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Deportados connacionales a la deriva

Publicado el 11 de abril de 2019
por Manuel Ayala en Zeta. Fotografía de Ramón T. Blanco Villalón.
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    Alfredo Morales recorre diariamente la Zona Centro de Tijuana en busca de algún trabajo o actividad que le permita juntar unos pesos para sobrevivir. Lava carros, poda pasto, ayuda a descargar mercancía en mercados, barre calles, vende fruta en algunos semáforos. Por las noches regresa al puente de la colonia 20 de Noviembre para resguardarse principalmente de los policías.

    Alfredo tiene 47 años de edad, es originario de Huetamo, Michoacán y fue deportado a Tijuana el 1 de enero, luego de más de 35 años radicando en Chicago, Illinois, ya con una vida, un negocio personal y una familia establecida.

    Cuando lo detuvieron, luego de una redada cerca de su casa, ni tiempo le dieron para despedirse de su familia ni para “desearles año nuevo”, ya que pasó esa noche en un centro de detención, para posteriormente ser llevado a la Garita de San Ysidro, por donde lo regresaron a Tijuana.

    Alfredo asegura haber tenido la “fortuna” de no ser “presa de los elementos policiacos que suelen rondar la zona para robarnos el dinero y las pertenencias”, como había escuchado antes por testimonios de conocidos: que luego los encargados del “orden y la seguridad” son quienes les ponen las primeras trabas.

    Gracias a eso y a su intuición, ha podido mantenerse de esa manera en el anonimato, sin involucrarse en problemas, pero a la vez ganando un poco de dinero mientras retoma su vida en esta ciudad.

    Alfredo es uno de los 14 mil 754 casos de migrantes connacionales que han sido deportados en lo que va del presente año ante el Instituto Nacional de Migración (INM): 10 mil 390 por Tijuana y 4 mil 300 por Mexicali. Un promedio de 163 personas deportadas diariamente.

    Cifras que en comparativa son muy semejantes al mismo periodo del año pasado, pero que en contexto reflejan lo que especialistas y autoridades migratorias refieren como una nueva modalidad en el tema de deportaciones; el hecho que son cada vez más los connacionales con periodos de estancia más prolongados en Estados Unidos, los que están siendo deportados.

    Anteriormente estos casos se registraban principalmente al momento del cruce o a unos días de haberlo realizado, sin embargo, ahora son personas que ya tenían 10, 15, 20 o hasta más años radicando en el país vecino, lo cual denota el cambio en políticas migratorias que las autoridades estadounidenses han venido dando en los últimos años.

    Situación que de este lado de la frontera preocupa aún más tanto a los especialistas como a las autoridades, considerando que el trabajo de reincorporación social y laboral es nulo, además, la coordinación interinstitucional no es muy buena y con estos casos se requiere un esfuerzo doble y mayores recursos para su atención, lo cual el nuevo Gobierno Federal ha retirado al menos mediante la atribución a organismos de la sociedad civil.

    Laura Velasco Ortiz, profesora e investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y experta en temas de migración, considera que desde 2016, con la llegada de los haitianos, estas corrientes migratorias en colectivo han invisibilizado y dejado en segundo término a los deportados, principalmente desde el enfoque de la atención de gobierno.

    En los últimos años se han comenzado a consolidar programas en términos de recepción y de inserción social y laboral, como el de Repatriación Humanitaria y la estrategia Somos Mexicanos que, a decir de la especialista, “tienen una visión mucho más amplia sobre cómo reaccionar ante los flujos de deportación”.

    Sin embargo, lamentan los especialistas que no existan protocolos de seguimiento a estos programas ni a los propios deportados, dejándolos a la deriva de sus circunstancias, lo cual resulta “preocupante” por la carencia y recorte a los recursos destinados a los albergues, que finalmente reciben a los deportados y han enfrentado el problema de forma directa.

    Cuestión que desde la sociedad civil han estado señalando al Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su gestión anunció que se retiraría el apoyo directo a organizaciones de la sociedad civil, dejando también de lado el fondo de migralidad que se tenía contemplado para esta región y que en años anteriores sirvió incluso para la atención de haitianos y de los flujos de migrantes centroamericanos que terminaron relegando a los connacionales.

    De acuerdo con cifras del INM, del total de deportados, alrededor del 20% decide regresar a sus lugares de origen, el 50% intenta internarse a Estados Unidos por sus propios medios, y el 30% restante se queda en la región. Como Alfredo, quien optó por quedarse acá para buscar recomenzar su vida y estar un poco “más cerca” de su esposa y dos hijas que se quedaron en Chicago.

    Para los especialistas y activistas, el porcentaje de personas que deciden quedarse en México es “muy significativo e importante” no por el hecho de que sean más o menos en comparación con otros años, sino por la diversidad de perfiles de los deportados, ya que hace 20 años se tenían otros.

    Anteriormente el principal perfil era el de las personas captadas en los intentos de cruce de la frontera o que tenían poco tiempo de estancia en Estados Unidos, lo cual cambió y ahora son personas que ya llevaban un tiempo más prolongado de vida en el país, ya contaban con familia e incluso habían logrado su residencia y se encontraban en proceso de ciudadanización.

    José María García Lara, director del albergue Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana, asegura que esta situación complica aún más la problemática, debido a que cambian los procesos de atención, de inserción social y laboral y estos requieren de una mayor atención integral y especializada.

    “Son personas que lo perdieron todo, que tenían familia, en su caso un hogar o sus propios negocios, y de un momento a otro se los quitaron y los alejaron de ello, entonces el golpe emocional es diferente, es mucho más fuerte y requiere de otro tipo de atenciones”, dijo.

    Es el caso de Jorge Sánchez, de 39 años y originario de Ocotlán, Jalisco, que fue deportado el 13 de febrero y desde entonces dice no saber qué hacer con su vida, ni cómo reponerse del “duro golpe que me dio esto de la deportación”.

    Jorge era dueño de un taller de carpintería en Reno, Nevada, adonde llegó a los 15 años con uno de sus tíos, quien le enseñó el oficio; luego de una década se aventuró a poner su propio taller y desde entonces no le iba “muy bien”, pero ganaba lo suficiente para sobrevivir sin carencia alguna.

    Cuenta que llevaba casi 14 años con su negocio cuando llegaron por él los de Migración para deportarlo; achaca su “infortunio” a “las envidias” de otros mexicanos con quienes solía competir por los clientes. “Me pusieron dedo”, refiere sobre quienes lo acusaron con las autoridades migratorias y de un momento a otro terminó en Tijuana.

    “El golpe fue más duro porque no fue por algo que yo hubiera hecho, ¿sí me entiendes? A mí me pusieron dedo, lo bueno es que ni casado estaba, si no, sabe Dios qué me hubiera hecho”, dijo.

    Actualmente Jorge deambula por la colonia 20 de Noviembre en busca de quien le pueda proporcionar algo de dinero, no piensa regresar a su pueblo natal porque ya no va a reconocer nada ni a nadie de los que ahí queden, y lo único que hace es “ahí llevarla poco a poco”.

    Uno de los grandes problemas que enfrentan los deportados para su integración inmediata, es que llegan sin documentos mexicanos y no saben cómo obtenerlos ni a dónde recurrir, sobre todo aquellos que tenían mucho tiempo viviendo en Estados Unidos.

    Una vez  que son deportados y recalan en el INM, la instancia les entrega una carta como identificación, con la cual pueden solicitar su credencial del Instituto Nacional Electoral -en caso de no tenerla- o acceder a servicios médicos; sin embargo, cuando salen de dicha instancia el primer obstáculo son los policías municipales, quienes aprovechan su autoridad para robarles pertenencias como dinero, relojes y teléfonos celulares.

    Pero también para romperles sus documentos o quitárselos, motivo con el cual justifican la “vagancia” de la persona para ser llevados al centro de detención, encerrarlos unas horas y después dejarlos salir, a veces golpeados y totalmente a la deriva, con la confianza “por los suelos”, como lo relató el propio Jorge, quien ha sido víctima de estos abusos en reiteradas ocasiones.

    Ello complica y acrecienta todavía más la problemática, como coinciden otros activistas consultados, puesto que provocan que los deportados terminen en situación de calle, involucrados en el consumo de alcohol o sustancias tóxicas.

    Bajo el contexto de Baja California entró en un periodo de elecciones a alcaldes y gobernador, activistas como José María García Lara resaltan que será sumamente importante que estos muestren en su agenda prioritaria el tema de la migración, específicamente el de los deportados.

    Principalmente porque son los que fluctúan en el Estado y en el país, además, durante su estancia en Estados Unidos han contribuido a México con el envío de las remesas, por lo que esperan que “mínimo” les den un trato “digno” al momento de ser retornados.

    “Muchos candidatos son de fuera y llegaron como migrantes para comenzar a hacer aquí sus vidas, saben de lo que se trata, por eso deben tomarlo en cuenta y promover tipos de acciones a emprender, visualizar programas de atención, entre otras cosas”, manifestó García.

    La investigadora Laura Velasco resaltó que ante las circunstancias “no tenemos que quedarnos con los grandes acontecimientos, como lo han sido las caravanas; se tiene que dar seguimiento a estos procesos porque los deportados siguen siendo cuantitativamente importantes y cualitativamente están cambiando la dinámica social en México”.

     

     

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