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El gobierno confirma que ya implementa restricciones de asilo ordenadas por Trump, excepto en Arizona y California

Publicado el 22 de agosto de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

El Servicio de Inmigración confirmó este martes a Univision Noticias que sus agentes de asilo ya están implementando las restricciones anunciadas a mediados de julio por el gobierno, que exigen que los migrantes que buscan obtener condición de refugiado tengan que hacerlo en el primer país al que ingresan, al que se denomina ‘tercer país seguro’.

La medida, denominada Regla Final Interina (IFR), fue anunciada después de que la administración de Trump no consiguió llegar a acuerdos con México y Guatemala para convertirlos en ‘tercer país seguro’. Se espera que al ser puesta en vigor afecte especialmente a los migrantes que llegan a través de la frontera sur, la mayoría de los cuales huyen de países de Centroamérica.

Una semana después de que se anunció la regla, una corte de Washington DC desestimó una demanda que buscaba detener la medida, dándole una victoria al gobierno federal. Pero la alegría duró solo unas horas. Ese mismo día una corte federal de San Francisco, California, le prohibió al gobierno de Trump negar asilos en la frontera con México.

El sábado, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en respuesta a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dictaminó que las autoridades federales de inmigración pueden rechazarles el asilo a inmigrantes en los estados de Nuevo México y Texas, las dos áreas más concurridas para los cruces fronterizos, pero no podrán hacerlo en California y Arizona, que se encuentran bajo su jurisdicción.

Inmediatamente después del dictamen, los agentes de asilo de la USCIS recibieron un correo electrónico indicándoles que procedieran a implementar la IFR, excepto en la jurisdicción de la corte.

Univision Noticias preguntó a la agencia federal si la medida estaba siendo implementada. “La IFR se aplica fuera del Noveno Circuito de acuerdo con la orden judicial”, confirmó este martes una fuente de la agencia por medio de un correo electrónico. El Noveno Circuito lo integran los estados y territorios de Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.

La regla de asilo ordenada por Trump señala que “específicamente, los Departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) están revisando para agregar una nueva barra de elegibilidad para el asilo de un extranjero que ingresa o intenta ingresar al país a través de la frontera sur, pero que no solicitó la protección contra la persecución o la tortura cuando estaba disponible en al menos un tercer país fuera del país de ciudadanía, nacionalidad o última residencia habitual legal del extranjero a través del cual él o ella transitó en ruta a los Estados Unidos”.

La ACLU respondió a través de su cuenta en la red social Twitter señalando: “La administración de Trump está tratando de manera unilateral de revertir el compromiso legal y moral para proteger a la gente que huye de peligros. Esta nueva medida es obviamente ilegal. La demandaremos rápidamente”.

Según el secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, el objetivo de la medida es ayudar “a reducir la el factor que impulsa la migración irregular hacia Estados Unidos haciendo que menos individuos transiten por México en un viaje peligroso” hasta que actúe el Congreso.

McAleenan agregó que la IFR “reducirá las cargas abrumadoras en nuestro sistema interno provocado por los solicitantes de asilo que no buscaron protección urgente en el primer país disponible, los migrantes económicos que carecen de un temor legítimo de persecución y las organizaciones criminales transnacionales, traficantes y contrabandistas que explotan nuestro sistema para obtener ganancias”.

La nueva norma anunciada se agrega a una larga lista de severos cambios a la política de asilo que van desde la prohibición a la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana hasta la separación forzada de familias presentando cargos crimínales a los adultos que ingresaban indocumentados o por lugares no autorizados en la frontera con México.

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