Las contradicciones de la armonización de la Ley de Migración

Como muchos otros países de América Latina, en las últimas tres décadas México se ha visto empujado a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto ha sido la consecuencia de los complejos problemas asociados a la movilidad humana y la evolución del sistema jurídico global, así como de la especialización de las instituciones y las exigencias de la sociedad civil, los medios y el sector académico. El gobierno mexicano asumió estas obligaciones de manera formal en 1990, cuando ratificó el primer tratado internacional en la materia: la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Este documento obliga a los Estados que lo suscriben “a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de dieciocho años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar”.

Como consecuencia de la suscripción a la CDN, durante varios años el Senado de México enarboló distintos esfuerzos enfocados a cambiar las leyes para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Uno de los más importantes de estos esfuerzos fue la adopción en los últimos meses del gobierno de Ernesto Zedillo de los 56 artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la primera legislación de su tipo en México. Las ley, sin embargo, quedó sin efecto a partir de 2014, cuando se publicaron los 154 artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). El objetivo de esta nueva legislación fue reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares directos de derechos humanos. En 2015, la aplicación de los artículos transitorios de la  nueva Ley resultó en la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), un valioso mecanismo de coordinación de las diferentes políticas públicas relacionadas con la niñez y adolescencia en México, que sin duda ha impulsado un cambio de paradigma con el objetivo de garantizar los derechos de este sector de la población.

En relación con los procesos de movilidad, el esfuerzo legislativo más reciente se llevó a cabo en noviembre de 2020. Tras varios años de exigencias, múltiples organizaciones de la sociedad civil y diversos especialistas lograron incidir a nivel político y jurídico para que se revisara la Ley de Migración para hacerla más compatible con “el interés superior de la niñez”. Esta coalición logró que se llevaran a cabo reformas encaminadas a dejar atrás las ominosas lagunas legales que hacían posible la detención en las estaciones migratorias de niñas, niños y adolescentes en movilidad. Olga Sánchez Cordero, en ese momento titular de la Secretaría de Gobernación, llamó a los cambios a la ley “una política migratoria centrada en el interés superior de la niñez”. La nueva legislación entró en vigor en enero de 2021, con lo que el gobierno de México se planteó dos grandes metas: procurar la protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad e incorporar a nivel nacional el principio de no-privación de la libertad de los mismos.

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