Migración México-Estados Unidos y la relación de los migrantes con la sociedad receptora: nativismo, asimilación e integración

La migración entre México y Estados Unidos se articula como un sistema de dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales que se ha ido transformando durante más de un siglo. De acuerdo con Durand, es posible identificar cambios en los procesos migratorios, regulados por factores económicos y cambios legislativos en Estados Unidos. Primero, se encuentra el periodo de las grandes deportaciones entre 1920 y 1941, marcado significativamente por la crisis económica de 1929, que implicó una reducción de las oportunidades de empleo, incluso para los grupos minoritarios norteamericanos. Un segundo momento es el definido por el Programa Bracero entre 1942 y 1964, al cual sucedió, con el final del programa, el periodo “indocumentado” entre 1965 y 1986, marcado por el aumento en la migración laboral sin documentación regulada.

El siguiente periodo es el identificado como la fase bipolar, que inició con la aprobación de la Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986, caracterizada por dos procesos: la legalización de los migrantes “irregulares” del periodo anterior, a través de una “amnistía” que se complementó con una política de reunificación familiar, la cual permitió su asentamiento definitivo en Estados Unidos, y el reforzamiento fronterizo que incrementó los riesgos de la migración irregular, al tiempo que criminalizó a los empleadores de mano de obra “indocumentada”. El reforzamiento de fronteras se agudizó con la promulgación de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) de 1996, y con el Homeland Security Act de 2002; así, el tema migratorio pasó de ser un asunto de control laboral-demográfico a un ámbito estratégico de seguridad nacional.

La etapa contemporánea puede rastrearse al comienzo del primer gobierno de Barak Obama en 2008, periodo durante el cual se agudizó el régimen de deportación, con iniciativas como la 287g de 2009, que proveyó a los condados y estados con los fondos necesarios para instalar centros de detención, y articuló la colaboración entre las policías locales y los agentes de migración, y la Ley Arizona SB1070 de 2010, que otorgó a los agentes policiacos la potestad de detener a cualquier sospechoso identificable como inmigrante “indocumentado”. En 2012, aumentando la complejidad de este periodo, se logró limitar el alcance de la Ley Arizona y se aprobó un decreto ejecutivo que permitió detener, temporalmente, la deportación de aquellos jóvenes migrantes irregulares llegados en la infancia a través de la figura de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

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