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Se aceleran casos de asilo en tribunales y rechazan más que en los últimos diez años

Publicado el 4 de diciembre de 2017
por Pilar Marrero en La Opinión. Fotografía de John Moore/Getty Images.

Los jueces de inmigración resolvieron más casos de asilo el pasado año fiscal que en cada uno de los últimos diez años, pero esta súbita efectividad llega en momentos en que hay menos solicitantes que tienen un abogado que los represente.

La consecuencia obvia es que hay menos solicitudes exitosas.

Según TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, los jueces migratorios decidieron 30,179 casos, casi 8,000 más que el año 2016, en el que terminaron 22,312 casos.

No obstante, el aumento no tuvo un feliz resultado para muchos de los solicitantes: mayor proporción de casos de asilo fueron negados que en años anteriores.

Los expertos ligan el peor resultado -de cara a los inmigrantes- con un aumento en la cantidad de ellos que se presentan ante un juez de inmigración sin un abogado que los represente.

Desde 2014 no había un porcentaje tan alto de casos de asilo que no tuvieron abogado, explican las cifras y un gráfico de TRAC.

En el año fiscal 2017, el 20.6% o uno de cada cinco personas que pidió este beneficio, uno de los más complejos y difíciles de probar de todos los procesos legales migratorios, no tenía representación legal.

Diversos estudios han verificado que no tener abogado disminuye radicalmente el éxito de una solicitud de asilo.

Este es el quinto año consecutivo en el que aumentan los rechazos de casos de asilo y en esta ocasión coinciden también con un período en el cual el gobierno de Donald Trump ha tomado medidas directas e indirectas para acelerar los procesos y aumentar las deportaciones.

Desde hace varios meses, abogados de inmigración y analistas que estudian el funcionamiento de las cortes de inmigración, han reportado una tendencia que califican de “preocupante”: la presión directa e indirecta de la Administración Trump sobre los jueces de inmigración para que “aceleren” los casos o cambien los procesos.

Eleanor Acer, de la organización humanitaria Human Rights First, dijo en entrevista con La Opinión que puede haber múltiples factores que incidan en la aceleración de casos y en el aumento de los rechazos de asilo pero que hay cierta “presión” del gobierno federal contra el debido proceso.

“Hemos visto a miembros del congreso criticar a las cortes por dar asilo. Hemos escuchado a funcionarios del ejecutivo decir que no deberían concederlo”, dijo Acer. “Más recientemente, el procurador Jeff Sessions dijo que el sistema estaba lleno de fraude”.

El más reciente reporte de esa organización, publicado en octubre, desglosó las denuncias de muchos abogados migratorios en cuanto a ciertas órdenes del gobierno de Trump para que los jueces no concedan tiempo extra a los migrantes para preparar sus casos de asilo o accedan a posponer audiencias.

También es posible que los jueces  y el personal contratados por el gobierno de Trump estén comenzando a tener un efecto en reducir el rezago en solicitudes pendientes, agregó Acer.  No obstante, hace apenas unos meses, los tribunales migratorios alcanzaron cifras record de casos pendientes, más de 600,000.

En febrero de este año, pocas semanas después de tomar posesión Trump, el entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly, en sus memorandos de implementación de las órdenes ejecutivas de inmigración, se refirió a la “resolución expedita” de casos de asilo.

“Algunos abogados de organizaciones no lucrativas ya han comenzado a reportaron que cierto jueces en centros de detención están exigiendo que los solicitantes preparen sus casos en pocas semanas”, señala el reporte Tilted Justice (Justicia Inclinada)

Un memo de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR) recomendó por ese entonces a los jueces no posponer audiencias de asilo. Esta es una práctica común para permitir que los inmigrantes obtengan la ayuda de un abogado, especialmente si necesitan uno que ofrezca voluntariamente sus servicios.

Otro insistente reporte de parte de diversas organizaciones y abogados desde la llegada de Trump y Sessions al poder en el Departamento de Seguridad Nacional, es que hay más demanda de abogados migratorios y menos acceso a ellos en los centros de detención.

La mayor demanda de abogados está dada por más cantidad de personas detenidas por las autoridades migratorias y procesadas para deportarlas, y más refugiados centroamericanos volviendo a aumentar su presencia en la frontera.

Al mismo tiempo, las órdenes ejecutivas y la retórica del ejecutivo también ha tenido su efecto en el trato que los detenidos reciben, así como sus abogados, en estas “cárceles para migrantes”, dijo Greg Chen, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigracion (AILA)

“En este gobierno hemos visto muchas más barreras frente a abogados y programas que proveen representación legal a detenidos”, dijo Chen. “Se ha vuelto más difícil tener acceso a los migrantes que están dentro de centros y que piden asilo”.

Hace algunos meses, el Southern Poverty Law Center presentó una queja formal ante el gobierno por los problemas para acceder a los detenidos en uno de los más notorios y remotos centros de detención: Stewart  Center en Lumpkin, Gorgia.

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