Editorial: Hay que mejorar el acceso a la educacion básica

La ley federal dice que todos los menores deben ir a la escuela hasta por lo menos el octavo grado o que cumplan los 16 años de edad. La Suprema Corte de Justicia determinó en 1982 que los Estados no pueden negar la escolaridad debido a su estado migratorio.

Se puede decir que esto ha sido respetado, pero el arribo de más de 100 mil menores de edad no acompañados, huyendo de la violencia de Centroamérica, puso presión sobre algunos distritos escolares. Un reporte de la AP estimó que por lo menos hay 35 distritos en 14 Estados, entre los que se encuentran California y Nueva York, en donde se prohibió a los niños migrantes enrolarse, manteniéndoles por meses fuera de clase o enviándolos a programas de reformatorio o para adultos.

Uno de los recursos más usados para rechazar estos alumnos es la estricta solicitud de documentos que muchas veces no están al alcance de estos menores. En 2014 un sondeo de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, (NYCLU) halló que por lo menos en 86 distritos escolares de este Estado desalentaron la inscripción de estos estudiantes. El análisis mostró que durante la inscripción  en 73 distritos pidieron un certificado de nacimiento, en otros 22 se les pidió la fecha exacta de ingreso al país, en 16 se les preguntó por su estatus migratorio, en 10 se les pidió la tarjeta del Seguro Social, en 6 les preguntaron si eran ‘trabajadores migrantes” y en 9 si eran ciudadanos estadounidenses.

Hay escuelas que parecen no estar familiarizadas con que la Ley McKinney Vento, que se refiere a la inscripción de los niños desamparados, también corresponde para los indocumentados. En otros casos, los distritos que son administrados localmente no tienen los fondos para encaminar estos niños.

La Casa Blanca otorgó en marzo de 2015, 14 millones de dólares en subsidios para los distritos que reciben más de  50 menores no acompañados. Esta cantidad equivale a menos de 175 dólares por cada alumno, según la AP.

Además de los fondos adicionales, es necesario mejorar la diseminación de información y materiales federales y estatales para que desde los maestros hasta los administradores sepan cual es el cumplimiento de la ley.

Hoy, como en 1982, está vigente el principio emanado del Alto Tribunal de que que “a largo plazo el costo de excluir a cualquier niño de la educación pública bien puede sobrepasar el costo de educarlo.”

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