El condado de Clark y Nevada se defienden por no entregar indocumentados

El condado de Clark y dirigentes del estado donde se asienta, Nevada, se defienden después de que este lunes el Gobierno del presidente Donald Trump les señalase como el condado que más indocumentados dejó libres a pesar de la solicitud de detención prolongada por parte de Inmigración.

La Policía Metropolitana de Las Vegas consideró que el Gobierno les muestra “injustamente” como una “jurisdicción no cooperativa”, cuando participa desde hace años en el programa 287(g), por el cual los agentes locales revisan la situación migratoria de los detenidos y que Trump reactivó para aumentar las deportaciones.

Es más, Michael Rodríguez, vocero de la Policía de Las Vegas, principal ciudad del condado de Clark, asegura que desde enero pasado 99 reclusos han sido entregados a ICE, lo que demostraría su buena disposición a colaborar con las autoridades federales.

En esa lista del Gobierno aparecen inmigrantes acusados o condenados por cometer diferentes tipos de delitos y una decena de jurisdicciones que no entregaron a indocumentados, y el condado de Clark, al sur de Nevada, la encabeza.

El mismo documento indica que 3.083 órdenes de detención fueron emitidas entre el 28 de enero y el 3 de febrero, y que de los 157 arrestos que no se ejecutaron en esos 10 condados, 51 correspondieren al condado de Clark.

El Gobierno federal indicó que la publicación de esta lista obedece a su interés de entregar un reporte a la ciudadanía sobre las acciones de sus organizaciones locales.

Esta forma de presión se suma a la amenaza de posibles represalias en forma de recortes de fondos federales a las consideradas jurisdicciones “santuario”, que rechazan colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en áreas de competencia federal, como extender la detención de indocumentados para que agentes migratorios puedan detenerlos para su deportación.

Para el asambleísta de Nevada Edgar Flores el asunto no es tanto de rechazar la colaboración con ICE sino de administración de recursos.

“La Legislatura de Nevada ha sido muy clara en sus esfuerzos por proteger los recursos del estado, y en no usar recursos para ayudar a Inmigración”, dijo a Efe.

En opinión de Flores, la publicación de este listado es una “manera de presionar al estado”, aunque lo que realmente pone de manifiesto, apuntó, es que están en lo cierto cuando aseguran que “no hay recursos para ayudar a ICE”.

María Teresa Liebermann, subdirectora del grupo progresista Battle Born Progress, apuntó que, aunque se trate de una manera de intimidar a las ciudades, condados y estados que han decidido proteger a sus comunidades, Nevada, sus ciudadanos y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes están preparados para enfrentar cualquier tipo de represalia que pueda venir de Trump.

“Creo que nuestros legisladores están preparados para tomar el riesgo y poner leyes estatales para tratar de limitar el efecto del recorte de recursos federales. Muchos de nuestros republicanos, como el mismo gobernador (Brian) Sandoval, no van a estar felices si hay recorte de fondos, y nosotros vamos a fortalecernos aún más”, dijo.

La amenaza de recortes de fondos federales parece no preocupar de manera especial a legisladores estatales de Nevada, y la asambleísta demócrata Olivia Díaz aseguró a Efe que “el condado de Clark aceptó ser parte del programa 287(g), y recibe 1,9 millones de dólares al año, es decir, apenas el 2 % del presupuesto anual de la Policía Metropolitana”.

Díaz no se quedó ahí y contraatacó al asegurar que si Trump dice que no están cumpliendo su parte en relación al 287(g) “también quiere decir que no estamos obligados a ejecutarlo”.

Flores y Díaz coinciden en que ningún legislador, ni mucho menos las autoridades locales, están en contra de que se detengan y presenten ante la justicia a los individuos que cometan delitos, pero que seguirán apoyando a los departamentos de policía del estado que luchan por proteger sus recursos para seguir haciendo su trabajo.

Y eso pasa, indicaron, por ofrecer seguridad a los residentes de Nevada y no el de convertirse en un brazo ejecutor de ICE.

El condado de Clark y el resto de jurisdicciones que figuran en el listado del Gobierno recibieron hoy el apoyo de la congresista federal Michelle Luján Grisham, presidenta del Caucus Hispano, que consideró un “error” que la Administración Trump quiera obligar a departamentos de policía local a ejercer funciones de Inmigración.

“Los alcaldes y jefes de policía, y no un político en Washington, deben decidir cómo las agencias locales de aplicación de la ley dan prioridad a los recursos limitados”, consideró.

Luján recordó además que entre los detenidos para su deportación hay personas con “infracciones de tráfico tan inocuas como las luces traseras quebradas y el exceso de velocidad”, lo que supone aplicar una “política que otorga licencia para deportaciones masivas “.

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