La comunidad inmigrante hispana de Iowa anunció este miércoles que se prepara para “demandar” ante los tribunales de justicia la ley SB 481, que prohíbe las jurisdicciones santuario y obliga a los agentes de policía colaborar con el gobierno federal en el arresto de inmigrantes indocumentados.
La legislación fue promulgada el martes por la gobernadora Kimberley Kay Raynold (republicana) y entrará en vigor el 1 de julio.
La SF 481 tiene como objetivo, según los republicanos (quienes controlan la legislatura de Iowa), “mantener la seguridad pública” al exigir que todos los departamentos de policía y otras agencias del orden público del estado, cooperar con las autoridades federales de Inmigración comandadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La nueva ley, además, prohíbe cualquier esfuerzo que disminuya la cooperación entre los agentesde la policía local (estatal y municipal) y los agentes federales de Inmigración, y también permite que el estado elimine fondos a las jurisdicciones que se conviertan en “santuario” para los inmigrantes.
La medida establece que la policía no preguntará el origen nacional de una persona a menos que esta información sea relevante para una investigación de tipo criminal. También exige que “las fuerzas del orden no consideren raza, color de piel, idioma hablado o nacionalidad” al momento de ejecutar la ley.
Cabe destacar que el 25 de enero del año pasado Donald Trump decretó que la estadía indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
“Claro que hay miedo en la comunidad inmigrante”, dice José Alvarado, de la organización Latinos Unidos por Iowa, en Des Moines. “Pero le queremos decir a la gobernadora Raynold que, aunque haya firmado la SF 481, la lucha no está terminada. Vamos a demandarla antes de que sea ejercida porque consideramos que no es justa”.
“La policía no va a poder acatar esa ley porque estamos confiados en que los tribunales nos van a escuchar. Y porque no alcanza el tiempo de aquí al 1 de julio para que entrenen a todos los agentes del estado a ejercer la nueva legislación sin violar los derechos de la comunidad”, agregó.
Alvarado, sin embargo, dijo que “el temor más grande que registra la comunidad es que nos pidan papeles y nos entreguen a ICE (Oficina de inmigración y Aduanas, una dependencia que opera bajo el mando del DHS) para que nos deporten de Estados Unidos”.
“Imagínese si vamos a hacer un trámite, a pedir un acta de nacimiento de nuestros niños, una gestión en la municipalidad y nos pregunten si tenemos papeles. ¿Qué les vamos a decir?”, preguntó.
Apenas un día después de promulgada la ley, activistas han pautado reuniones con los jefes de policía local en varias ciudades para hablar sobre el impacto de la SF 481 en sus comunidades.
“Nos reuniremos con las autoridades locales de Des Moines y otras ciudades para salvar los acuerdos y compromisos de confianza que hemos establecido a lo largo de los años”, dice la activista mexicana Claudia Trhrane, quien dirige la página Qué Pasa Iowa en la red social Facebook.
“Les diremos que, por lo pronto, seguiremos luchando, batallando en las calles y en los tribunales de justicia”, agregó.
Thrane dijo además que esta noche “habrá una vigilia frente al edificio de la legislatura y luego iniciaremos una campaña de información para que los inmigrantes de Iowa conozcan sus derechos.
En febrero el jefe de la policía de Iowa City, Jody Matherly, dijo en una audiencia ante la Cámara de Representantes del estado que se oponía a la SF 481 porque sus agentes tienen una buena relación con la comunidad.
Matherly argumentó que la colaboración entre la policía y los inmigrantes ha contribuido a la reducción de la criminalidad en un 11%.
Mike Tupper, jefe del Departamento de Policía de Marshalltown (MPD), dijo que Iowa “actualmente no tiene ninguna ciudad santuario”, y que las agencias locales de cumplimiento de la ley, como el que dirige, ya cumplen completamente con las agencias federales, reportó el diario Times Republican.
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