DREAMers demandan a universidades de Georgia por negarles colegiatura como residentes

El Fondo Mexico-Americano de Defensa Legal y Educacional (MALDEF, por sus siglas en inglés) presentó lademanda en el tribunal federal, en nombre de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes y dos estudiantes universitarias, Lorena Guillén y Karla López, quienes se graduaron en escuelas secundarias de Georgia y viven en el estado, pero a quienes el Perimeter College de la Georgia State University les exige pagar matrícula no estatal, la cual es más elevada.

Guillén, plantea la demanda, está “legalmente presente en Estados Unidos y tiene autorización federal para trabajar” en virtud del DACA, y está evaluando dejar la universidad porque no puede costear la colegiatura como no residente.

López, por su parte, también está presente en el país bajo las mismas condiciones que Guillén, estudia pre médica y quiere ser doctora en medicina, pero sus estudios se van a atrasar porque sólo puede pagar pocos créditos por semestre debido a que también es considerada no residente.

Los demandados son los miembros de la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia, y dos docenas de presidentes de universidades del estado.

Charlie Sutlive, vocero del sistema, no quiso formular declaraciones sobre la demanda.

Una política del gobierno de Barack Obama implantada en 2012, la Acción Diferida, o DACA, concedió permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos a jóvenes que llegaron al país sin autorización cuando eran niños, siempre y cuando cumplieran con determinados requisitos.

El Sistema Universitario de Georgia requiere que todo estudiante que quiera demostrar residencia estatal para propósitos de matrícula verifique su “presencia legal” en el país. La Junta de Regentes ha dicho que los estudiantes con DACA no cumplen con ese requisito.

La demanda sostiene que la política es suplantada por la ley federal de inmigración y que por lo tanto viola la cláusula de supremacía de la Constitución nacional. La demanda dice que viola, además, la garantía constitucional de igual protección ante la ley porque niega matrícula estatal sin una justificación constitucionalmente válida.

“En una era donde tantos supuestos líderes atacan maliciosamente a los esforzados trabajadores inmigrantes para contribuir al éxito del futuro de nuestra nación, esta política universitaria de Georgia es la antítesis de los propios intereses del estado”, afirmó el presidente y asesor legal de MALDEF, Thomas Sáenz, en una declaración de prensa.

“La política es también ilegal, y esta demanda promete reabrir las puertas de la educación superior a algunos de los mejores y más brillantes estudiantes del estado”.

La demanda solicita a un juez que declare ilegal la política universitaria y prohíba su aplicación. También busca indemnización por daños económicos sufridos por las dos estudiantes y el grupo de derechos de los inmigrantes, como también el reembolso de la matrícula y otros costos.

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