Crece rechazo a programa federal de deportaciones en Carolina del Norte

Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte lanzó una campaña para que las oficinas de los alguaciles no participen en el polémico programa federal 287(g).

“El objetivo es que las policías locales no estén haciendo el trabajo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y se conviertan en agentes del servicio de inmigración, algo que sólo le compete al gobierno federal”, dijo a Univisión Noticias Yolanda Zabala, coordinadora del Comité Popular Somos Raleigh.
El programa 287(g) faculta a las policías locales (estatal y municipal) actuar como agentes del servicio de inmigración en el arresto de extranjeros indocumentados o sin permiso de permanencia legal en el país.

El 287(g) es una sección de la Ley de Inmigración (INA, por su sigla en inglés), vigente desde 1996, que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) alcanzar acuerdos con las policías locales para controlar la inmigración indocumentada en casos excepcionales.

“Estamos trabajando con el gobernador de Carolina del Norte para que nos escuche y anuncie que las policías del estado no participarán en este programa”, dijo Zabala. “Y al mismo tiempo pedirle a los alguaciles que usen la discreción y no colaboren con el gobierno en la detención de indocumentados que luego son deportados”.

Poderes extraordinarios

El programa otorga poderes extraordinarios a los agentes locales para verificar el estatus migratorio de los detenidos aunque sea por delitos menores. Si se descubre que se trata de indocumentados, la policía local los entrega a ICE y son puestos en proceso de deportación.

Zabala dijo además que el programa 287(g) no garantiza el debido proceso, separa a las familias y en muchos casos las personas deportadas no tienen antecedentes criminales que pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

ICE responde que desde el 20 de noviembre del 2014 sus operaciones se basan en la lista de prioridades de deportación anunciadas por el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, el mismo día en que el presidente Barack Obama dio a conocer la Acción Ejecutiva que incluye los programas DACA y DAPA.

• Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);

• Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014. Aquí se incluye a los migrantes centroamericanos);

• Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel; y,

• Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

Deportaciones de Obama

En lo que va de los dos mandatos de la Administración del presidente Barack Obama ICE ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados y más del 41% de ellos no tenía antecedentes criminales.

Durante el año fiscal 2015, ICE deportó a 235,413 indocumentados una cifra inferior en un 42% a la registrada en 2914 cuando fueron expulsados 315,943 extranjeros.

La cifra equivale a 644 deportados diarios, 26 cada hora.

El 41% de los deportados el año pasado (96,045) no tenía antecedentes criminales confirmó ICE a Univision Noticias.

Los deportados proceden de 181 países y la mayoría de ellos, 146,132, son mexicanos. Otros 33,249 son guatemaltecos, 21,920 salvadoreños, 20,309 hondureños, 1,946 dominicanos, 1,305 ecuatorianos y 1,154 colombianos.

Suman esfuerzos

Además del Comité Popular Somos Raleigh, la campaña la integran el Centro de Justicia, la Red del Sureste Unidos por los Derechos de los Inmigrantes, El Pueblo y la Red Nacional de Jornaleros.

El programa 287(g) se activó en Carolina del Norte en mayo de 2006 en Charlotte y un año después en el condado de Wake. Actualmente funciona en los condados Cabarrus, Gaston, Henderson, Mecklenburg y Wake.

“Vamos a intentar que el mayor grupo posible de organizaciones se sumen a este esfuerzo para detener el programa 2987(g)”, dijo Zabala. “Y también que paren las redadas de ICE”.
El programa federal fue activado en 2003 y faculta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establecer acuerdos con las policías locales para que sus agentes actúen como agentes de inmigración y ayuden en la tarea de vigilar y controlar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

A mediados de 2002 el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft (bajo cuyo mando se encontraba el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-), anunció que activaba la dormida sección y que, además, agregaba a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) los nombres de unos 640 mil indocumentados con orden final de deportación y que decidieron quedarse en Estados Unidos.

La permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil no criminal.

Desde que fue activada la sección, organizaciones pro inmigrantes han pedido al gobierno federal que cancele la activación para evitar los daños que causa a la comunidad inmigrante.

Se estima que sólo un 9% del conjunto de detenciones de ICE bajo la Sección 287(g) afectan a inmigrantes con un historial criminal catalogado como de máximo riesgo para la seguridad pública. El resto corresponde a extranjeros cuya única falta fue permanecer sin papeles en el país.

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR) ha dicho que “sin blancos fijos y con medidas que no garantizan un trabajo de investigación criminal efectivo, ICE no puede asegurar que el programa 287(g) cumple su propósito”.

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