Senadores demócratas exigen reducción en fondos para “fuerza de deportación”

Líderes demócratas del Senado prometieron este jueves luchar “uña y dientes” contra un presupuesto que aumenta los fondos para la “fuerza de deportación” de la Administración Trump y facilita la construcción de su prometido muro fronterizo, al tiempo que instaron a un comité legislativo a que destine los limitados recursos federales a otras prioridades nacionales.

La carta, firmada por 19 senadores, condenó que el plan presupuestario para el año fiscal 2018, que presentó el mes pasado el presidente Donald Trump, realiza enormes recortes en ciertos programas domésticos mientras pide un aumento de $2,800 millones para la puesta en marcha de sus órdenes ejecutivas contra los inmigrantes.

El plan además pide un incremento de $1,500 millones para el arresto y deportación de inmigrantes indocumentados, $362 millones para la contratación y capacitación de más agentes fronterizos, y $1,600 millones como “prima” para la construcción de un muro en la frontera con México.

Los senadores pidieron al Comité de Asignaciones del Senado que reduzca tanto los fondos para las operaciones policiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como la cuota anual que impone el Congreso en el número de camas en los centros de detención para inmigrantes.

A su juicio, las condiciones sobre el terreno, que incluyen una disminución en el número de cruces ilegales, no justifican un aumento en los fondos de los contribuyentes para las operaciones de la Patrulla Fronteriza, o para el “aparato de deportación masiva” de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante una conferencia telefónica, los senadores Bob Menéndez, de Nueva Jersey, Kamala Harris, de California, y Mazie Hirono, de Hawai,  explicaron que el muro fronterizo y una mayor vigilancia no hará más seguro al país, y cada dólar destinado a las deportaciones masivas es uno que no se invierte en programas sociales o educativos que benefician a la comunidad.

Menéndez prometió que luchará “uña y dientes” contra el presupuesto de Trump, entre otras cosas porque el muro fronterizo es costoso y “no incrementará la seguridad”,  y muchas familias sufren la deportación de inmigrantes sin antecedentes criminales.

Por su parte, Harris destacó que la política migratoria de Trump, en la que prácticamente todo inmigrante indocumentado queda en la mira de la deportación, está teniendo un enorme impacto en California, donde una de cada cuatro personas es inmigrante.

Además, las “desastrosas” medidas en vigor solo perjudicarán la economía y la seguridad pública, subrayó.

Harris reconoció que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y la mayoría apoya las políticas de Trump, pero insistió en que “es crítico que se escuchen nuestras voces”.

En ese sentido, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), precisó que es importante continuar “educando” a la comunidad, a la opinión pública y a los mismos conservadores que apoyan la austeridad fiscal, sobre la urgencia de hacer mejores inversiones con los fondos públicos.

Angélica Salas, directora ejecutiva del grupo angelino, CHIRLA, afirmó que el presupuesto es “cruel” y la comunidad no se quedará de brazos cruzados ante “la insaciable máquina de deportación”, por lo que los activistas seguirán presionando en su contra.

La “Dreamer” Daniela Vargas, que aspira a iniciar la universidad en otoño próximo pese a que afronta una posible deportación, pidió al Congreso que utilice el dinero de los contribuyentes “para la educación, no para deportar a estudiantes como yo”.

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