HB-318 una ley antinmigrantes

La semana pasada la legislatura de Carolina del Norte en Estados Unidos, decidió apoyar con 70 votos a favor y 43 en contra la iniciativa de Ley HB-318, que prohíbe el uso de la matricula consular como medio de identificación ante instancias gubernamentales, sólo hace válidos (para efectos de comprobar la residencia o el domicilio de la persona) documentos como el talón de cheques, recibo o comprobante de servicios básicos, el contrato de la renta de la vivienda y el recibo del pago de impuestos y detiene el uso de tarjetas municipales de identificación o aquellas creadas por organizaciones o condados. Esta ley expone: “ningún condado podrá tener en efecto una política, ordenanza o procedimiento que limite o restrinja la aplicación de las leyes federales de inmigración”.

Obliga además el cumplimiento del programa E-Verify; ley que desde el 1 de octubre de 2012 es aplicada y requiere que las empresas sólo contraten a personas que puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos, ya sean ciudadanos estadounidenses o ciudadanos extranjeros que cuente con la autorización necesaria y especifica: “es la mejor forma que tienen los empleadores de asegurar una fuerza laboral legal”.

A la par de la Ley HB-318 está la iniciativa de Ley HB-328 que desaparece las llamadas “ciudades santuario” aquellas donde la autoridad ha tenido cierta tolerancia con la comunidad inmigrante, permitiendo el uso de identificaciones consulares o emitidas por organizaciones.

Para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, particularmente para aquellos que radican en el estado de Carolina del Norte esta ley antinmigrante ha significado un atentado en contra de sus derechos y su dignidad como personas, pues aunque pareciera que tales acciones sólo buscan el cumplimiento mínimo de ciertos requerimientos de ley como la identificación, restringe las posibilidades de la comunidad para que pueda vivir tranquila y libremente; los deja indefensos y ante un panorama de persecución y miedo. En Carolina del Norte más de 230 mil personas carecen de un estatus migratorio.

En más de una ocasión hemos mencionado la real circunstancia por la que atraviesan miles de familias inmigrantes que son separadas en Estados Unidos tras una deportación. Se calcula que en los últimos ocho meses del año más de 14 mil personas han sido deportadas en Georgia, Carolina del Norte y del Sur. Para muchos sólo ha quedado preguntarse: si ya somos víctimas de ultrajes y menosprecios sólo por no contar con una regularización migratoria ¿qué nos espera con estas leyes antinmigrantes?

Senadores como Tom Apodaca han manifestado que la toma de decisiones sobre la aprobación o no de esta ley tiene que ver con un tema de seguridad pública y no, como en el ideal se buscaría, como un tema de derechos, al libre tránsito y a radicar en un país sin ser perseguidos, discriminados o excluido. En contra parte, políticos de la ideología republicana y que buscan el posicionamiento efectivo hacia el llamado “voto latino”, como la precandidata demócrata Hillary Clinton, han manifestado que “este proyecto de ley antiinmigrante claramente demuestra la influencia de Donald Trump en el Partido Republicano”. Y es que, de este gran temadel que penden miles y miles de familia se ha visto irremediablemente politizado entre personas, figuras, ideologías y partidos.

Tras la tercera lectura y aprobación de la iniciativa de Ley HB-318 decenas de grupos y organizaciones inmigrantes se han unido para pedirle al gobernador republicano de Carolina del Norte Pat McCrory que no sólo no firme la ley, sino que además la vete. Estos colectivos se han unido día con día, realizando colecta de firmas, marchas pacíficas y protestas frente a su residencia para que no vuelva una realidad esta ley antiinmigrante.

Como lo externa Xóchitl Hernández de la organización Inmigrantes Unidos NC (Carolina del Norte) y quien en conjunto con su grupo ha realizado desde los primeros meses del año labores de concientización e informativas entre la comunidad inmigrante en torno a esta propuesta de ley: “independientemente de esta legislación la lucha continua. Tenemos que hacerles saber que las personas pueden luchar por lo que quieren y tienen derecho a alzar la voz. No importa en qué lugar te encuentres del mundo lucha por tus derechos”. Por el momento la comunidad inmigrante sigue en pie de lucha. Unidos porque saben que si no lo hacen nadie más lo hará.

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