Legislador latino busca prohibir colaboración de Colorado con Inmigración

Colorado puede dejar de colaborar con el Gobierno federal en inmigración y en la creación de un registro nacional de personas si prospera un proyecto de ley que presentó hoy en la Asamblea estatal el representante estatal Joseph Salazar, abogado experto en derechos civiles.

La medida, conocida como HB17-1230, o “Ley Ralph Carr” de Defensa de la Libertad”, pretende prohibir que el estado de Colorado, sus condados y sus municipalidades ayuden a identificar la raza, etnicidad, nacionalidad, situación inmigratoria o afiliación religiosa de los residentes en este estado y luego compartan esa información con el gobierno federal.

A la vez, la iniciativa de Salazar también prohibiría que se utilizasen recursos locales para monitorear, arrestar o detener a personas sólo sobre la base de su religión, situación inmigratoria u otras características personales.

El proyecto HB17-1230 cuenta con el respaldo unánime de los legisladores demócratas, que controlan la cámara baja, pero no el senado local, y de numerosas organizaciones de ayuda a minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, víctimas de crímenes o abusos, y defensa de los derechos de las mujeres.

En una rueda de prensa a principios de esta semana para presentar su propuesta, Salazar afirmó que presentó su proyecto porque es “un abogado de derechos civiles” y porque “se necesitan abogados de derechos civiles que luchen por las personas”.

Esta medida es la contrapartida del proyecto de ley ya rechazado este año, HB17-1134 o Ley de Responsabilidad de los Políticos de Colorado, presentado por el representante estatal Dave Williams (republicano e hispano).

Williams buscaba que las víctimas o familiares de víctimas de crímenes cometidos por indocumentados pudiesen demandar a los funcionarios públicos “responsables de crear jurisdicciones santuario”.

En su propuesta Salazar hace referencia a Ralph Carr, gobernador de Colorado de 1939 a 1942, quien fue el único gobernador en aquella época que se negó a cumplir con la orden federal de enviar a ciudadanos japoneses-americanos a centros de detención, lo que le costó su carrera política.

De hecho, Salazar confía que, de aprobarse, su proyecto ayudará a corregir el “trauma histórico” provocado por “las prejuiciosas políticas públicas de abuso del pasado”, que anteriormente afectaron a japoneses-americanos y a nativos (como la Masacre Sand Creek en Colorado en 1864) y que, según Salazar, ahora afectan a inmigrantes y a musulmanes.

El proyecto HB17-1230 no excluye la colaboración de Colorado con agentes federales en aquellos casos en los que se sospeche que alguien ha cometido un acto criminal, pero lo que pretende es “proteger a los ciudadanos de las extralimitaciones” del gobierno federal.

Y mientras Carr vio truncado su futuro político, Salazar confía que, por el contrario, su postura le permitirá llegar a ser el nuevo fiscal estatal de Colorado en 2018.

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