Migración y militarización: un binomio incompatible

Migrar no es un delito, sino un derecho. Es a partir de esta concepción que se decide cómo se construye la política migratoria en un país y cómo se trata a las personas que ingresan a nuestro territorio. México, es bien sabido, es un país con importantes flujos migratorios; sin embargo, ha optado por una política migratoria que carece de enfoque de derechos humanos. Nuestro país hace uso sistemático de la Guardia Nacional y otros cuerpos militarizados como aparatos de control, contención y disuasión migratoria; lo que es contrario a las disposiciones normativas nacionales e internacionales. Además, no hemos construido una política migratoria propia, sino que hemos permitido que las exigencias de Estados Unidos la determinen.

La militarización de la migración no es exclusiva del actual gobierno federal. En el sexenio de Vicente Fox se ejecutó la Operación Centinela y el Plan-Sur, donde intervinieron elementos castrenses. Felipe Calderón abordó la migración desde el ámbito de la seguridad nacional, lo que implicó la criminalización de personas en contexto de movilidad y el uso de las fuerzas armadas para la contención, orillando a las personas migrantes a optar por rutas más inseguras, con el consecuente incremento de homicidios, secuestros y desapariciones. Enrique Peña Nieto ejecutó el Programa Frontera Sur, que incluyó una agresiva estrategia de detenciones migratorias. En todos los casos, estas políticas públicas han estado determinadas por intereses estadounidenses.

Hay una fecha en el que esta militarización se vio recrudecida: 7 de junio de 2019, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó la Declaración Conjunta México-EUA y el Acuerdo Complementario entre estos dos países. Este acuerdo implicó el despliegue de 6500 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en la frontera sur y 15 000 en la frontera norte. El objetivo era conformar un muro militar para detener a las personas migrantes y solicitantes de asilo que ingresan al país.

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