Las expulsiones bajo el Título 42: el gobierno de Biden continúa una política xenófoba de Trump

Según expertos de diversas disciplinas, mantener cerrada la frontera es una acción innecesaria para contener la pandemia desde el punto de vista de la salud pública. Sin embargo, la administración de Donald Trump, en connivencia con el gobierno mexicano,¹ se empeñó en mantener cerradas las garitas terrestres de los límites nacionales a todos los cruces no esenciales de personas no ciudadanas. Contradictoriamente, no sólo los cruces de estadunidenses hacia México han fluido con normalidad durante toda la contingencia, sino que, a lo largo de 2020, el gobierno norteamericano mantuvo en funcionamiento el aparato de deportación.² Y aunque Joe Biden ha intentado quitarse la mancha de haber sido el segundo al mando de la época en la que Obama fue tildado como el “deportador en jefe” por la histórica cantidad de personas expulsadas de ese país, lo cierto es que las deportaciones desde Estados Unidos continúan a la orden del día.

A pesar de que la administración Biden anunció en su primer día una serie de acciones en materia migratoria, entre las cuales se encontraba una moratoria de 100 días para suspender las deportaciones, las expulsiones de migrantes en Estados Unidos no han cesado. Una semana después del anuncio, una corte federal en Texas bloqueó dicha moratoria, lo que en buena medida ha permitido que estas remociones sigan siendo llevadas a cabo.³ Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han calculado que, desde la llegada de Biden al poder hasta el 16 de febrero de 2021, habrían sido deportadas 26,248 personas migrantes bajo el título 42: el estatuto del Código de Estados Unidos que se ocupa del bienestar y la salud pública.

Con el pretexto de la emergencia global por covid-19, la administración Trump puso en operación el título 42 para expulsar expeditamente a personas no deseadas en Estados Unidos. Las expulsiones llevadas a cabo bajo el Título 42 no tienen nada que ver con las disposiciones legales migratorias, sino con regulaciones en torno a la salud pública. Las secciones 362 y 365 de esta norma autorizan que el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) determine quiénes representan un riesgo severo para la nación en términos de salud pública al ingresar al país. Es bajo esta orden que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha impuesto serias restricciones para personas que llegan a Estados Unidos desde México o Canadá.

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