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San Francisco ofrece abogados a inmigrantes que no pueden pagarlos

Publicado el 1 de junio de 2017
por Michael McLaughlin en The Huffington Post México. Fotografía de Ap.

Las autoridades de la ciudad iniciaron esta semana a ofrecer defensores públicos a los inmigrantes que no tengan la capacidad económica de contratar a un abogado que les ayude a evitar la deportación en la corte.

El nuevo programa es la tercera unidad de inmigración en los Estados Unidos dirigida por una oficina de defensores públicos. Los defensores dicen que es un servicio indispensable en San Francisco, donde los inmigrantes conforman un tercio de la población y la administración del presidente Donald Trump ejecuta su agresiva agenda sobre aplicación fronteriza y deportación.

Los inmigrantes sin abogados tienen mayor posibilidad de perder su caso de deportación, en comparación con aquellos cuyo caso es defendido por un abogado, según estudios. Aun así, en el 40% de los casos, las personas se arriesgan sin representación legal, según datos del departamento de Justicia.

Sin asistencia legal, los inmigrantes son presionados a tomar decisiones que afectan su posibilidad de permanecer en el país antes de realmente entender todas sus opciones, de acuerdo con críticos.

“Miguel”, un hombre en sus veintes de Centroamérica se paró enfrente de una cámara y una pantalla de video en un centro de detención en California a principios de este año. Él es un residente legal que ha vivido en la Bahía de San Francisco durante casi nueve años. Pero durante meses estuvo retenido en un centro de detención y fue objetivo de deportación por una condena penal.

El video frente a él estaba conectado a una sala de audiencia en San Francisco, que mostraba al juez federal y al procurador, quienes defendían la deportación de Miguel.

Miguel, cuya lengua materna es el español, no podía pagar a un abogado. Luchó con las preguntas constantes del juez sobre su solicitud de asilo, según las transcripciones del caso.

“Ok. Sr. le pregunté si tiene ese documento completo hoy. ¿No es así?”, le dijo el juez.

Miguel, que hablaba a través de un intérprete, parecía abrumado por los procedimientos.

“Sí, pero no tuve la capacidad de conseguir ayuda. Traté de conseguir un abogado, pero no obtuve respuesta, y no la pude tener lista hoy, nadie pudo ayudarme. Y por eso no la hice”, contestó Miguel.

Había pasado un mes desde la última audiencia de Miguel ante el juzgado, quien le había dado tiempo adicional para llenar los formatos para pelear su deportación. En la audiencia anterior, Miguel le dijo al juzgado que no había encontrado un abogado que tomara su caso desde la lista de abogado de inmigración gratuitos y debajo costo que proporcionó el tribunal, según la transcripción.

La frustración se sintió en los comentarios del juez.

“Sr, usted y yo tuvimos una conversación. Se suponía que debía llenar la solicitud y presentarla hoy. Así que puedo darme cuenta hoy que ha renunciado a su solicitud y serás deportado”, le dijo el juez. “Señor, usted podría ser deportado ahora mismo de Estados Unidos. Porque no aprecio que la gente no siga las órdenes de la corte. Y usted prometió que esa solicitud estaría llena y lista para enviar hoy. Y ahora se presenta con las manos vacías”.

“¿Qué puedo hacer? No sé leer ni escribir. No la pude llenar”, dijo Miguel.

La escena era Kafkiana. Un residente legal amenazado con ser deportado inmediatamente por un juez impaciente por su inhabilidad de llenar un documento frente a él. El juez, al final, cedió y le otorgó más tiempo al hombre para llenar los formularios.

Los detalles sobre la identidad de Miguel están retenidos por su actual abogado, quien teme que al criticar los procedimientos de inmigración podría tener un efecto negativo en las probabilidades de Miguel de permanecer en EU por apelación.

El caso muestra retos típicos que los no ciudadanos enfrentan en las cortes de inmigración, donde no tienen derecho a un abogado nombrado por el tribunal. Los casos de inmigración son clasificados como de materia civil. Las personas que no pueden pagar un abogado solamente están autorizados a un defensor público en la corte criminal.

“Para una persona que atraviesa eso, siente que está en un proceso criminal. El gobierno se prepara tanto como pueda”, dijo Raha Jorjani, defensora pública del condado de Alameda quien ahora representa a Miguel.

Solamente las oficinas de los defensores públicos de la ciudad de Nueva York y el condado de Alameda establecieron una unidad de inmigración antes que la ciudad de San Francisco. Otras localidades están dedicando recursos para contratar abogados para inmigrantes.

En diciembre, la ciudad de Los Ángeles anunció un fondo de 10 millones de dólares para los inmigrantes locales que se enfrentan a la deportación. Chicago juntó US$1.3 millones para un fondo de defensa durante el mismo mes. Austin, Texas puso fondos de emergencia en febrero. Las organizaciones sin fines de lucro y algunos bufetes de abogados han ofrecido ayuda legal pro bono durante años.

El acceso a un abogado podría tener inmensos beneficios para los detenidos. Los estudios han demostrado que, en la corte de inmigración, tener un abogado hace que un acusado tenga seis veces más probabilidades de prevalecer que las contrapartes que se defienden a ellos mismos, según la oficina de Defensa Pública de San Francisco. Sin embargo, más de 73,000 inmigrantes —casi el 40% de todos los casos— se aventuraron en la corte de inmigración sin un abogado en 2016, según cifras del Departamento de Justicia.

“Tener un abogado iguala el campo de juego”, dijo el profesor Hiroshi Motomura de UCLA, experto en derecho de inmigración. “Conforme el procedimiento, se convierte en una lucha mucho más justa”.

Es un momento crítico para los inmigrantes. Los arrestos por parte de los agentes de inmigración han aumentado 38% este año bajo la administración Trump, y el presupuesto de la Casa Blanca buscará U$2,700 millones adicionales en fondos para asegurar la frontera y el cumplimiento de las leyes migratorias. Trump también ha amenazado con recortar los fondos a las llamadas ciudades santuarios que no cooperen con las políticas de inmigración federal.

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