¿Rescates de migrantes o intensificación del control migratorio?

Por más de un año la palabra “rescate” ha permeado las declaraciones oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). Este giro hacia un lenguaje más humanitario y eufemístico coincide con el nombramiento como titular de un personaje que generalmente es asociado con la mano firme e implacable de un policía represor, que con el brazo solidario de un defensor de derechos humanos. De manera recurrente el INM publica boletines en los que afirma que, en distintos rincones de la República Mexicana, logró rescatar a migrantes de situaciones adversas si no altamente peligrosas. Por ejemplo, el comunicado del 29 de marzo de 2014 narra cómo en la tercera semana de ese mes los agentes salvaguardaron a 370 menores de edad −163 abandonados por sus traficantes− y quienes, en su mayoría, experimentaban fatiga extrema, lesiones, deshidratación y desorientación. La semana anterior, el INM “rescató” un total de mil 582 personas extranjeras quienes, por no contar con documentos legales, pusieron “en riesgo su integridad al exponerse a traficantes de personas y organizaciones delictivas”.

En la versión oficial de los hechos, el Instituto insinúa que logró salvar a muchísimas personas de una pesadilla de grandes proporciones. Es innegable que los migrantes indocumentados suelen sufrir chantajes e inimaginables abusos en su paso por México, que son abandonados por los coyotes a mitad del camino o entregados por éstos a secuestradores que recurren a la amenaza y la tortura para maximizar sus ganancias. Sin embargo, si bien las circunstancias de los supuestos rescates no quedan muy claras, se puede inferir que muchos de éstos se dan en casas de seguridad. Los migrantes liberados en los mencionados lugares, ¿fueron necesariamente víctimas de secuestro o se encontraban esperando el cumplimiento de un arreglo, es decir, el traslado a Estados Unidos luego de haber realizado los pagos que este servicio requiere? En caso del segundo escenario, desprovisto de los atropellos que implica un secuestro, el INM, lejos de preservar la integridad física y psicológica de las personas, sólo interrumpió la circulación irregular de quienes anhelan una mejor vida en otros horizontes.

A pesar de lo que los datos cuantitativos sugieren, por el momento las tendencias no indican que durante la gestión del comisionado Vargas Fosado haya más “eventos” de extranjeros “presentados y devueltos” que durante gestiones anteriores. De hecho, los números de detenciones y deportaciones que se han dado en los últimos seis años quedan muy por debajo del volumen que se dio hasta 2007. El pico ocurrió en 2005, cuando el INM realizó un total de 240,269 “aseguramientos” y 232,157 “devoluciones”. Posteriormente, las cifras bajaron gradualmente y han oscilado entre las 70 y 90 mil detenciones. Mientras que en 2012 se detuvieron a 88,506 migrantes indocumentados y se deportaron a 79,643 de ellos, y en 2013 –el primer año de la gestión de Ardelio Vargas Fosado al frente del INM– se detuvieron a 86,929 migrantes y se deportaron a 80,079. Si continúa la actual tendencia (14 617 detenidos y 12,652 deportados entre enero y febrero de 2014), las cifras quedarán por debajo de las del año anterior. Evidentemente, estos datos no indican si los incrementos y descensos se deben a fluctuaciones en los flujos migratorios o a variaciones en el desempeño del Instituto. El vuelco discursivo hacia los rescates, más que el indicio de un salto cualitativo en la labor de los agentes de migración, parece reflejar un intento de presentar al INM con un rostro más humano del que tiene, como confirman las violaciones a los derechos humanos ampliamente documentadas en el Observatorio de Migración de Insyde.

Por una parte, el énfasis retórico en los rescates no parece ir acompañado de avances reales en las investigaciones de casos de victimización de migrantes, sea a manos de grupos criminales o a manos de agentes del Estado, principalmente policías y agentes de migración que extorsionan y abusan de los migrantes con impunidad. De hecho, muchos de estos excesos ocurren sin ser detectados, ya que observadores externos se ven prácticamente imposibilitados de escudriñar el actuar de los agentes, tanto en operativos de control como en los centros de detención migratoria. Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), se iniciaron apenas 432 averiguaciones previas por delitos cometidos contra migrantes entre 2006 y 2013. La cifra resulta desconcertante, dado que los crímenes perpetrados en contra de migrantes asciende a miles año tras año. Basta con recordar que según estimaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aproximadamente 20 mil migrantes son secuestrados anualmente. Si la PGR logra abrir tan pocos expedientes, ¿qué tan efectiva será en la conducción de las investigaciones? Entrevistas con migrantes sugieren que, en el mejor de los casos, la institución es torpe en sus investigaciones y suele darles un seguimiento muy inadecuado, haciendo que la justicia quede como un sueño distante. Otra incógnita es el destino de los agentes cómplices en delitos y violaciones a los derechos humanos, lo cual, a pesar de las escasas sanciones que se imponen por estos casos, es una práctica sistemática e irrefutable. Quienes aún lo dudan harían bien en entrevistarse con los migrantes que pagan miles de dólares a los coyotes, para que ellos a su vez entreguen codiciadas mordidas a los agentes de migración y policías federales y el tránsito por México se pueda dar sin mayores inconvenientes.

Por otra parte, si los rescates de migrantes son lo que el INM afirma, el número de visas humanitarias hubiera aumentado de manera exponencial. La visa, según establece el Artículo 52 de la Ley de Migración, se otorga a migrantes víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional y tiene una vigencia de 180 días, permitiéndoles –en teoría– dar seguimiento a sus denuncias. En la práctica, la renovación de la visa resulta ser sumamente difícil, aun cuando el proceso penal no haya finalizado. Sin embargo, incluso el número de visas humanitarias solicitadas y otorgadas hasta la fecha es muy reducido. El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración, realizado por Insyde, halló que entre 2011 y mayo de 2013 se presentaron escasas 93 solicitudes de visa humanitaria, y de éstas solamente 49 fueron exitosas.

Sorprendentemente, 23 de las 32 Delegaciones Federales del INM afirmaron no haber recibido ninguna solicitud, aunque varios de los estados en cuestión –especialmente Tabasco, Veracruz y Tamaulipas– tienen mayor incidencia en agresiones contra migrantes. Desde luego, el bajo número de solicitudes puede originarse por la falta de interés, el miedo a denunciar, el desconocimiento de la figura o la tardanza del trámite. El INM, por su parte, se ha mostrado renuente a otorgar la visa humanitaria; en su lugar suele emitir un oficio de salida para que la persona abandone el país. A las autoridades les corresponde responder si prefieren esa opción por miedo a que los migrantes se queden en México con una visa vencida o por temor a que algún migrante dé seguimiento a su denuncia y logre una condena para los responsables.

Lo que en esencia reafirman los rescates-detenciones es el carácter policial del INM, un ente administrativo encargado de la planeación y ejecución de los servicios migratorios. Que las persecuciones que realizan los agentes de migración estén basadas en el uso excesivo de la fuerza o en la labor de inteligencia, influye indudablemente la designación del Instituto como instancia de seguridad nacional, consumada en 2005. Este enfoque se encuentra articulado también en la Ley de Migración, a pesar de su pretensión de garantizar un respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes. El lente de la seguridad nacional es el que, según el comisionado Ardelio Vargas Fosado, debe aplicarse a la migración debido a la porosidad de las fronteras y la diversificación de los flujos migratorios. La misma perspectiva es la que está presente en el futuro programa para la frontera sur, iniciativa que busca la creación de una frontera ordenada, segura y próspera. En el mismo sentido hay que entender a quienes en el inm consideran que la Ley debería darles mayores facultades para detener a traficantes y atender la situación de indefensión de las personas migrantes.

No obstante, lo que estos argumentos pasan por alto es que la función del Instituto no es ni el resguardo de las fronteras ni la persecución ni el acorralamiento de presuntos delincuentes. Para que el actuar del INM sea más efectivo y sobre todo más respetuoso de los derechos de los migrantes, no hace falta que el INM tenga mayores facultades policiales. Lo que sí requiere es una auténtica cultura de derechos humanos y de ética profesional: una lucha sistemática contra la corrupción en lugar de las eternas e inútiles depuraciones de las “manzanas podridas”.

Con esto, quedaría demostrado su compromiso de proteger a los migrantes.

 

*Sonja Wolf es investigadora de la Dirección de Migración y Derechos Humanos (DMDH) de Insyde.

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