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Un inmigrante con diabetes murió por COVID-19 en un centro de detención. Un juez le negó la fianza

Publicado el 7 de mayo de 2020
por Redacción Telemundo en Telemundo | Fotografía Archivo Telemundo

Un hispano con patologías previas que se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas en el centro de Detención de Otay Mesa, California, murió este miércoles en un hospital por complicaciones relacionadas con la pandemia.

Un migrante bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el centro de Detención de Otay Mesa, California, murió este miércoles por complicaciones relacionadas con el coronavirus, informaron las autoridades.

Se trata de la primera muerte confirmada de un inmigrante bajo custodia federal debido a complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19.

Carlos Escobar Mejía, un hispano de 58 años diagnosticado con hipertensión y diabetes, falleció en el hospital Paradise Valley, en National City, a las 2:15 am, hora del Pacífico, informó la Oficina del Examinador Médico de San Diego.

El hombre estaba en un centro de detención por un proceso de deportación pendiente desde 2012. Este 15 de abril, pese a sus condiciones de salud que le ponían en mayor riesgo en caso de contraer el coronavirus, un juez de inmigración le negó la fianza porque consideró que representaba un riesgo de fuga, de acuerdo con un comunicado de ICE.

La causa de muerte quedó registrada como falla respiratoria aguda debido a una neumonía causada por el COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus, confirmó una portavoz del condado de San Diego a Noticias Telemundo.

Escobar era el menor de cinco hermanos que emigraron a Estados Unidos desde El Salvador junto con su madre en 1980, cuando el país centroamericano atravesaba una guerra civil, reportó el diario San Diego Tribune.

Escobar padecía diabetes y había sido sometido a varias cirugías en un pie. En su examen médico tras su detención, también le fue diagnosticada hipertensión.

Aunque la mayoría de los enfermos de COVID-19 se recuperan, la diabetes e hipertensión son dos de las principales condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones y muerte.

Escobar estuvo el centro de Otay Mesa desde enero, y hace una semana fue trasladado al hospital donde falleció la madrugada de este miércoles.

“Esta es una tragedia terrible, y fue completamente predecible y evitable. Durante meses, los expertos en salud pública y los funcionarios han advertido que los centros de detención serían un caldo de cultivo para la propagación del COVID-19, y una trampa mortal para miles de personas en detención civil”, dijo Andrea Flores, vicedirectora de políticas de inmigración en ACLU.

Después de que se publicara la noticia sobre su muerte, ICE informó que Escobar estuvo bajo custodia en marzo de 2012, y se le fue aprobada una fianza en junio del mismo año. Además, había sido condenado por robo, conducir bajo la influencia del alcohol y posesión de sustancias controladas.

La semana pasada, ICE reportó la muerte de dos guardias que habían contraído coronavirus, aunque la causa de muerte sigue siendo investigada. La agencia informó que la muerte de Escobar también será investigada.

El centro de detención de Otay Mesa 140 inmigrantes con contagios confirmados, el mayor número de cualquier centro de ICE, según cifras oficiales. Al 5 de mayo, 629 personas seguían detenidas en el lugar y 682 habían sido liberadas.

Tras una demanda reciente presentada por la Asociación Americana para las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), un juez federal ordenó a ICE que evaluara la liberación de todos los detenidos con mayor riesgo de morir en caso de contagiarse de coronavirus.

A fecha de hoy, hay 705 casos confirmados de COVID-19 entre los detenidos por ICE en todo el país, según datos de la propia agencia. Un total de 1,460 inmigrantes presos se sometieron a la prueba, es decir, casi uno de cada dos resultó positivo.

A finales de abril, la población de inmigrantes bajo arresto de ICE era de 29,675. ICE liberó o deportó durante la pandemia a unos 9,000 de ellos, y dio permisos especiales a casos de salud delicados, como embarazadas, mayores de 59 años y casos médicos severos.

“Familias, vecinos de la comunidad y activistas han estado pidiendo la liberación de todas las personas detenidas por Inmigración, pero esta administración se ha negado continuamente a escuchar y respetar la dignidad y humanidad muy básicas de las personas”, dijo Denise Bell, investigadora de los derechos de los migrantes y refugiados para Amnistía Internacional.

“Cada día que las personas son detenidas innecesariamente únicamente por su estatus migratorio es un día que amenaza innecesaria y cruelmente la seguridad y la salud pública”, agregó Bell.

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