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AMLO defiende a migrantes frente a Trump, pero las detenciones en México se disparan 100%

Publicado el 1 de junio de 2019
por Alberto Pradilla y Manu Ureste en Animal Político. Fotografía de Cuartoscuro.

Luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a productos nacionales si México no soluciona el fenómeno de la migración irregular, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de los migrantes asegurando que “los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto sino por necesidad”.

“¿Cómo convertir al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de la miseria”, cuestionó López Obrador a Trump en una carta que le remitió el pasado 30 de mayo en la noche, mientras que este viernes 31, en un evento en Tlaxcala, insistió en que “todos los migrantes merecen respeto, comprensión y nuestra mano fraterna”.

Sin embargo, la carta y las palabras de López Obrador contrastan directamente con lo que sucede en la frontera sur de México, donde organizaciones civiles denuncian un hostigamiento de las autoridades migratorias para detener y deportar personas sin documentos, en colaboración con policías, soldados y la nueva Guardia Nacional.

Este aumento en la presión ha ocasionado que imágenes del pasado, especialmente de los años 2015 y 2016, cuando a raíz del Plan Frontera Sur se rompieron récords de deportaciones gracias a redadas en las vías del tren, carreteras y caminos, se repitan ahora, a pesar de que el nuevo Gobierno Federal insiste que el enfoque de la política migratoria ya no es de seguridad nacional, sino de respeto a los derechos humanos.

Pero, las palabras del presidente no solo contrastan con esas imágenes que se repiten, como la redada masiva del pasado mes de abril, cuando agentes del INM y policías detuvieron a más de 400 migrantes en Pijiiapan, Chiapas, sino también con las estadísticas oficiales de detenciones.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), al corte de ayer viernes, solo en el mes de mayo detuvieron a 22 mil 694 migrantes sin documentos, y deportaron a 15 mil 654.

Esta última cifra supone un aumento de 119% en comparación con mayo del año pasado, cuando el INM detuvo a 10 mil 350 personas.

Y, si se compara con el mismo mes de 2017, el aumento es todavía mucho mayor: hasta 220%.

En tan solo los cinco primeros meses de este 2019, el INM detuvo a 74 mil 031 migrantes, un 36% más que el año pasado, y un 105% más que en 2017, siendo abril y mayo cuando se produjo la escalada de intensidad en el control migratorio, como lo prueba otro dato: entre enero y mayo de este año, las capturas se dispararon 175%. Mientras que en el mismo periodo del año pasado, solo aumentó 12%.

Como viene siendo habitual en los últimos años, puesto que es una población que está saliendo más debido principalmente a la violencia de las pandillas y a la permanente crisis económica, el mayor número de migrantes detenidos es de Honduras; casi el 50% del total de las capturas.

En cuanto a las devoluciones, es decir, las deportaciones de migrantes que tras ser detenidos y puestos en estaciones migratorias ya fueron expulsados, la cifra de mayo (15 mil 654) también refleja un aumento del 80% en comparación con abril de 2018.

El Instituto Nacional de Migración, en su página web, señaló que esta alza en las estadísticas de detenciones y deportaciones se debe a que, en los primeros meses de 2019, el flujo de personas centroamericanas, principalmente de Honduras, “aumentó de manera muy notable en comparación con la tendencia del 2018 y años anteriores”.

Claudia León, integrante del Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, que acaba de participar en una nueva Misión de Observación civil en la frontera sur, criticó en entrevista con Animal Político que, tanto las cifras oficiales, como los hallazgos que documentaron en el terreno, sustentan que “no hay una congruencia entre el discurso del gobierno actual y la realidad”.

Entre esos hallazgos, Claudia León subrayó varios.

Por ejemplo, que la Misión corroboró que “se agudizó” el enfoque de seguridad militarizada por encima de los derechos humanos de las personas en movilidad.

“Documentamos múltiples puntos de control migratorio con fuerte presencia de policía federal y de policía militar, sin que haya claridad de sus funciones y facultades en el contexto migratorio. Observamos que es una práctica de Estado sistemática e intencional”, apuntó la activista.

Esta observación contrasta también con las palabras del actual comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, quien en entrevista con este medio en noviembre pasado, antes de asumir el cargo, dijo que el uso de fuerzas armadas en tareas de control migratorio debía ser “la excepción de muy última instancia”.

“A partir del 1 de diciembre (del año pasado), la idea es que la policía y el Ejército no intervengan en la detención de migrantes”, apuntó Guillén.

“Y si lo hacen -matizó el comisionado-, que lo hagan siempre conforme a la ley. Es decir, con un oficio donde se les pide ayuda de manera muy puntual, por un caso muy concreto. En otras palabras, su actuación debe ser la excepción, y, además, la excepción de muy última instancia”.

Otra observación de la Misión civil, en la que participaron 24 organizaciones de México, Centroamérica y Estados Unidos, es que hay familias “que son separadas en redadas durante la detención, liberación y deportación”.

Documentamos que se está vulnerando el principio de la unidad familiar, incluso en aquellas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiadas”, resaltó León.

Y otra observación: la detención de migrantes se ha intensificado hasta tal punto, que el INM está haciendo redadas para capturar a migrantes cuando descansan en hoteles.

Esto último va en consonancia con la denuncia que hizo el pasado 30 de mayo la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur en el espacio de la periodista Denise Maerker, donde reportaron operativos de agentes del INM en coordinación con Policía Federal y la Guarda Nacional, para capturar a migrantes que están en tránsito, o que aguardan en ese lugar para resolver su condición de solicitante de refugio.

Además, Claudia León denunció que se están llevando a cabo redadas nocturnas en el Parque central de Tapachula, en la frontera de Chiapas y Guatemala, donde migrantes que no tienen dinero para pagar un hotel, duermen en la calle.

En cuanto a los migrantes que no están siendo detenidos, agregó la activista, éstos también están viviendo “una situación infrahumana e indigna”, ya que la Misión de Observación documentó que hay familias enteras, con niños y niñas, viviendo en tiendas de campaña en las inmediaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula esperando a que las autoridades migratorias les atienda.

Es una estrategia de desgaste hacia las poblaciones migrantes y los solicitantes de refugio, para cansarlos y orillarlos a situaciones sumamente precarias”, acusó la defensora de derechos humanos, que concluyó diciendo que todo lo que documentaron en la Misión de Observación prueba que el discurso gubernamental de poner los derechos humanos por encima del enfoque de seguridad nacional “es una mentira”.

Animal Político solicitó una entrevista con el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, para cuestionarle por alguno de los hallazgos documentados por la Misión de Observación, como los cateos en hoteles. Pero, al momento de publicar esta nota, no hubo respuesta.

Aquí puedes leer el informe de los hallazgos de la Misión de Observación.

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