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Migrantes en Arizona temen que Arpaio reinicie sus redadas tras fallo de la corte

Publicado el 4 de mayo de 2016
por EFE en Movimiento Migrante Mesoamericano

“Es preocupante que el alguacil nuevamente pueda tener ese poder, es difícil vivir con el miedo de que puedan detenerte en la calle o en tu trabajo y saber que eso significaría separarte de tus hijos”, dijo a Efe Adriana Martínez, inmigrante mexicana indocumentada y madre de tres niños.

El hermano de Martínez fue uno de los aproximadamente 700 inmigrantes indocumentados que fueron detenidos durante las continuas redadas que llevó a cabo Arpaio en sitios de trabajo entre el 2008 y principios del 2015.

“No puedes evitar sentir miedo al salir de casa y no saber si vas a regresar o si vas a ver a tus hijos otra vez”, aseguró.

El autodenominado Sheriff más duro del oeste obtuvo una importante victoria este lunes cuando tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California fallaron a su favor retirando una orden de emergencia en contra de sus operativos en sitios de trabajo.

La decisión del tribunal da luz verde al alguacil y su oficina para llevar a cabo nuevamente redadas en sitios de trabajo.

En enero del 2015, como parte de una demanda entablada por la organización Puente, donde se cuestiona la legalidad de los operativos del alguacil y la aplicación de las leyes en contra del robo de identidad, el juez federal en Arizona David Campbell firmó una orden preliminar frenando inmediatamente las redadas.

En ese momento la comunidad inmigrante estaba “aterrorizada” por los continuos y sorpresivos operativos realizados por el alguacil en los sitios de trabajo, por lo que algunos temían más a las redadas de Arpaio que a Inmigración.

El alguacil ejecutaba estas redadas amparándose en las leyes estatales de Arizona que sancionan a negocios que contratan indocumentados y en contra del robo de identidad.

A pesar del fallo, Lydia Guzmán, representante de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) duda que el alguacil pueda llevar a cabo las redadas en la misma magnitud que antes.

Guzmán presencia la mayoría de las redadas y tomo fotografías y vídeo que están siendo utilizadas como pruebas en contra de Arpaio.

“De todas formas estamos pidiendo a la comunidad estar informados y que conozcan sus derechos en caso de ser detenidos en las calles o en sus trabajos”, dijo la activista.

Explicó también que aunque la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve falló a favor de Arpaio, esto no quiere decir que el caso esté terminado.

A su vez, el director del grupo Puente, Carlos García, manifestó a Efe que presentarán una apelación y esta vez solicitarán que sean los cinco jueces de la Corte de Apelaciones quienes revisen el caso.

En los tribunales sigue pendiente, sin fecha establecida, un juicio en contra de Arpaio y la oficina del fiscal del condado Maricopa Bill Montgomery, como parte de una demanda interpuesta por esta organización para detener las redadas.

La mayoría de los inmigrantes indocumentados detenidos durante estas redadas enfrentaban cargos de robo de identidad, por trabajar con número de Seguro Social que no les correspondían o con números inventados.

Por su parte, Arpaio dijo en un comunicado de prensa que los jueces habían estado de acuerdo en que las leyes de robo de identidad son “neutrales” y se aplican por igual tanto a inmigrantes indocumentados como a ciudadanos de este país.

“Yo no escojo las leyes que debo aplicar. Ahora que el Circuito Nueve ha levantado la orden preliminar, todas las leyes de Arizona, incluyendo las de robo de identidad deben de ser aplicadas”, aseguró Arpaio, conocido por su mano dura en contra de la inmigración indocumentada.

El polémico alguacil aseguró que aún no ha decidido si revivirá sus operativos en contra del robo de identidad.

El alguacil había anunciado el desmantelamiento de la unidad especial establecida para llevar a cabo las redadas en sitios de trabajo un poco antes de que el juez Campbell firmara la orden preliminar en su contra.

Para activistas como Guzmán, otro obstáculo ante Arpaio para reiniciar las redadas en los sitios de trabajo es la demanda legal entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en su contra por prácticas de perfil racial a los conductores hispanos.

“Pero sabemos que con Arpaio nunca se sabe, así que es mejor que la comunidad este preparada”, aconsejó la activista.

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Estados Unidos

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