Congresista estatal propone convertir a Nuevo México en un estado santuario

La representante estatal demócrata Patricia Roybal Caballero propuso este mes convertir a Nuevo México en un estado santuario, mediante un proyecto de ley que prohibiría el uso de recursos estatales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Su propuesta —llamada HB 116 y presentada en la Cámara de Representantes de Nuevo México el 14 de enero— prohibiría el uso de fondos, equipo, personal o recursos estatales para detectar o detener a personas cuya única violación de ley consiste en una falta migratoria. La medida también prohibiría que las agencias de Nuevo México reciban fondos y otros recursos federales para detener a indocumentados.

“Ahora que tenemos una amenaza a los valores de nuestro estado en la Casa Blanca, debemos hacer todo lo posible para mantener a nuestras familias juntas y fuertes”, dijo la congresista estatal.

La propuesta aún no cuenta con coauspiciadores, aunque los demócratas controlan ambas cámaras de la legislatura estatal. De ser aprobada, la medida podría ser rechazada por la gobernadora Susana Martínez, quien es republicana y se ha opuesto a la idea de que Nuevo México sea un estado santuario.

“Aunque no hemos revisado la legislación, la posición de la gobernadora en este asunto ha sido clara siempre”, dijo Michael Lonergan, vocero de la gobernadora.

Martínez canceló en 2011 una orden ejecutiva que en práctica convertía a Nuevo México en un estado santuario, pues ordenaba que los agentes de seguridad no le hicieran preguntas sobre su estatus migratorio a las personas que detenían.

Al reemplazar esa medida, Martínez sometió una nueva orden ejecutiva, pidiendo a los agentes de seguridad en Nuevo México que sí averiguaran el estatus migratorio de los detenidos, y que además reportaran cualquier información a las autoridades federales de inmigración.

Sin embargo, la republicana protegió con su orden a miembros de la comunidad, al ordenar que los agentes no preguntaran sobre el estatus migratorio de víctimas de crímenes, testigos, o cualquier otra persona buscando ayuda de las autoridades o reportando un crimen.

“No se trata de inmigración — se trata de seguridad pública”, dijo Lonergan.

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que en Nuevo México viven unos 85,000 inmigrantes indocumentados, según un análisis de 2014 del Pew Research Center.

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