un período de 60 días de comentario público, no solo afecta a los inmigrantes futuros, sino que pone trabas a la inmigración legal al momento de ajustar sus estatus a residentes legales permanentes (green card) y también a sus familiares inmediatos.

De acuerdo con la política anunciada, los inmigrantes legales que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación en caso de que soliciten un cambio de estatus y les nieguen la solicitud bajo amenaza de convertirse en una carga para el Estado.

Si entra en vigor, “la nueva regla cambiará fundamentalmente quiénes somos como país, transformándonos de un país que acoge a las personas que quieren esforzarse para mejorar su vida, en un país manipulado para favorecer a los ricos”, habvía dicho poco antes del dictamen el National Immigration Law Center (NILC).

Para el profesor Stephen Yale-Loehr, de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York, la nueva norma, si entra en vigor, “aumentará dramáticamente el número de inmigrantes que pueden ser considerados no elegibles para la tarjeta verdes en función del uso de ciertos servicios gubernamentales, ingresos del hogar y otros criterios”.

“Según la política vigente, los ciudadanos extranjeros que usan beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid, no se consideraban carga pública. Pero la nueva regla cambia el concepto para incluir esos y otros programas de beneficios no monetarios”, advirtió.

El Departamento de Justicia celebró el dictamen de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito y confía en que al final de la disputa jurídica el gobierno de Trump implemente la nueva regla.

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