Juez federal sentenció que los departamentos de policía violan la Constitución cuando mantienen recluidos a retenidos a pedido de las autoridades de Inmigración

Un juez federal en Los Ángeles sentenció que los departamentos de policía violan la Constitución de Estados Unidos cuando mantienen retenidos a reclusos a pedido de las autoridades de Inmigración, lo que marca un claro revés para el plan que lleva adelante el gobierno de Donald Trump para identificar y deportar a inmigrantes que se encuentren en el país sin documentos, informó el diario Los Angeles Times.

La orden del juez Andre Birotte Jr., publicada el pasado miércoles, considera que la política que aplicaba el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles -ahora extinta- violó los derechos contitucionales de los presos que estaban bajo su custodia a petición de las autoridades fronterizas y de inmigración.

En un despacho de la agencia The Associated Press, se detalla en el fallo del juez Birotte Jr. que los inmigrantes fueron detenidos demasiado tiempo, se les negó la libertad bajo fianza o los encarcelaron a pesar de la falta de evidencia.

El fallo correspondió a un par de casos colectivos que fueron agrupados porque implicaban el uso de órdenes de detención giradas por autoridades migratorias para mantener arrestados a inmigrantes hasta 48 horas después del momento en que debían ser excarcelados con el propósito de que los agentes de inmigración pudieran llevárselos para deportarlos.

“Es un precedente importante para el resto del país donde las agencias policiales todavía hacen efectivas las órdenes de detención” migratorias, dijo la abogada Jennie Pasquarella, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), en el sur de California.

Birotte determinó que el Departamento del Sheriff violó los derechos de los detenidos consagrados en la Cuarta Enmienda, contra los allanamientos y confiscaciones ilegales, así como los arrestos arbitrarios.

“Los agentes no tenían causa probable de que los individuos estuvieran implicados en actividades delictivas, pero arrestaron a estos individuos con base en órdenes civiles de detención por motivos migratorios”, escribió Birotte. “Los agentes no tienen la autoridad para arrestar a individuos por infracciones civiles de inmigración”.

En un par de casos, los detenidos eran ciudadanos estadounidenses.

California ha aprobado desde entonces leyes que prohíben a las agencias policiales cumplir las solicitudes de detención, aunque el fallo afecta a miles de personas que fueron detenidas por la jefatura de policía más grande del país entre 2010 y 2014, las cuales podrían tener derecho a una compensación monetaria.

El condado Los Ángeles y muchos otros en California dejaron de cumplir las órdenes de detención giradas por autoridades de inmigración después del fallo de una corte federal de Oregon sobre el tema.

“Ésta es otra corte que se suma al coro y dice que estas acciones son ilegales, y es la primera vez que sucede en casos colectivos”, señaló Pasquarella.

La corte también determinó que, a causa de las órdenes de detención migratorias, la jefatura de policía también mantenía detenidos injustamente a inmigrantes que tenían derecho a fianzas bajas.

Una portavoz de la jefatura de policía dijo que la demanda presentada en 2012 implicaba prácticas del pasado.

“La jefatura de policía no detiene a ningún preso más allá de la fecha normal de excarcelación sin importar si existe o no una orden de detención valida del ICE”, dijo Nicole Nishida, en referencia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. “Esta ha sido la práctica ordinaria desde 2014”.

En el caso contra el ICE, Birotte concluyó que los agentes federales no podían emitir ninguna orden de detención de una persona detenida solo porque nació en otro país y carecía de un expediente de inmigración en las bases de datos federales.

Una instalación del ICE en el sur de California emite órdenes de detención por ese motivo, lo que podría afectar a ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero y a personas cuyos casos tienen errores tipográficos o de otro tipo, así como a extranjeros que ingresaron sin permiso en el país, señaló Pasquarella.

Los defensores de los inmigrantes habían solicitado que se declararan inconstitucionales todas las órdenes de detención que se basaron en búsquedas en las bases de datos, porque son poco fiables, dijo Jessica Bansal, directora de litigación en la Red Nacional de Organización de Jornaleros. Birotte dijo que el asunto necesitaría ventilarse en un juicio.

Un testigo en el caso a favor del ICE dijo que alrededor de un tercio de las búsquedas en las bases de datos proveen información incorrecta.

“Éste no fue el único problema con las bases de datos, pero fue el único que ofrecieron los testigos”, señaló Bansal. “Yo no recurriría a una base de datos que provea información incorrecta en tres de cada 10 veces para enviar a alguien a la cárcel”.

Los otros puntos que necesitan solucionarse en un juicio o en posteriores audiencias incluyen casos de inmigrantes a los que se impusieron fianzas elevadas y el sustento de otras órdenes emitidas por la agencia federal de inmigración.

Una portavoz del ICE dijo que la agencia no hace declaraciones sobre litigios en curso.

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