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Senado de California aprueba ley para exigir que ICE no entre en escuelas, cortes ni oficinas del DMV

Publicado el 1 de febrero de 2018
por Isaías Alvarado en Univisión Noticias. Fotografía de Isaias Alvarado.

Una propuesta de ley que prohibiría que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ingresen sin una orden judicial a escuelas públicas, tribunales y una larga lista de oficinas de gobierno que ofrecen servicios a los indocumentados, fue aprobada esta semana en el Senado de California.

Dicha legislación, conocida como la SB 183 y propuesta por el senador Ricardo Lara, se sumaría a otras iniciativas que han limitado las acciones de ICE en California, como la ley de estado santuario, que prohíbe la colaboración entre las policías locales y las autoridades federales migratorias, y otra que impide redadas en lugares de trabajo.

Si se aprueba en la Asamblea estatal y es firmada por el gobernador Jerry Brown, la SB 183 prohibiría que los agentes de ICE cuestionen o realicen labores de vigilancia dentro de un edificio estatal. Esto abarca escuelas públicas y colegios comunitarios, cortes estatales, así como oficinas del Departamento de Vehículos (DMV), de desempleo y de compensación laboral.

El senador Lara dijo que su propuesta legislativa responde a las preocupaciones de que ICE usa las oficinas estatales como “carnada” para detener a los inmigrantes indocumentados. Su iniciativa cita, sobre todo, las detenciones realizadas en los tribunales que han reportado abogados y activistas.

“Los funcionarios federales de inmigración están creando un clima de temor que socava a las instituciones fundamentales de la democracia de California”, expresó Lara en un comunicado, citando que la SB183 “garantiza un entorno seguro para que los estudiantes puedan asistir a clases, los padres pueden recoger a sus hijos en la escuela y las personas pueden denunciar delitos o acudir a los tribunales sin temor a ser blanco de agentes federales basado en su estatus migratorio”.

La presencia de ICE en los tribunales ha sido criticada por la jefa de la Corte Suprema de California, Tani Cantil-Sakauye, quien reclama que esto infunde temor en los indocumentados que acuden a esos sitios como testigos, porque tienen causas pendientes, como puede ser una orden judicial o por algún asunto relacionado con su estatus migratorio.

Por esta misma razón es que ya distintos organismos académicos, como el Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD), han declarado a sus planteles como “santuarios de indocumentados”, redactando guías para que su personal no colabore con las autoridades federales y atendiendo a los alumnos afectados por las deportaciones.

A la par de estas acciones, ICE ha advertido que aumentará su presencia en California. La agencia señala que, de hecho, su presencia en los tribunales obedece a la falta de cooperación con las policías locales. Sin embargo, su política pide a sus agentes evitar arrestos en “lugares sensibles”, incluyendo escuelas, iglesias y hospitales, siempre que sea posible. Según ICE, las detenciones que ha realizado en las cortes pusieron bajo custodia a condenados por delitos sexuales, tráfico de drogas y por conducir ebrios.

La agencia de inmigración, que no comentó sobre la SB183, señala que, por ejemplo, los miembros de su unidad de captura de fugitivos se presentan en juzgados cuando han agotado otras opciones -acudir a un domicilio registrado o lugar de trabajo-, y celebra que estos sitios representan una ventaja táctica para los agentes, ya que sus objetivos de arresto han pasado por un detector de armas de fuego y otros objetos peligrosos al entrar a las cortes.

Alberto Torrico, exasambleísta estatal y quien cabildeó a favor de la SB 183, señala que el principal objetivo de esta iniciativa es que los indocumentados reciban de manera íntegra los servicios estatales. “La teoría legal es que si el estado de California ha otorgado estos beneficios, como desempleo o compensación laboral a los indocumentados, debe protegerlos. Con la presencia de agentes de inmigración no podrán reclamar esos beneficios”, añadió Torrico.

Al autor de la SB 183 también le preocupa que ICE ponga la lupa sobre las oficinas que defienden los derechos de los trabajadores, esto después de que la Comisión Laboral del estado alertara que el año pasado se triplicaron las quejas de inmigrantes amenazados por sus patrones con reportarlos al servicio de inmigración para evadir denuncias por robo de sueldos, maltratos y otras violaciones.

“La confianza en el gobierno es esencial para la seguridad de todos los californianos y me niego a permitir que la campaña de intimidación de ICE borre los esfuerzos del gobierno estatal y local para sacar a los inmigrantes y sus familias de las sombras”, advirtió el senador Lara.

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