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La espera como mecanismo de disuasión de la política de asilo de Estados Unidos

Publicado el 1 de julio de 2020
por Aída Silva y Bruno Miranda en Blog Nexos-El Colef "Observatorio Migrante"

De acuerdo con la normatividad de Estados Unidos, la persona que busca pedir asilo debe encontrarse en su territorio, ya sea en los puertos de entrada al país (garitas), o bien, puede solicitarlo si la persona ingresó de manera indocumentada y fue detenida (Mossaad, 2019). Sin embargo, contraviniendo con lo originalmente dispuesto en su Ley de Inmigración y Nacionalidad (Chapman, 2019), desde hace cuatro años el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), empezó a disponer de medidas que retrasan el ingreso al país de los aspirantes de asilo que se encuentran en la frontera norte de México. En el trasfondo de esas (in)movilidades (Shapendonck, 2012), se encuentran las medidas de restricción de las migraciones adoptadas e implementadas unilateral o binacionalmente por los gobiernos estadunidense y mexicano.

Primero fue el sistema de cuotas que impuso Estados Unidos en 2016, promovido por el arribo a la frontera norte de México —mayormente concentrada en Tijuana, B. C.—, de miles de personas de nacionalidad haitiana. Un flujo inédito en la historia de la ciudad, tanto por su perfil como por su forma masiva de llegada y por el volumen alcanzado. De los 17?057 haitianos que ingresaron a México por frontera sur en 2016 (UPM, 2017), se calcula que llegaron a Tijuana y Mexicali un aproximado de al menos 8?500 personas (SEDESOL, noviembre de 2016). Como una forma de racionar la recepción de solicitudes de asilo en su aparato burocrático, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), dispuso cuotas diarias que variaban de 30 a 100 solicitudes, claramente insuficientes para la demanda del momento. Esto derivó en la aparición de una lista de espera en Tijuana, donde los aspirantes a solicitar asilo debían anotarse para tomar turno. La lista era manual, rudimentaria, una libreta que se convirtió en “La libreta”. Extraoficial, manejada por los mismos aspirantes y de alguna manera “supervisada” por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. En los primeros meses, la espera con este mecanismo se extendió por seis semanas como mínimo (París, 2018, p. 8), mientras que otros cálculos señalaban “de tres meses a más” (CCINM, 2017, p. 1), para que llegara el día de presentar la solicitud en la garita de San Ysidro, Ca., adyacente a Tijuana. Institucionalizada a inicios de 2019, el tiempo de espera alcanzó hasta nueve meses en agosto de ese mismo año (Robert Strauss Center & Center for US-Mexican Studies, 2019).

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