Ya hay 12 estados republicanos y demócratas que demandarán al gobierno de Trump por la pregunta sobre ciudadanía en el censo

Nueva York está liderando una coalición multiestatal contra la última iniciativa del gobierno federal que, según los críticos, va a disminuir la visibilidad de los inmigrantes: la inclusión de una pregunta en el censo sobre si se es o no ciudadano de los Estados Unidos. Este paso sigue al estado de California, que ya había ido a los tribunales por la misma razón.

Cuando habían pasado unas 24 horas desde que el Departamento de Comercio anunciara su intención de recuperar la cuestión para el formulario del 2020, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, salió a comunicar su intención de presentar una demanda contra el gobierno para paralizar la medida.

En la demanda, en la que hay 11 estados tanto demócratas como republicanos, están también Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Washington. California anunció una iniciativa legal separada. No se descarta que en las próximas horas se sumen más estados.

“Esta decisión se dirige directamente contra estados como Nueva York, que tienen enormes y crecientes poblaciones de inmigrantes, amenazando además miles de millones de dólares en fondos federales así como una representación justa en el Congreso y el colegio electoral”, indicó Schneiderman, que pertenece al Partido Demócrata. El fiscal calificó directamente como “atentado” la inclusión de la pregunta.

La Constitución establece que el censo, que comenzó a realizarse en 1790 y que se celebra cada 10 años, debe contabilizar a la gente del país, independientemente de si son ciudadnaos o no. La polémica pregunta se había retirado del formulario en 1950 y desde entonces no se había recuperado.

El recuento de la población se utiliza para la distribución de fondos federales en función de los habitantes de cada zona, así como los asientos que deben asignarse en la Cámara de Representantes. El resultado influye directamente en la construcción de escuelas, infraestructuras o en programas como Medicaid y Medicare, entre otros.

La medida, según los críticos, va a suponer que numerosas personas, como los indocumentados, residentes legales o aquellos que convivan con gente que tiene problemas migratorios, no respondan al censo por miedo.

“Se supone que el censo debe contar a todo el mundo”, explicó Maura Healy, fiscal general de Massachusetts. “Esto es un flagrante intento e ilegal por parte de la administración de Trump para socavar ese objetivo, lo que resultará en una subestimación de la población y amenazará el financiamiento federal para nuestro estado y nuestras ciudades”, añadió.

Xavier Becerra, fiscal general de California, ya había anunciado la intención de llevar al gobierno federal ante la justicia. “Lo que está pidiendo la administración Trump no solo es alarmante, sino ilegal. La Constitución requiere que, cada 10 años, contemos con exactitud cada persona en nuestro país, sin importar su estatus de ciudadanía. Es una responsabilidad sagrada”, escribió Becerra a través de su cuenta de Twitter en febrero.

El lunes publicó, también en redes, los documentos de la demanda.

“Es lo que esperábamos”, indicó a Univision Noticias Arturo Vargas, director Ejecutivo de Naleo, sobre la batalla legal que se inicia ahora, ya que según apuntó, la pregunta sobre la ciudadanía ” va a perjudicar el conteo del censo”.

En su opinión, esta nueva medida “busca intimidar a la comunidad latina” y otras minorías “para que no participen”. Según explicó, pese a que esta pregunta ya apareció en el pasado y no hubo problemas, ahora sí puede considerarse contraria a la Constitución. ” Las épocas tienen que ver en cómo se hace una pregunta. El censo debe averiguar la realidad de hoy y, al incluirla, no se seguirá el mandato de contar a todas las personas”, reflexionó.

Desde hace algún tiempo los demócratas sospechaban que esa decisión estaba en ciernes. Han convocado a numerosas conferencias de prensa para denunciarlo y en varias interpelaciones en el Congreso, increparon sobre el tema al secretario de Comercio, Wilbur Ross.

La Casa Blanca ha defendido la medida y ha afirmado que era necesario porque “ofrece cifras necesarias para el Departamento de Justicia para proteger a los votantes”, según explicó la portavoz Sarah Sanders el lunes. En su conferencia de prensa, sin embargo, utilizó información falsa para justificar la medida al afirmar que la pregunta se había incluido en el censo desde 1965. Ese año no hubo censo, ya que al realizarse cada 10 años, fue en 1960 y 1970. La cuestión sí que ha aparecido en la American Community Survey, un cuestionario utilizado por la Oficina del Censo.

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