Tribunal Supremo definirá caso de inmigrantes detenidos sin derecho a fianza

El futuro de miles de inmigrantes con órdenes de deportación y que languidecen en celdas quedó en manos del Tribunal Supremo que, bajo fuertes divisiones ideológicas,  escuchó este miércoles argumentos a favor y en contra de que éstos permanezcan en detención indefinida sin derecho a una fianza.

Los ocho magistrados escucharon los argumentos de la defensa y del gobierno en una demanda colectiva presentada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en el caso “Jennings v. Rodriguez”, en medio de la zozobra por la futura política migratoria del presidente electo, Donald Trump.

Bajo las leyes de EEUU, todo detenido tiene derecho constitucional al debido proceso pero, según la ACLU, el gobierno de Obama ha hecho caso omiso a ese derecho, como ocurrió en el caso del inmigrante mexicano, Alejandro Rodríguez, detenido durante tres años sin una audiencia para salir libre bajo fianza.

La ACLU ganó el caso de Rodríguez en un tribunal en Nueva York y ante el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco (California), que dictaminaron que los inmigrantes con casos de deportación tienen derecho a una audiencia de fianza si su detención supera los seis meses. Los jueces pueden ordenar su libertad bajo fianza si determinan que éstos no son un peligro para la comunidad ni se darán a la fuga.

Sin embargo, el gobierno federal apeló el fallo en 2015, y el caso llegó a las puertas del Tribunal Supremo.

Ahilan Arulanantham, el abogado de ACLU que argumentó el caso, dijo en un comunicado que las cortes de menor instancia hicieron bien en anular “la política draconiana de encerrar a los inmigrantes durante años sin una audiencia”.

Rodríguez es residente legal pero fue detenido y puesto en vía de deportación en 1998 tras su condena por posesión de drogas y por conducir un vehículo robado. Pese a que no pasó un solo día en prisión por esos delitos, la ley permite la deportación de residentes legales condenados por infracciones menores.

La detención prolongada afecta también a solicitantes de asilo o sobrevivientes de tortura, que pueden quedar tras las rejas mientras las cortes resuelven sus casos.

En 2003, el Tribunal Supremo aprobó breves períodos de detención sin audiencias individuales, pero los abogados de ACLU argumentaron que todo inmigrante tiene derecho a una audiencia si pasa al menos seis meses detenido.

El abogado interino de la Administración Obama ante el Tribunal Supremo, Ian Gershengorn, argumentó que una ley federal de 1996 dio poderes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para retener de forma indefinida a cualquier inmigrante mientras resuelve su caso de deportación.

Los jueces ofrecieron pocas pistas sobre adónde podrían inclinarse en su veredicto final,  pero el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de corte conservador,  consideró que los detenidos pueden contratar a un abogado y demandar al gobierno si piensan que sus derechos constitucionales han sido violados.

El juez Stephen G. Breyer, del ala “liberal” de la corte, expresó dudas sobre si el derecho a una fianza aplica a todo inmigrante detenido después de un período determinado, mientras que la jueza Elena Kagan, también del ala progresista, argumentó que la Constitución no autoriza detenciones indefinidas.

La ACLU no tiene una cifra exacta de cuántos inmigrantes estarían afectados por el dictamen del Tribunal Supremo a finales de junio de 2017.

Según expertos, hay al menos tres  escenarios:  puede devolver el caso a San Francisco, para que decida si el límite de una detención sin audiencia es de seis meses; puede declarar un empate técnico de 4-4,  lo que dejaría en pie la decisión de ese tribunal, o puede postergar el caso hasta que haya un noveno juez en el Tribunal Supremo.

Si el Tribunal Supremo reafirma la decisión del tribunal de apelaciones,  la ACLU calcula que “miles” de inmigrantes detenidos tendrían derecho a una audiencia de fianza en un plazo de seis meses.

En la actualidad, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) tiene bajo su custodia a más de 400,000 inmigrantes al año, con un promedio diario de más de 30,000. Muchos de éstos languidecen en centros de detención “durante meses, si no años, sin una audiencia de fianza”, dijo ACLU.

Se desconoce si el Tribunal Supremo, dividido sobre líneas ideológicas, tendrá pronto al noveno juez vitalicio, en reemplazo del conservador Antonin Scalia que falleció en febrero pasado.

El presidente electo, Donald Trump, ha indicado que nombrará a un juez conservador, pero aún no ha barajado nombres para el cargo.

El Senado, bajo control republicano, no quiso siquiera realizar audiencias de confirmación para el juez que nombró el presidente Barack Obama, Merrick Garland.

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