Sentencian a cinco años de prisión a exagente migratorio que colaboró con ‘coyotes’ por dinero y favores sexuales

Publicado el 25 de mayo de 2017
por Isaías Alvarado en Univisión 34 Los Ángeles. Fotografía de Getty.

Un exagente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) que permitía la entrada de indocumentados a través de su caseta en la garita de San Ysidro, California, a cambio de dinero y favores sexuales, fue sentenciado este martes a cinco años de prisión.

José Luis Cota, quien se encargaba de revisar los autos que ingresaban a Estados Unidos desde Tijuana, México, admitió el otoño pasado que era parte de un grupo de contrabandistas que cruzó ilegalmente a por lo menos a 10 personas por una tarifa de hasta 15,000 dólares cada uno.

Cota, quien durante 15 años estuvo en las filas del CBP, fue arrestado en septiembre después de que una investigación descubrió que miles de dólares fueron a parar a cuentas bancarias y a un escondite en su vivienda por colaborar en el contrabando de personas de noviembre de 2015 a septiembre de 2016.

De acuerdo a documentos judiciales, él recibió 13,000 dólares solo por permitir que cruzaran dos indocumentados por su caseta de revisión en San Ysidro. Además le depositaron más 44,000 dólares por otros sobornos. En su hogar, las autoridades encontraron más de 17,000 dólares en efectivo.

Su cómplice, Miriam Juárez-Herrera, también le pagó con favores sexuales, según las autoridades. Juárez-Herrera, originaria de México, conducía los vehículos llevando como pasajeros a indocumentados. Ella, quien tampoco tiene papeles, siempre pasaba por el carril inspeccionado por Cota. Todos presentaban identificaciones falsas.

Cuando los migrantes pagaban por el cruce, la mujer y su pareja, Gilberto Aguilar-Martinez, líderes de la banda, tomaban su parte y hacía un depósito a su aliado en CBP.

Aguilar-Martínez fue sentenciado el lunes a tres años en prisión, mientras que la condena de Juárez-Herrera fue pospuesta para el 19 de junio de 2017.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tenía a Cota en la mira desde 2013, después de que una migrante (que todavía no ha sido confirmado que se trate de la misma cómplice) declaró que ella y el agente flirtearon cuando él la deportaba en un vehículo hacia México en 2011. Ambos terminaron reuniéndose después en Tijuana y ahí planearon dedicarse al jugoso negocio de cruzar indocumentados a Estados Unidos.

Parte de la evidencia en el caso de Cota incluyó cientos de conversaciones telefónicas y mensajes de texto entre él y Juárez-Herrera, así como vigilancia de sus encuentros sexuales en hoteles, seguimiento satelital, testimonios confidenciales y datos de cruces fronterizos.

Al imponer la sentencia de Cota, el juez Jeffrey Miller declaró que sus delitos erosionaron la seguridad fronteriza y mancharon la reputación de los funcionarios honestos. “Se alimenta la creencia popular de que hay corrupción en el gobierno en algunos niveles. Hay un punto de putrefacción en el gobierno.Cuando esto suceso nos afecta a todos”, expresó el magistrado.

Además de la condena tras las rejas, el juez ordenó que Cota cediera dos vehículos usados en el tráfico de personas y más de 63,000 dólares en efectivo asociados con este esquema de corrupción.

Mientras que le ordenó a Aguilar-Martínez, originario de México, que renunciara a dos autos y 2,425 dólares en efectivo que le incautaron durante su arresto. Debido a su condición de indocumentado, se ha programado su deportación al concluir su estadía en la cárcel.

“Funcionarios corruptos como Cota disminuyen la confianza del público en los funcionarios del gobierno . Cota rompió esa confianza sucumbiendo a su propia codicia y deseos. La sentencia de hoy debe servir de disuasión a otros y recordar a aquellos que pueden estar involucrados en tal conducta que trabajaremos incansablemente para erradicar a los funcionarios públicos corruptos”, expresó la fiscal federal Alana W. Robinson.

Durante las pesquisas, el FBI descubrió que el exagente del CBP se casó con una mexicana a quien había procesado al ser enviada a México en 2010. Él trató de obtener una visa para que ella viviera legalmente en Estados Unidos, pero negaron su caso y ella siguió viviendo ilegalmente en el país.

A finales de 2016, el gobierno federal lanzó una campaña para combatir la corrupción, tras ventilarse que cerca de 200 empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a algunas de sus agencias, entre ellas la Patrulla Fronteriza, han recibido 15 millones de dólares en sobornos de carteles de la droga mexicanos a lo largo de una década.

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