Miles de ex detenidos de cárcel de inmigración privada podrán unirse a demanda por “trabajo forzado

Hace tres años, un grupo de nueve migrantes que estuvieron o estaban detenidos en un centro de detención de migrantes propiedad de la multinacional Geo Group en Aurora, Colorado, demandó a la empresa alegando trabajos forzados y enriquecimiento ilegal por el uso de detenidos para el trabajo de mantenimiento de la cárcel.

Esta semana, el juez federal John Kane, falló a favor de los demandantes, permitiendo que la demanda incluya no sólo a las nueve personas involucradas, sino a 50,000 o 60,000 detenidos actuales o anteriores que han estado confinados allí entre 2004 y el presente.

“Es una decisión de enorme importancia”, dijo Nina Salvo. “Demuestra que todas estas personas vulnerables podrían lograr que se les haga justicia”.

La demanda alega que los migrantes detenidos en la cárcel migratoria de Geo Group en esa localidad del estado de Colorado, eran forzados a hacer todo tipo de trabajos para mantener la limpieza y orden del centro, que tiene capacidad para albergar a 1,500 detenidos.

Geo Group es una de las dos empresas de cárceles privadas que tiene numerosos contratos con el gobierno federal para detener a migrantes en proceso de deportación. No son “cárceles” en la definición técnica de la palabra, porque los detenidos no están allí por ser culpables de un delito penal sino porque están en proceso de ser expulsados del país.

Los centros de detención migratoria son civiles, no criminales.

A pesar de que el “Programa de Sanidad” del manual de la empresa carcelaria establece que los detenidos deben hacer su limpieza personal del lugar que habitan, la demanda alega que se trata de “trabajos forzados” especialmente porque se castiga a los que no lo hagan con diversas sanciones, incluyendo el uso de una “celda de aislamiento” o, en inglés, “solitary confinement”.

Entre los trabajos que hacían los detenidos: limpiar baños, duchas, sanitarios y ventanas, limpiar y mantener el dispensario médico y sus baños, limpiar cuartos de pacientes, trapear el piso y pasar cera, lavar la ropa del dispensario y de los detenidos, preparar y servir comidas, asistir en preparar comidas de los agentes de seguridad para eventos de la compañía, hacer de barbero a los detenidos y trabajo secretarial, entre otros.

Por cada día trabajado, los detenidos ganaban 1 dólar, pero además, algunas prebendas, como “comer helado o mirar una película”. Si se negaban a hacer el trabajo, se les castigaba, a pesar de tratarse de un “Programa de Trabajo Voluntario”, alega la demanda.

Agregan que no recibían pago alguno por limpiar sus celdas o “pods”.

Los demandantes buscan compensación por daños y perjuicios, ya que además alegan que la empresa se enriquecía a costillas de los detenidos.

“Esta práctica permitía reducir los costos laborales de la empresa, donde hay un solo custodio para mantener un centro que tiene capacidad para 1,500 personas”, señaló Salvo.

GEO Group ha negado públicamente las acusaciones de los demandantes y argumenta que se atienen estrictamente a los “estándares federales” en el manejo del centro de detención.

Grisel Xahuentitla Flores, una ex detenida del centro, dijo que estuvo allí durante cuatro meses en el año 2014.

“Me usaban, como a miles de otros, para gastar lo menos posible”, dijo la migrante. “Si hacíamos un buen trabajo en limpiar nuestras celdas a veces nos daban galletas o helado”.

La demanda seguirá su curso en el tribunal federal y se espera que tarde algún tiempo más en llegar a un juicio. Se estima que la clase real afectada será de unas 2000 personas.

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