El procedimiento de refugio en México: entre el olvido jurídico y el desinterés político

El crecimiento exponencial de solicitudes de la condición de refugiado en México tomó impulso durante el periodo entre 2013 y 2019 y se ha acentuado con la llegada de éxodos migrantes desde 2018.¹ Esto no sólo ha tenido un impacto en los procesos de recepción, tránsito, estadía e integración de personas refugiadas y solicitantes de refugio, sino que ha puesto en evidencia las flaquezas de un sistema que tiene poco andamiaje jurídico y que ha sido desdeñado por quienes estudian y reconstruyen las instituciones de derecho. Si bien es cierto que, en su esencia, el refugio es una institución de protección que fundamentada en diversas directrices de índole internacional —tales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo y la Declaración de Cartagena—, es igualmente verdadero que en México el procedimiento es regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

No deja de resultar llamativo que las reglas y principios que operan para resolver un problema administrativo entre un particular y el Estado sobre un tema de servicios públicos —tales como multas de tránsito, impuesto predial y permisos para operar un negocio— son los mismos que habrán de servir de pautas para analizar si se le concede o no protección internacional a una persona extranjera, con todas las implicaciones en materia de derechos humanos que esto pueda conllevar. Esto explica por qué los perfiles de los funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que deciden si alguién es elegible para recibir  protección internacional no requieren una licenciatura en derecho. En la práctica, quienes resuelven las solicitudes de protección suelen ser profesionistas de relaciones internacionales o ciencia política que, sin minimizar su capacidad intelectual, no son expertos en marcos normativos, validez de pruebas e interpretación de criterios judiciales.

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