Haitianos en Dominicana, bajo amenaza de deportación

El gobierno inició el proceso para conceder la documentación definitiva de los más de 250,000 extranjeros que lograron registrarse hasta el miércoles, cuando cerró el plazo de inscripción, pero no ha aclarado cómo serán los procedimientos que se aplicarán en las deportaciones.

El Movimiento Justicia Migratoria, formado por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes, estima que han quedado fuera del plan unos 200,000 de los 458,000 haitianos que se estima que residen en Dominicana.

“Tenemos una base de datos, con fotos, huellas, y se está completando el resto de los datos contenidos en los formularios y los vamos a ir llamando, convocándolos para entregarles” sus residencias a quienes cumplieron los requisitos, dijo a la prensa Samir Santos, director ejecutivo del plan de regularización de migrantes.

El Ministerio de Interior y Policía cerró el plazo para regularizar la situación de los residentes ilegales sin que miles de inmigrantes que estaban formados en fila, la gran mayoría del vecino Haití, lograran ingresar a las diferentes oficinas habilitadas.

El gobierno de Medina, que en diversos foros internacionales ha negado violación de derechos humanos en las deportaciones, sostiene que los centros de retención y de autobuses con los que cuenta para el traslado de los repatriados les garantizan un trato digno.

Las personas que completaron toda la documentación requerida serán dotadas de una etiqueta en su pasaporte, o a falta de este en un carnet, que les identificará como residentes durante dos años, detalló el director ejecutivo del plan.

El concluido proceso de regularización fue caótico y caracterizado por la desinformación, según varios aspirantes a legalizar su estatus migratorio.

Haití dice que se hará cargo

Por su parte, el primer ministro haitiano, Evans Paul, aseguró que el Estado haitiano se hará cargo de los posibles repatriados procedentes de la República Dominicana.

En declaraciones realizadas en un hotel de la capital haitiana, el primer ministro detalló que se trata de un plan de contingencia coordinado y concebido “en colaboración con nuestros socios internacionales”.

Además, precisó que el país organizará caravanas de solidaridad para prestar ayuda a los repatriados desde República Dominicana.

A su vez, Paul dijo que asume “el legado del incumplimiento del Estado haitiano hacia la República Dominicana”.

Reiteró que el Estado haitiano se ha comprometido, a través de su plan de contingencia, a hacerse cargo de los repatriados e indicó que el país acogerá con “dignidad” a cualquier apátrida.

“Deseo que nos movilicemos lo más rápidamente posible para acoger bien a nuestros conciudadanos y los apátridas”, dijo Evans Paul.

Llaman a evitar crisis humanitaria

En tanto, organizaciones internacionales que trabajan con niños pidieron a las autoridades dominicanas y haitianas evitar una crisis humanitaria y llamaron a garantizar los derechos de los menores inmigrantes.

Asimismo, calificaron de “preocupante” la posibilidad de que sean deportados menores de edad por sus rasgos faciales y color de piel.

En una rueda de prensa, representantes de Coalición ONG por la Infancia, Plan International, Save the Children y World Vision en República Dominicana y Haití instaron a los Gobiernos de ambos países a tomar las acciones necesarias para evitar una crisis humanitaria, protegiendo los derechos de los niños y adolescentes sujetos de deportación.

Las organizaciones recordaron datos de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), avalada por la Oficina Nacional de Estadísticas, que reveló que en la República Dominicana residen 524,632 personas extranjeras, de las que 87.3% son haitianas.

Dichas entidades recomendaron aplicar el Protocolo de Entendimiento sobre Mecanismos de repatriaciones, firmado por República Dominicana y Haití en 1999, complementándolo con pautas especiales que brinden mayores garantías para la protección de la niñez en consistencia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por ambos países.

Asimismo, garantizar el respeto a la dignidad de la niñez en los cinco centros de acogida que el Gobierno dominicano ha dispuesto como primer punto de llegada para la verificación del estatus migratorio de las personas antes de su deportación definitiva.

A la vez, instaron a las autoridades a continuar el proceso de diálogo, involucrando a representantes de la sociedad civil de los dos países, y garantizar el plazo concedido para que las personas inscritas completen sus expedientes, sin ser deportadas.

Al mismo tiempo, garantizar los derechos fundamentales, como el acceso a agua potable, alimentación, salud, educación e instalaciones recreativas y sanitarias adecuadas para los niños y garantizar la protección contra la violencia física, verbal o agresiones sexuales durante este proceso.

También proveer apoyo psicológico y emocional a los niños y a sus familias en los procesos de regularización y deportación.

Igualmente, garantizar el derecho a la nacionalidad a los niños que nacieron en la República Dominicana o que inmigraron con sus padres, pero que no consta en ningún registro oficial, para evitar el riesgo de quedar apátridas.

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