El auge de la ‘crimigración’ o cómo se ha criminalizado a los inmigrantes

En una conferencia organizada por el Institute for Justice and Journalism esta semana, asistí a una presentación de César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad de Denver y autor del libro Crimmigration Law. El término ‘ crimigración’ , acuñado por la jurista Julie Stumpf en 2006, se refiere al complejo nexo de la política de inmigración y los servicios policiales que surgió en Estados Unidos después de 1980. En su libro, García explora el auge y las consecuencias de este fenómeno, haciendo una crónica sobre cómo una serie de legislaciones hilvanaron varias prácticas de derecho penal y migratorio, y crearon el monstruoso sistema actual que incentiva el encarcelamiento de inmigrantes.

Primero, algunas nociones de crimigración: el primer par de estas leyes surgió durante la administración Reagan. Las subsecuentes leyes fueron promulgadas con la aprobación de los presidentes demócratas y republicanos que vinieron posteriormente. Algunas abordaban explícitamente los delitos relacionados con las drogas, y otras, la inmigración. Pero todas en cierta medida abordaban ambos temas, lo cual provocó que las funciones de la policía y de los agentes de inmigración coincidieran y actuaran con mayor coordinación entre sí.

También introdujeron y ampliaron una amplia categoría de actividades criminales denominadas “delitos graves”, las cuales, en el caso de los no ciudadanos pueden resultar en la deportación inmediata (incluso en el caso de delitos como las apuestas o la posesión de pastillas contra la ansiedad o pequeñas cantidades de marihuana). Por último, estas leyes autorizaban el arresto preventivo y obligatorio, y reembolsaban a los gobiernos locales y del condado por encarcelar inmigrantes.

Los casos por delitos relacionados con la inmigración —principalmente por ingresar al país sin documentación o reingresar ilegalmente después de una deportación— comenzaron a aumentar poco a poco en la década de 1980. Desde la década de 1990, las condenas por esos delitos se han disparado. Así lo describe el Pew Research Center (hemos agregado la letra en negrita):
“Entre 1992 y 2012, el número de delincuentes condenados en tribunales federales se duplicó con creces, pasando de 36,564 a 75,867 casos. Al mismo tiempo, el número de condenas por reingreso ilegal aumentó 28 veces, de 690 casos en 1992 a 19,463 en 2012. El aumento de las condenas por reingreso ilegal por sí solo representa casi la mitad (48%) del crecimiento en el número total de delincuentes condenados en tribunales federales durante ese período”.

Actualmente, los delitos relacionados con la inmigración ya representan aproximadamente un 40% de los casos penales federales. Esa proporción ha sido mucho mayor que la de delitos de cuello blanco, o la de delitos violentos relacionados con las drogas en los últimos años:

Juicios federales criminales, según datos del Departamento de Justicia. César Cuauhtémoc García Hernández

Los sospechosos de delitos relacionados con la inmigración también representan un 50% de las personas arrestadas y procesadas por los servicios de aplicación de la ley federal. Una vez más, ésa es una proporción mucho mayor que la de aquellos que han cometido otros tipos de delitos, según los datos más recientes del Buró de Estadísticas Judiciales:

Encarcelamiento criminal a nivel federal, basado en los datos más actuales de la Oficina de Estadísticas Judiciales. César Cuauhtémoc García Hernández
Me reuní con García después de su presentación para hacerle unas preguntas sobre este fenómeno. A continuación, se presentan los aspectos más importantes de nuestra conversación, editados y condensados para una mejor comprensión.

–¿Podría explicar la idea detrás del concepto de ‘crimigración’?
–Históricamente, las legislaciones penal y migratoria se han considerado dos áreas separadas. El concepto de “crimigración” se enfoca en cómo y por qué el límite entre estas dos zonas tradicionalmente separadas de la ley se han vuelto tan borroso repentinamente, hasta un punto en que es difícil distinguir dónde termina una y empieza otra.

–¿Cuáles son los diferentes componentes de la ‘crimigración’, en términos generales?
–El primero es la idea de que ahora hay un mayor número de delitos que pueden resultar en problemas de inmigración. El segundo es que hay un aumento en la cantidad de actividad relacionada con la migración que puede, como sucede frecuentemente, resultar en enjuiciamientos. El tercero es que hay muchas más prácticas de aplicación de la ley que son excepcionalmente severas.

–¿Cuál era el contexto político detrás de la creación de este sistema?
–El período de principios y mediados de la década de 1980 fue un tiempo durante el que los grandes grupos de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos eran demonizados fácilmente, porque eran pobres y porque eran de piel oscura, especialmente la gente de Cuba, Haití y algunas otras naciones del Caribe. Grandes grupos de centroamericanos [también] huían de la violencia en esa región, en gran medida provocada por los grupos políticos de izquierda que se habían levantado en armas contra los gobiernos represivos de derecha, muchos de los cuales Estados Unidos apoyaba.
Muchos prominentes políticos estadounidenses, incluyendo el presidente Reagan, estaban intentando desarrollar el fenómeno de aplicación de la ley que ahora conocemos como la Guerra contra las Drogas. Así que aprovecharon la creciente preocupación por la actividad ilícita relacionada con las drogas y la usaron como una forma para atacar a los migrantes que venían a este país. Muchos de estos inmigrantes fueron blanco [ de la misma retórica que] las personas de las comunidades afroestadounidenses. Otros fueron considerados peligrosos por otras razones. De una forma u otra, todos ellos representaban peligros para la forma de vida en Estados Unidos.

–Pero antes de la década de 1980 también se tomaron medidas severas contra la inmigración, ¿no es cierto? Estoy pensando en la deportación masiva de mexicanos ocurrida bajo el mandato del presidente Dwight Eisenhower, por ejemplo, la cual Donald Trump ha utilizado como modelo para su propia agenda de deportación.
–Usted se está refiriendo a la ” Operación Espalda Mojada” en 1954. Por su absoluta ferocidad e indiferencia ante el sufrimiento humano, la Operación Espalda Mojada comparte características importantes con el auge de las leyes de crimigración. Sin embargo, hay tres diferencias importantes. En primer lugar, la Operación Espalda Mojada fue de corta duración. Duró todo el verano de 1954. Sus masivas redadas indiscriminadas de personas no se convirtieron en la característica predominante de la aplicación de la ley de inmigración durante las décadas siguientes. En segundo lugar, la Operación Espalda Mojada fue en gran medida la iniciativa de una sola agencia. En tercer lugar, se enfocó casi exclusivamente en la expulsión de personas de Estados Unidos. Dos ejes políticos caracterizan las leyes y políticas de crimigración: encarcelamiento y expulsión. Con más de medio millón de personas confinadas cada año a causa de una presunta o confirmada violación de las leyes de inmigración, es fácil darse cuenta de que el encarcelamiento es una característica central del moderno régimen jurídico de la crimigración.

–Entonces, ¿dónde encaja Trump en la historia de la crimigración?
–La retórica de Donald Trump oscila entre deplorable y descaradamente racista, pero es una extensión de la retórica sobre la criminalidad de los migrantes que ha dominado las conversaciones políticas sobre la inmigración durante décadas. Republicanos y demócratas han agrupado frecuentemente a los migrantes en dos facciones: los buenos y los malos.
Hay cierto desacuerdo sobre lo que constituye un “buen” inmigrante. ¿Es suficiente tener familia aquí, un alto nivel de habilidades codiciadas, o se necesita algo más? Sin embargo, casi todos los republicanos y demócratas convencionales coinciden en lo que constituye un “mal” inmigrante: alguien con antecedentes criminales o afiliación a alguna banda criminal. Como bien se sabe, el presidente Obama reflejó este sentimiento cuando explicó que las tácticas de aplicación de las leyes migratorias de su administración se han enfocado en los “criminales, no las familias”. El problema con este sistema binario es que es demasiado simplista como para capturar la realidad de la vida humana.
Definir el contenido de las propuestas políticas [de] Trump no es nada fácil porque no da muchos detalles concretos. Dice que quiere construir un muro a lo largo de la frontera con México. Actualmente tenemos aproximadamente 700 millas de muro. Puede no ser tan lindo como el muro que Trump promete, pero es un muro de todos modos. Dice que quiere triplicar el número de agentes de ICE y contratar otros 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza. Actualmente tenemos más agentes de las fuerzas de inmigración que nunca antes en la historia de Estados Unidos. Dice que quiere priorizar la eliminación de criminales y pandilleros. Lo mismo ha dicho el presidente Obama. En efecto, muchas de las acciones que Donald Trump afirma que adoptará para cumplir las leyes de inmigración son sólo una extensión de lo que el gobierno de Estados Unidos ya ha estado haciendo.

–Entonces la crimigración es un asunto de ambos partidos políticos. ¿Cuáles son las repercusiones de este sistema para los inmigrantes y los juzgados?
–El impacto sobre los propios inmigrantes ha sido el más duro. Caen con más facilidad en un proceso de deportación. Es mucho más probable que una vez que estén ahí, terminen siendo deportados. Mientras el caso se abre paso a través de los tribunales de inmigración, es más probable que la persona termine detrás de una alambrada de púas, quizás en la cárcel del condado, quizás en un centro de detención a cargo de una compañía privada cuya principal motivación es ganar dinero.

–¿Qué papel juega la economía en todo esto?
–Actualmente el aspecto económico del uso generalizado de la prisión de inmigración tiene dos vertientes. En primer lugar, tenemos el hecho de que la mayoría de las personas que se encuentran en una prisión de inmigración en alguna parte de Estados Unidos provienen de países con los que Estados Unidos ha tenido viejas relaciones de explotación.
El otro componente de esto es la mercantilización de las personas que son el blanco del aparato de aplicación de la ley de inmigración actualmente. Las personas que están en prisión por una presunta violación de la ley de inmigración representan una gran cantidad de dinero para la gran cantidad de partes interesadas. La más obvia de éstas son las corporaciones de prisiones privadas que ganan cientos de millones de dólares de ingresos anuales por contratos con agencias gubernamentales.
Los gobiernos de los condados son los otros personajes principales de esta historia. Muchos han construido y poseen prisiones y cárceles que luego llenan de inmigrantes. Para algunos de estos condados, [estas cárceles] representan una fuente muy importante de ingresos. Tienden a ser condados bastante aislados y económicamente deprimidos, por lo que las prisiones llegan a representar un programa de obras públicas y empleos.

–¿Cree que es posible separar la inmigración y el derecho penal en el futuro, especialmente en el tipo de clima político divisivo que tenemos actualmente?
–Pienso que esta tendencia es sin dudas reversible. Debemos recordar que la ley no cayó sobre nosotros como maná del cielo. Fue creada por seres humanos. Y podemos encontrar alternativas en el pasado muy reciente. Si alguien cometía algún delito, era investigado, enjuiciado y castigado mediante el sistema de justicia criminal. Eso sucedía independientemente de si la persona era ciudadano estadounidense o no: no había una sanción extra para las personas que no eran ciudadanos estadounidenses. Ese modelo existe y fue implementado durante casi todo el siglo XX.
Y Estados Unidos prosperó a pesar de eso. De hecho, quizás Estados Unidos prosperó debido a eso. Tenemos un siglo de estudios que muestran que los inmigrantes tienden a cometer menos crímenes que los ciudadanos nacidos en el país, tienden a hacer más seguras sus comunidades.

–¿Y qué hay del argumento de que están justificados los castigos más severos para personas que no sean ciudadanos estadounidenses, porque el hecho de ser un ciudadano estadounidense es un privilegio que se gana?
–Ese argumento obvia la realidad de que la expulsión de personas de Estados Unidos deja vacíos en las comunidades existentes. Esa perspectiva también tiene cierta incoherencia interna, porque la mayoría de nosotros obtenemos la ciudadanía no por lo que hicimos, sino por dónde nos tocó nacer. Yo obtuve la ciudadanía porque nací unas pocas millas al norte del Río Bravo, en lugar de unas pocas millas al sur. Y, sin embargo, no tengo que sufrir estas decisiones que alteran la vida y, en algunos casos, acaban con ella.

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