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El flujo de migrantes en la frontera agravará la crisis en tribunales de Inmigración, advierte jueza

Publicado el 13 de septiembre de 2016
por María Peña en El Diario

DENVER.- El continuo flujo de niños no acompañados de Centroamérica sólo agravaría la disfunción y las demoras en el sistema de tribunales de Inmigración, que desde ya afronta una montaña de más de medio millón de casos pendientes, advirtió este martes la jueza de Inmigración, Dana Leigh Marks.

“Estamos viendo ahora mismo una tremenda disfunción en nuestro sistema para absorber este reciente aumento, pese a que debió ser predecible…ha habido otras olas de migrantes en el pasado, por ejemplo de Cuba y de Haití, pero no golpearon tan duro al sistema”, dijo en entrevista con este diario Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por su sigla en inglés).

“Parece que el flujo de inmigrantes (centroamericanos) disminuyó en 2015, en parte porque México pudo interceptar a más personas… pero este año los números han vuelto a subir, y a manera de anécdota, conforme a mi experiencia, mis colegas y yo lo estamos sintiendo en nuestras cortes”,afirmó Marks.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), las autoridades arrestaron a cerca de 10,000 indocumentados agrupados en unidades familiares en agosto pasado, para un total de 68,080  unidades familiares de Centroamérica en los primeros once meses del año fiscal 2016.

También arrestaron a 5,800 niños no acompañados en agosto, para un total de 54,052 menores.Ambas cifras sugieren que 2016 superará el número de arrestos en la frontera sur en 2014.

En la década de 1980, cuando Marks era abogada de inmigración, hubo un aumento de migrantes centroamericanos debido a la inestabilidad política de entonces en algunos países y, aunque fue una tarea difícil, las cortes estaban preparadas “pero no abrumadas por completo”, dijo la jueza.

Marks, que tiene 40 años de experiencia en el campo de inmigración, señaló que los jueces carecen de suficientes recursos administrativos para manejar sus casos, y eso contribuye a la sensación de ahogo por la montaña de trabajo.

Y le preocupa que, precisamente debido en parte a los problemas de recursos, la fatiga, y condiciones laborales de alta presión, más jueces están optando por jubilarse en cuanto pueden, privando al sistema de magistrados con vasta experiencia y que puedan transmitir sus conocimientos a nuevos jueces.

Tan sólo en 2016, más de un centenar de jueces de Inmigración califican para la jubilación.

El año pasado, el Departamento de Justicia contrató a 23 nuevos jueces de Inmigración pero, al mismo tiempo, 22 se jubilaron. La expectativa es que este año, la agencia contrate a hasta 70 jueces, según Marks.

Para finales de julio pasado, la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, por su sigla en inglés),  que supervisa los tribunales federales para casos de Inmigración, indicó que éstos registraron un total de 502,976 casos pendientes de solución, la mayor cifra que ha afrontado hasta la fecha. El tiempo de espera promedio es de dos años.

En 2013, ya antes de la crisis migratoria en la frontera sur en 2014, en el tribunal de San Francisco (California) la espera era de 15 meses para una primera audiencia, y entre 3 y 4 años para la revisión del caso.

En la actualidad, según datos de EOIR, hay un total de 277 jueces de Inmigración repartidos en 59 tribunales en todo el país.

Para el año fiscal 2017,  la Cámara de Representantes aprobó fondos para la contratación de 25 equipos judiciales, pero el Senado aún no asignado fondos para éstos.

Desde 2014,  por órdenes de la Administración Obama, la mayoría de estos jueces atiende de forma prioritaria las peticiones de asilo de decenas de miles de niños no acompañados y familias que han huido de la violencia en Centroamérica. Pero eso no ha hecho desaparecer los demás casos pendientes.

El grupo neoyorquino “Human Rights First” calcula que se requieren 524 jueces para poder eliminar los casos acumulados en los tribunales en un plazo de un año.

Según datos oficiales, solo el 1,7% de los fondos para recursos policiales de las agencias del gobierno, o $350 millones, está destinado al sistema de tribunales de Inmigración.

En concreto, el presupuesto combinado de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó en un 105% entre 2003 y 2015, de $9,100 millones a unos $18,700 millones, respectivamente.

En cambio,  mientras las operaciones policiales aumentaron las demoras en los tribunales de Inmigración en un 163% durante ese mismo período,  el aumento de fondos para estas cortes solo subió en un 74%, de $199 millones a $347,2 millones, según “American Immigration Council”.

Durante un foro organizado en Denver por el Instituto de Justicia y Periodismo (IJJ, por su sigla en inglés), Marks delineó los problemas actuales, y sugirió que el Congreso debe aprobar más fondos para responder a las carencias del sistema de tribunales de inmigración.

También explicó que, a su juicio, los tribunales de Inmigración deberían funcionar de forma independiente y no como parte del Departamento de Justicia.

En 2009, una encuesta reveló que los jueces de Inmigración registraron mayor estrés y fatiga laboral que los agentes de cárceles  y médicos, “pero la situación ha empeorado”, advirtió Marks.

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