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Abogados de la frontera denuncian que EEUU viola sistemáticamente los derechos de los solicitantes de asilo

Publicado el 1 de marzo de 2017
por Martha Pskowski en Univisión Noticias. Fotografía de Guillermo Arias / AFP / Getty Images.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que actúan a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos están impidiendo que las personas entren al país para solicitar asilo en Estados Unidos, según abogados y defensores que representan a los migrantes que huyen de sus países de origen.

Nicole Ramos, abogada probono en Tijuana, le dijo a Univision Noticias que agentes de la CBP en el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego, y en otros cruces fronterizos envían a los solicitantes de asilo de todas las nacionalidades de regreso a México sin evaluar sus reclamaciones.

“He acompañado a los solicitantes de asilo al puerto de entrada, y le he dado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza todo lo necesario para un caso de asilo”, dice ella. “Entonces el oficial rechaza al solicitante de asilo”.

Un funcionario de comunicaciones de la CBP del sur de California reconoció que los agentes “tienen que enviar a las personas con un funcionario de asilo si expresan temor”, pero no confirmó ni negó la acusación. Agregó que su agencia tiene “un papel muy limitado” en el prolongado proceso de asilo.

En los últimos cinco años, más mexicanos pidieron asilo en Estados Unidos que cualquier otra nacionalidad, con una cantidad de entre 8,000 y 10,000 solicitudes cada año desde 2011. Eso es más de un 400% de aumento en comparación con el quinquenio anterior. Pero casi el 90% de los reclamos fueron denegados, según datos oficiales analizados por la organización Transactional Records Access Clearinghouse, de la universidad de Syracuse.

El aumento en el número de mexicanos que buscan asilo en Estados Unidos coincide con la ‘guerra contra las drogas’, que ha aumentado las tasas de homicidio, junto con los secuestros y las desapariciones forzadas en todo el país.

Puede concederse asilo a personas que han sido perseguidas por cinco motivos diferentes: religión, raza, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un “determinado grupo social”.

Los solicitantes de asilo de América Central y México generalmente lo solicitan por esta última categoría, apodada “PSG”. La mayoría de los solicitantes de asilo mexicanos citan el temor a los cárteles como su principal razón para huir. Los cárteles mexicanos y las pandillas centroamericanas, las ” maras”, recurren a la extorsión, el secuestro y el asesinato de desde madres solteras, a dueños de negocios o personas que se les puede relacionar pandilla rival. Estos grupos sociales pueden ser la razón para una solicitud de asilo.

Aprobada en 1952, la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que “cualquier extranjero que esté presente físicamente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos… independientemente de la condición de extranjero, puede solicitar asilo de conformidad con esta sección o, cuando proceda”.

En la práctica, esto significa que si alguien expresa temor de estar en su país de origen cuando esté detenido o sea cuestionado por la CBP, esos temores deben ser evaluados, independientemente del estatus migratorio de la persona. La CBP luego le entrega el caso a un funcionario de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para que éste lleve a cabo lo que se conoce como una “entrevista de temor creíble” (CFI, por sus siglas en inglés). La CFI determina si la persona tiene motivos para una solicitud de asilo, lo que, hasta ahora, le permite quedarse en Estados Unidos y proseguir su reclamación.

Ramos ha representado a más de 50 personas que buscan asilo en Estados Unidos, quienes en estos momento se encuentran atrapados en la ciudad de Tijuana. Aunque la mayoría son de México, etambién ha representado a migrantes de Guatemala, Honduras, Belice, Colombia, Turquía, Uzbekistán y Ucrania. La tasa de rechazo de todas las nacionalidades en 2016 fue del 57%.

Dice que los agentes de la CBP utilizan una variedad de tácticas de intimidación y disuasión para evitar que los solicitantes de asilo presenten sus casos. “Aunque yo voy con el solicitante de asilo hasta la frontera, la CBP siempre dice que (es necesario que haya) un supervisor. Y cada vez que salen los supervisores, son extremadamente agresivos y poco profesionales”, dice ella.

Ramos es ciudadana estadounidense, pero dice que los agentes fronterizos una vez amenazaron con pedirles a los funcionarios de inmigración mexicanos que “se ocuparan” de ella.

Aunque no es legalmente obligatorio, ella ha comenzado a preparar documentos de asilo para llevar a sus clientes a la frontera, porque ha encontrado que es la única manera de convencer a los agentes de la CBP de dejarlos pasar.

Desde enero, los defensores informan que los agentes de la CBP han aumentado sus tácticas de disuasión contra los solicitantes de asilo. Les preocupa que esa situación prosiga durante el mandato del presidente Donald Trump. En Tijuana, los abogados defensores están luchando para proteger a los solicitantes de asilo que ni siquiera tienen la oportunidad de poner un pie en EEUU.

María Galván, coordinadora del Instituto Madre Asunta de Tijuana, un refugio católico para mujeres y niños migrantes, dice que es preocupante en una ciudad donde los servicios para los migrantes y deportados ya están sobreexplotados.

“En 2013, la CBP seguía dejando que entraran mexicanos en busca de asilo”, dice ella. “Pero con el tiempo cambió. Ahora rechazan a casi todo el mundo. Los detienen por dos o tres horas y luego los deportan. No se procesan sus solicitudes de asilo”.

Desde su inauguración en 1994, el instituto ha ayudado principalmente a familias mexicanas que viajan hacia Estados Unidos o que han sido deportadas. Sin embargo, desde 2013, han experimentado un aumento en las familias mexicanas y centroamericanas que llegan a la frontera huyendo de la violencia. La mayoría de los mexicanos provienen de los estados de Michoacán y Guerrero.

Entre 2013 y 2016, nueve de cada diez mujeres mexicanas encuestadas en Madre Asunta en Tijuana dijeron que venían a buscar asilo en Estados Unidos, según un informe de julio de 2016 del Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC, por sus siglas en inglés) y el Comité Prodefensa del Migrante. Más del 73% eran de Michoacán o Guerrero. El 73% afirmó que su motivo para huir era la violencia, siendo los secuestros, las extorsiones y la violencia doméstica las causas más comunes.

“Hubo una mujer de Michoacán que tenía pruebas para demostrar que había sido torturada por miembros de un cartel de drogas”, dice Karen Romero del AFSC, una de los autores del informe. “Pero cuando llegó a la frontera, ni siquiera la entrevistaron. Fue deportada en media hora”.

En Tijuana, la dificultad de solicitar asilo se multiplicó en 2016 cuando miles de haitianos llegaron a la ciudad. En 2010, Estados Unidos promulgó un Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos a raíz del terremoto, lo que les permitía entrar al país por razones humanitarias. En aquel momento, muchos haitianos fueron a Brasil o Chile y solo algunos aprovecharon el TPS.

Pero en el último año, miles de haitianos abandonaron Brasil debido a su crisis económica y se dirigieron hacia el norte a la ciudad de Tijuana. La CBP estableció un sistema con las autoridades migratorias de México, conocido como Grupo Beta, para procesar a los haitianos que llegaran a la ciudad fronteriza. Aquellos que entraron por la frontera sur de México recibieron una visa mexicana temporal y se les dio una fecha para cruzar hacia Estados Unidos.

Y la CBP comenzó a decirle a los solicitantes de asilo de todas las nacionalidades que tenían que hacer una cita a través del Grupo Beta para pedir asilo en EEUU. Esta colaboración sin precedentes entre las autoridades de inmigración estadounidenses y mexicanas esencialmente impidió a los no haitianos solicitar asilo, ya que las citas se les daban solamente a los haitianos con visas temporales mexicanas.

En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional derogó el TPS, dejando a miles de haitianos en suspenso. Muchos siguieron presentándose a sus citas con la CBP y fueron colocados en los centros de detención de inmigrantes al entrar a Estados Unidos. Ahora muchos haitianos se están asentando en Tijuana, en lugar de cruzar a Estados Unidos, donde enfrentan la detención y deportación a Haití.

“La CBP ha coordinado y continúa trabajando con las autoridades mexicanas en materia de seguridad fronteriza y causas humanitarias para mejorar el tratamiento y la asistencia humanitaria a las personas sin condición legal alguna para entrar a Estados Unidos”, según el funcionario de la CBP. Esa colaboración garantiza que los migrantes encuentren vivienda temporal “en un lugar más cómodo y alejado de los elementos” en México, dice.

El centro de Tijuana no está preparado para los migrantes o los refugiados. Con la afluencia de haitianos en la frontera, las iglesias y la sociedad civil ha abierto muchos nuevos refugios, pero sus camas—o tiendas de campaña—están llenas. En Tijuana, las autoridades mexicanas sólo proporcionan alojamiento a los menores no acompañados.

“Cuando llego a la frontera con solicitantes de asilo, la CBP me pregunta si conozco ‘el nuevo sistema’. ¿Qué sistema?”, dice Ramos. “Nadie debería tener que pasar por las autoridades mexicanas de inmigración para solicitar asilo en Estados Unidos”.

El 13 de enero, ocho organizaciones, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y American Immigration Council, presentaron una denuncia contra la CBP ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional con testimonios de Tijuana, Reynosa, Nogales y Ciudad Juárez.

La denuncia solicita una investigación interna y sostiene que los agentes estadounidenses no sólo no les permiten a los extranjeros presentar sus solicitudes de asilo, sino que en algunos casos, abusan físicamente de ellos.

Además, narra las experiencias de centroamericanos y mexicanos que intentaron buscar asilo en la frontera. Una mujer mexicana explicó cómo había acompañado al puerto de entrada de San Ysidro a su padre, miembro de la policía comunitaria. Supuestamente había sido agredido por miembros de un cártel y usaba una silla de ruedas después de someterse a una cirugía reconstructiva.

La mujer describe cómo un funcionario de la CBP evitó que su padre llegara al puerto de entrada: “El oficial dijo: ‘Regrese, si no regresa, vamos a tener que sacarlo’. Mi padre dijo entonces, en español: ‘Van a matarme o torturarme, no puedo regresar’. Mi padre se quitó la gorra y le mostró al oficial las heridas en su cabeza. El funcionario respondió: ‘Lo siento, señor, ya no estamos aceptando más solicitantes de asilo político'”.

La CBP no quiso hacer comentarios sobre la acusación.

Las órdenes de inmigración de Trump del 21 de febrero ponen fin a la política de “captura y liberación” consistente en la liberación de las personas detenidas en la frontera o en el territorio estadounidense para que esperen sus juicios. Durante la administración de Barack Obama, los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera eran liberados y se les ordenaba presentarse ante la corte. Los recientes memorandos de inmigración sostienen que esta política contribuye a un proceso de asilo ” plagado de fraude y abuso” porque los solicitantes de asilo permanecen en el país sin autorización.

La orden exige la construcción de más centros de detención cerca de la frontera con Estados Unidos, probablemente bajo el modelo de los centros de detención de inmigración para familias como los de Dilley y Karnes, ambos en el sur de Texas.

Una de las mujeres que se aloja en Madre Asunta, una hondureña que le pidió a Univision Noticias no utilizar su nombre, llegó a Tijuana recientemente con sus tres hijos y un nieto. Hace dos años huyeron de San Pedro Sula, después de que el esposo de su hija fuera asesinado por un miembro de una pandilla. Todos ellos recibieron protección humanitaria en México y vivían en Chiapas, hasta que el asesino de su yerno apareció en la ciudad.

“Yo no tengo el sueño americano”, dice ella. “Tengo el sueño de ayudar a mi familia, como cualquier madre”. En Tijuana, esperaba poder solicitar asilo en Estados Unidos, pero fue rechazada en la frontera y tenía poco dinero. “Si no nos íbamos, los maras nos habrían encontrado en Chiapas. Es como estar atados de pies y manos,” dice ella. “Migramos por necesidad, pero la opción (de ingresar a EEUU) está cerrada”.

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