Juez determina que fondos federales para ciudades no podrán supeditarse a colaboración migratoria

Un juez federal de Los Ángeles emitió el jueves un interdicto con validez nacional que prohíbe al Departamento de Justicia dar prioridad a la entrega de recursos a los departamentos de policía que acepten cooperar con funcionarios de inmigración.

El fallo se dio a raíz de una demanda entablada por Los Ángeles, una ciudad santuario. El abogado de la ciudad, Mike Feuer, lo consideró una victoria.

El programa federal COPS Hiring Program otorga más de 98 millones de dólares a departamentos de policía de todo Estados Unidos para la contratación de más agentes para tareas de patrullaje en la comunidad.

En septiembre, el secretario de Justicia Jeff Sessions dijo que los departamentos de policía podrían recibir puntos adicionales en el proceso de solicitud si acceden a cooperar plenamente con las autoridades de inmigración.

El juez determinó que tal consideración “alteraría el equilibrio constitucional” al obligar a las policías a participar en labores de la policía migratoria.

Una vocera del Departamento de Justicia no respondió de momento a un mensaje de correo electrónico enviado en busca de declaraciones.

La concesión de ayudas federales que el Gobierno otorga a las autoridades locales no podrá supeditarse a la colaboración de las ciudades con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la persecución de inmigrantes indocumentados, según un fallo judicial.

El juez federal Manuel Real, del distrito central de California, falló el jueves a favor de la ciudad de Los Ángeles, que el año pasado denunció al gobierno federal por amenazar con retener fondos a las “ciudades santuario“, aquellas que han decidido de manera municipal no colaborar con el ICE.

“Esta es una victoria completa”, dijo en una rueda de prensa el fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, que compareció ante los medios acompañado por el alcalde de la ciudad californiana, Eric Garcetti, y el jefe del departamento de Policía, Charlie Beck.

“Esta es otra puñalada en el corazón de los esfuerzos de la Administración para usar fondos federales como arma que haga a las jurisdicciones locales cómplices en la implementación de sus políticas migratorias”, añadió en su valoración sobre la decisión judicial.

Las autoridades locales suelen recurrir a fondos federales del Departamento de Justicia para financiar sus programas de actuación policial, una circunstancia que trató de aprovechar la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia confiaba en doblegar a las “ciudades santuario” con unos nuevos criterios para la obtención de fondos que favorecían a aquellos municipios que cooperaban con las funciones migratorias del ICE, por ejemplo, informando de su intención de liberar a un inmigrante en situación irregular que estuviera retenido.

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