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Aprueba Congreso Ley de Protección a Migrantes

Publicado el 22 de diciembre de 2020
por Alejandro Domínguez para La Voz de la Frontera. Foto por Congreso BC

Por unanimidad de los diputados presentes, el Congreso del Estado aprobó la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del estado, con lo que se garantizan sus derechos humanos.

Con ello se abroga la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California, de 2014.

En la sesión plenaria no presencial del pasado viernes, que se dio en el marco del Día Internacional del Migrante, por 19 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, se aprobó la iniciativa promovida por la recientemente fallecida diputada local por Morena, Carmen Leticia Hernández.

Además del diputado sin partido Miguel Ángel Bujanda; Fausto Gallardo García del PVEM; Juan Meléndrez Espinoza de Morena; Rodrigo Anibal Otáñez Licona por el PBC; Eva María Vásquez Hernández del PAN, y la también diputada sin partido, María Trinidad Vaca Chacón.

La nueva ley se integra por un total de cuarenta artículos distribuidos en once capítulos, denominados: Disposiciones Generales; De la coadyuvancia en la protección de los derechos de las personas migrantes.

De la participación social en los programas de atención a las personas migrantes; De los derechos y obligaciones de las personas migrantes: La inclusión de las personas migrantes; el Consejo Estatal de Asuntos para Personas Migrantes; a Subsecretaría de Asuntos para Personas Migrantes.

Entre los objetivos de la presente ley se encuentra el de; “Fomentar la participación individual y colectiva de la sociedad organizada con organismos gubernamentales, que promueva o procure la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias”.

Se crea el Consejo Estatal de Asuntos para Personas Migrantes de Baja California, que es un órgano consultivo y de asesoría en materia de atención al migrante, de interés público y beneficio social, que estará presidido por el Gobernador del Estado.

También crea la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, así como el Registro Estatal de Migrantes, que será de forma voluntaria, además, se promoverá la incorporación al organigrama municipal, la Dirección de Atención al Migrante en los Ayuntamientos del estado.

En su Artículo 11 se establece que “la Fiscalía General del Estado podrá determinar la creación de agencias del ministerio público especializadas en delitos cometidos en contra de personas migrantes.

Mientras que en el Artículo 12, señala que “los proyectos de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y de los Municipios deberán incluir partidas presupuestales para la implementación de programas de atención a las personas migrantes.

“La ejecución de dichas partidas, fondos y recursos destinados a la atención de personas migrantes será considerada de interés público y, por lo tanto, no podrán sufrir disminuciones ni transferencia para otros conceptos en el ejercicio fiscal correspondiente.

En el Artículo se señala que “las personas migrantes podrán acceder a los servicios educativos, de identidad y tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, prevista por el sector público, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.

Y que “en la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos”.

Triny Vaca fue la encargada de leer el dictamen número 1 de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que contenía esta nueva ley que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Expuso que el Artículo 3 de la Constitución Federal, cita que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, precisó.

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