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Contexto migratorio postelectoral en Estados Unidos y respuestas desde México

Contexto migratorio postelectoral en Estados Unidos y respuestas desde México

Publicado el 1 de diciembre de 2016
por Alejandra Castañeda y Dolores París Pombo en Colegio de la Frontera Norte
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Como candidato del Partido Republicano, Donald J. Trump hizo una campaña marcada por una retórica racista, xenófoba y antiinmigrante. Como presidente electo, declaró que en sus primeros 100 días de gobierno, implementará un plan para deportar a “dos o tres millones de extranjeros criminales (criminal aliens)”. Igualmente cancelará fondos federales a las ciudades santuario y anulará las órdenes ejecutivas de Obama que incluyen como la más relevante la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

Los nombramientos que Trump está haciendo para su gabinete confirman que implementará una política antinmigrante sin concesiones. En este sentido, la inclusión de Kris Kobach-autor de la ley SB 1070 de Arizona y las subsecuentes que le siguieron en otros estados-a la cabeza del diseño de la política migratoria, apunta hacia el tono que tomará la política migratoria en la era de Trump. En concreto, se buscará reducir la presencia de migración indocumentada y forzar su salida de Estados Unidos (EE.UU.) complicando su vida diaria mediante una vigilancia extrema en todo el país (attrition through enforcement).

Contexto

Las declaraciones de Trump sobre el endurecimiento de la vigilancia fronteriza y migratoria hacen eco de una política de Estado aplicada en EE.UU. desde los 1990s, reafirmada después del 11 de septiembre de 2001. Durante los últimos veinte años, el gobierno de Estados Unidos ha construido vallas a lo largo de más de mil kilómetros de la frontera con México. La infraestructura de vigilancia fronteriza comprende además sistemas de vigilancia por video, detectores de movimientos y drones. Desde 2003 hasta la actualidad, la Patrulla Fronteriza ha doblado el número de agentes y suman actualmente cerca de 23 mil, el 85% de ellos desplegados en la frontera con México.

En relación a las políticas de deportación masiva, es necesario recalcar que la administración Obama realizó más de 2,800,000 deportaciones (2,878,672 de 2008 a 2015) y llegó a deportar en un año, 2012, a más de 400,000 personas. Esto fue posible en gran medida por la aplicación del programa Comunidades Seguras, que inició en el último año de George W. Bush. Comunidades Seguras estableció acuerdos de cooperación entre policías locales y el gobierno federal para detener y deportar a migrantes indocumentados. Con el paso de los años y frente a la negativa de varias jurisdicciones locales a continuar colaborando con las autoridades migratorias, la administración Obama canceló el programa, y estableció uno llamado Programa Prioritario de Vigilancia Migratoria (Priority Enforcement Program, PEP) que se viene aplicando desde 2014.

Políticas anunciadas

En general, las acciones que Trump ha esbozado para aplicar su política migratoria son:

  • Priorizar la deportación de criminales;
  • Penalizar a las ciudades o condados denominados “santuario” para obligarlos a cooperar con el gobierno federal y detener a personas indocumentadas;
  • Cancelar las órdenes ejecutivas de Obama, incluyendo DACA;
  • Elaborar un registro de extranjeros que provienen de países terroristas;
  • Investigar rigurosamente los antecedentes de los solicitantes de asilo;
  • Reevaluar los casos de refugiados en EE.UU.;
  • Combatir el fraude en las visas;
  • Crear una fuerza de deportación. Este punto debe matizarse ya que esta fuerza existe desde el Acta de Seguridad Nacional de 2002: se trata de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

Uno de los temas más repetitivos de su campaña política fue la construcción de un muro a lo largo de su frontera sur, particularmente la intención de hacer pagar a México por su construcción. Sin embargo, después de su elección, ha matizado considerablemente sus declaraciones sobre el muro y no forma parte de las acciones que ha anunciado para sus primeros 100 días de gobierno.

Respecto a la deportación masiva, Trump anunció que se enfocará en “extranjeros criminales”, es decir, continuará aplicando los criterios de priorización de deportación que ya se aplican en el gobierno de Obama desde 2011. Es importante señalar que desde las reformas migratoria y de seguridad aprobadas por el Congreso de EE.UU. en 1996, se penalizó a la migración indocumentada. Así, son considerados como “extranjeros criminales” inmigrantes que cometieron faltas como volver a entrar a EE.UU. después de haber sido deportado, o utilizar falsos números de seguridad social para obtener un empleo.

Finalmente, Trump podría resucitar programas como Comunidades Seguras, o diseñar programas similares de colaboración con policías y autoridades locales.

Impacto inmediato en la comunidad migrante

Si nos atenemos a las declaraciones hechas por Trump durante su campaña y después de su elección, es probable que sus primeras decisiones al llegar a la Casa Blanca sean la cancelación de programas que dependen del ejecutivo y que durante la presidencia   de

Barack Obama permitieron aliviar las deportaciones masivas para ciertos sectores de migrantes y acoger a refugiados y desplazados por fenómenos naturales y por conflictos bélicos. Particularmente, el programa que afectar a mayor número de inmigrantes es la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que entró en efecto en en junio de 2012. DACA cancela temporalmente la deportación de migrantes jóvenes que llegaron antes de la mayoría de edad, y otorga permiso para trabajar durante dos años con la posibilidad de renovación dependiendo de la voluntad del ejecutivo. Desde que se abrió este programa, 844,931 jóvenes han obtenido protección. Este grupo es el que es altamente vulnerable ya que el gobierno federal cuenta con sus datos personales y son, por ello, localizables. La amenaza de la próxima administración de deportar a todos los indocumentados los coloca en una situación precaria. Asimismo, si no se renueva su estatus tampoco se renovará su permiso de trabajo lo que llevará a que no puedan continuar trabajando de manera regular.

El Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) sería otro programa limitado en sus alcances por el gobierno de Trump. A diferencia de DACA, el TPS forma parte del Acta de Inmigración pasada por el Congreso de EEUU en 1990. Sin embargo, existe cierta discrecionalidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para decidir a qué nacionalidades otorgar esta protección y cuándo prorrogarla. El TPS protege contra la deportación y permite una autorización para trabajar o estudiar a ciudadanos de algún país que vive un conflicto armado, un desastre natural, una epidemia u otras condiciones temporales extraordinarias. Históricamente, este estatuto se ha otorgado, por ejemplo, a los ciudadanos de Honduras después del Huracán Mitch (1998), a los salvadoreños después del terremoto de 2001 y a los haitianos a raíz del terremoto de 2010. Una vez otorgado el TPS, generalmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo ha prorrogado, de tal manera que los migrantes beneficiados siguen gozando de cierta protección contra la deportación. El gobierno de Trump probablemente limitará el programa dejando desprotegidos a cerca de 300 mil inmigrantes de 13 países que han recibido ese beneficio.

Respuestas en Estados Unidos

Las primeras respuestas a Trump ya se han anunciado en ciudades como Los Angeles, Minneapolis, Nueva York, Seattle, Chicago, San Francisco, Denver, D.C., reafirmando su voluntad de proteger a las comunidades migrantes y de no cooperar con el gobierno federal en la ejecución de tareas migratorias. Este movimiento es el que veremos en los próximos 4 años. El nivel local y estatal constituirán los espacios donde se escenificará la batalla por los derechos de los migrantes y su inclusión en la vida norteamericana.

Asimismo, otro lugar de pelea por estos derechos se dará, como lo ha sido desde siempre, a nivel legal, en las cortes, buscando detener cada una de las iniciativas y leyes antiinmigrantes, lo mismo que la acción punitiva federal.

Efectos en México

A lo largo de los pasados cinco años, el número de repatriaciones a México ha disminuido como reflejo de una reducción del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos y una disminución de las deportaciones de personas desde el interior de ese país. Así, de acuerdo a datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, mientras que en 2008 sucedieron 577 mil eventos de repatriación, de los cuales 560 mil fueron a las ciudades fronterizas, en 2015 se recibieron cerca de 207 mil repatriaciones (194 mil a la frontera).

Considerando esta nueva ola de políticas adversas a los migrantes en EE.UU. y un probable aumento de la inversión en control y seguridad fronteriza en la frontera con México, nuestro país podría verse afectado por un crecimiento de las deportaciones de ciudadanos mexicanos y un aumento de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes varados en las regiones fronterizas. Es importante señalar que en México ya se han vivido los efectos de una política antiinmigrante agresiva tanto en la región fronteriza como en otras partes del país. Asimismo, en los pasados meses las ciudades de Tijuana y Mexicali han experimentado la llegada de miles de solicitantes de asilo o de protección nacionales y extranjeros varados en la frontera.

Recomendaciones

En este sentido, recomendamos las siguientes acciones:

  • Considerando que las ciudades más importantes de EE.UU.   – particularmente las que asumen el denominativo de “ciudades santuario” – están desarrollando una estrategia de acogida y protección de los migrantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá promover y mejorar la comunicación entre sus consulados y los gobiernos locales para garantizar la protección de los derechos humanos de los mexicanos en ese país;
  • Considerando que los albergues y comedores se encuentran ya saturados en varias ciudades fronterizas, es imperativo que los gobiernos federal y estatales aumenten sustancialmente el apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y albergues que reciben a migrantes;
  • Hasta el momento, el apoyo a las personas deportadas y a migrantes varados en la frontera se ha concentrado en la ayuda de emergencia. Debido a la probabilidad de que se incremente la población migrante y que se asiente a mediano o largo plazo en la región fronteriza, las OSC y los gobiernos locales deberán diseñar e implementar programas de reinserción laboral en esta región;
  • Asimismo, en razón del aumento de niñas, niños y adolescentes que migran con sus padres,  la  Secretaría  de  Educación  Pública  debe  diseñar e implementar un programa de inserción escolar de menores extranjeros;
  • Debido al frecuente rechazo en la frontera de los solicitantes de asilo mexicanos, el gobierno  federal  y  los  gobiernos  estatales  deberán  diseñar  y  ejecutar  leyes y políticas  de protección y ayuda a  las  personas desplazadas por la  violencia    en nuestro país;
  • Considerando que las personas desplazadas llegan a menudo a la frontera con información equivocada sobre los criterios para otorgar el asilo en EE.UU., resultará fundamental  diseñar  y  ejecutar  programas  de  divulgación  de información estratégica sobre las condiciones políticas y legales para emigrar o solicitar asilo en ese país,  particularmente  en  las  regiones  de  mayor  expulsión  de  migrantes y desplazados en México;
  • Si bien la migración de mexicanos a EE.UU. se ha reducido considerablemente en los  últimos  años,  los  flujos  de  migrantes  procedentes  de Centroamérica, Sudamérica y de otros países del mundo han tendido a aumentar. Por el momento, el Instituto  Nacional  de  Migración  expulsa  a  la  gran  mayoría  de  los   migrantes detenidos en el territorio mexicano. Debido a que estos flujos son provocados  en gran medida por condiciones de violencia generalizada – como en el caso del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica – o por desastres naturales – como en el caso de Haití – resulta fundamental que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) aumente su capacidad para procesar solicitudes de refugio, y que el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgue facilidades para que los solicitantes puedan residir y trabajar en México durante el trámite de la solicitud. Asimismo,  la  COMAR  y  el  INM,  en  conjunto  con  las  OSC,  deberán   impulsar campañas de información sobre la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

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