El Plan B de los activistas cobra fuerza tras el empate: que los hispanos voten en noviembre

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos aguardaban expectantes que la Corte Suprema de Justicia liberera, en junio, los programas DACA y DAPA que amparan de la deportación a unos 5 millones de indocumentados. Tras el empate de este jueves, se mantiene la incertidumbre y toma fuerza el plan B.

“Estamos conscientes que se trata de un fallo determinante para nuestra comunidad”, dijo a Univision Noticias Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, antes de la resolución de este jueves.

Antes del anuncio, que finalmente acabó en empate, así se veían las cosas: “Confiamos en que la Corte Suprema liberará DACA y DAPA. Y si lo hace, igual seguiremos adelante con el Plan B de la Acción Ejecutiva, que es llevar en noviembre a las urnas al mayor número posible de votantes hispanos para que sea nuestra comunidad la que decida quién será el sucesor del presidente Obama”, dijo Moreno. “En California ya contamos, hasta ahora, con al menos 4 millones de electores latinos, una cifra histórica”.

Ese es el plan B, dicen, después de un recorrido legal y político que tomó meses: elegir a un presidente que tome relevo a las intenciones de reforma migratoria del presidente Obama.

Los beneficios

La Acción Ejecutiva fue anunciada por Obama el 20 de noviembre de 2014 y frena las deportaciones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. Y amplía la Acción Diferida de 2012 para jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y que se conocen como dreamers (DACA, por su sigla en inglés).

Ambos grupos, además, podrán gestionar un permiso de trabajo renovable cada tres años.

La demanda

El 3 de diciembre de 2014, dos semanas después de anunciada la Acción Ejecutiva, un grupo de 26 estados encabezados por Texas demandó la medida argumentando que Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos, y que los programas DACA y DAPA violan la constitución porque el mandatario cambió una parte de la ley de inmigración sin consultarle al Congreso.

El 16 de febrero del 2015 el juez Andrew S. Hanen, de la corte de distrito de Brownsville, en Texas, dictó una medida cautelar que frenó las entrada en vigor de ambos programas. El Departamento de Justicia apeló la sentencia y en noviembre la corte de Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen y dejó la puerta abierta para que el gobierno le pidiera a la Corte Suprema que revise la sentencia, decisión que será conocida en junio.

Una muerte con consecuencias
Tras la muerte del magistrado Antonin Scalia, el pasado 13 de febrero, la Corte Suprema quedó con 8 magistrados y el Senado, controlado por los republicanos, no tiene planes de elegir al sucesor por lo menos hasta después de la elección de noviembre.

El voto decisivo sugerido por Escobar corresponde al del juez Anthony Kennedy, nombrado por el presidente Ronald Reagan en 1988 y que en las tres últimas decisiones abandonó el banquillo conservador para votar a favor de la Ley de Salud del presidente Obama (fue el quinto voto), escribió la sentencia que eliminó tres de los cuatro argumentos demandados de la polémica ley migratoria de Arizona SB 1070, y fue quien el voto que defendió el matrimonio entre personas del mismo sexo el año pasado.

De los 26 estados demandantes de la Acción Ejecutiva, 24 son gobernados por republicanos.

“Sin fundamentos”
En Washington DC Frank Sharry, director ejecutivo de America`s Voice, reiteró a Univision Noticias que “el presidente Barack Obama actuó dentro de los parámetros constitucionales” al tomar la Acción Ejecutiva migratoria, y dijo que tanto los 26 estados demandantes como el juez Hanen actuaron en respuesta a una “clara agenda política antiinmigrante”.

“Seguimos confiados en que el máximo tribunal de justicia reconocerá que el estado de Texas, que encabeza la demanda que ha frenado la Acción Ejecutiva, no tiene fundamento jurídico para retar la legalidad de dichas medidas, y que al girar las directrices el presidente no violó su deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales, en este caso inmigración”, agregó Sharry.

United We Dream tampoco se ha quedado con los brazos cruzados esperando la resolución. “Seguimos diciéndole a los jóvenes que califican que apliquen al DACA de 2012 porque sigue vigente”, dijo Cristina Jiménez, directora ejecutiva de la organización. “Sólo en 2016 hay alrededor de 90,000 jóvenes que califican por primera vez y que tienen edad para inscribirse en el programa”, dijo.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración señala que el programa DACA protege a 1.2 millones de jóvenes indocumentados desde que fue implementado en junio de 2012.

“También estamos previniendo a la comunidad de las estafas, aconsejándolos para que se informen y no hagan nada todavía hasta que ocurra el fallo, y el gobierno y las organizaciones digan qué deben hacer para pedir el amparo de las deportaciones y un permiso de trabajo”, concluyó.

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